El Consejo de la Magistratura resolverá mañana citar al camarista Juan Carlos Gemignani por faltas disciplinarias

La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación fue convocada mañana a una reunión extraordinaria para tratar el dictamen acusatorio contra el actual presidente de la Cámara de Casación Penal, Juan Carlos Gemignani, por "faltas disciplinarias" en su actuación como magistrado.

El proyecto fue elaborado por la senadora radical Inés Brizuela y Doria y empezó a circular el viernes entre los integrantes de la Comisión de Acusación, que preside el senador justicialista Miguel Angel Pichetto. Propone citar a Gemignani por el artículo 20 del Reglamento de este cuerpo, que establece los pasos del proceso de acusación contra un magistrado. Según pudo saber Infobae, se reunirían los votos necesarios para su aprobación.

Puntualmente, se lo imputará por "falta de consideración y el respeto debido a otros magistrados, funcionarios y empleados judiciales", "actos ofensivos al decoro de la función judicial" y "negligencia en el cumplimiento sus deberes, así como de las obligaciones establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional". La sanción prevista va desde la advertencia y el apercibimiento, hasta una multa que puede alcanzar el 50% de sus haberes por única vez.

El expediente se abrió en 2016 por una denuncia del secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), Julio Piumato, en el que se lo acusa a Gemignani "de abuso de poder al ordenar –de forma claramente indebida e ilegítima, haciendo un uso excesivo de su investidura y del hecho de estar ejerciendo la Presidencia de la Cámara- la detención e incomunicación de la prosecretaria de la Sala I de ese cuerpo, María Amelia Expucci", por no haber obedecido la orden de realizar un inventario de las cajas con equipamiento depositadas en la sala de audiencias del Tribunal.

Además, se le atribuyó al camarista haber amenazado a los empleados y funcionarios presentes, aduciendo que cualquier otro que, a su criterio, entorpeciera su orden, también sería detenido.

UEJN calificaba el comportamiento de Gemignani como un "acto extremo de violencia laboral contra una funcionaria judicial de menor jerarquía, cuya salud psicofísica ya se ha visto severamente afectada a raíz del episodio", así como una violación a la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres. Expucci ya no trabaja más en los Tribunales de Comodoro Py.

Si bien la denuncia pedía su remoción por "mal desempeño", esta alternativa fue descartada en el proyecto del dictamen de la consejera Brizuela y Doria. En esta decisión, se habría tenido en cuenta el contexto en el que desarrollaron los hechos, que haya sido "una conducta aislada", y que Gemignani fue sobreseido en sede penal por este episodio.

Qué implica la citación

La citación es la instancia en la que el magistrado convocado por la Comisión de Acusación puede defenderse y argumentar contra las imputaciones que se le hacen. Tiene la opción de comparecer o presentar un escrito, y es equiparable a una declaración indagatoria en una causa judicial.

Consultado por Infobae, Gemignani sostuvo que, en caso de ser citado, "va a evaluar con su abogado" si concurre o presenta un escrito, "en función de lo que resulte más clarificador de acuerdo a las fortaleza jurídica de los argumentos".

El proceso acusatorio contra un juez en el Consejo de la Magistratura es una intancia distinta a la de la Justicia. Se trata de determinar su responsabilidad política, y evaluar si corresponde una sanción disciplinaria o la apertura de un juicio político que termina con su remoción. Los causales son la falta de idoneidad profesional, ética y moral exigida a un juez. No se requiere probar un delito, ni contempla sanción penal.

Como la denuncia del gremio fue presentada el 24 de agosto de 2016, y hasta ahora no había prosperado en la Comisión de Acusación, si no hay avances en el trámite, al cumplirse tres años, es desestimada. El plazo se vence en julio próximo.

Nuevo episodio

En la anterior conformación del Consejo, ya se había intentado imputar a Gemignani y citarlo por el artículo 20 por este mismo hecho – también encuadrado en una cuestión disciplinaria-, pero no prosperó.

¿Qué cambió ahora? En los pasillos del Consejo sostienen que "se sumó el episodio Catucci". En la reunión de acuerdo de la Cámara de Casación del 26 de marzo, Gemignani, echó a los gritos a la camarista Liliana Catucci acusándola de estar en connivencia con un policía sumariado, y enojado por la no designación de una funcionaria cercana a él en un cargo de mayor jerarquía, según relataron testigos del episodio. El magistrado negó, sin embargo, haber levantado la voz,  y aseguró que la decisión de pedirle a Catucci que se retirara fue conjunta con sus colegas.

Este nuevo enfrentamiento con una magistrada le valió una ampliación de denuncia por parte de la UEJN, que ingresó al Consejo el mes pasado. Se sumó a una presentación de los integrantes de la Cámara de Casación al Consejo. para que este organismo determine si existió una inconducta por parte del camarista.

Los hechos por los que se lo acusa

El 28 de julio de 2016 –durante la feria judicial de invierno – Gemignani, en su carácter de presidente interino de la Cámara de Casación, le solicitó a Expucci, prosecretaria la Sala I de ese cuerpo, que haga un inventario de las cajas con equipos y mobiliarios que estaban arrumbados en la sala de audiencias del Tribunal. Su contenido eran plasmas y computadoras del plan "Argentina Conectada" del Ministerio de Planificación Federal.

La secretaria puso reparos a cumplir con la orden y solicitó que se le informase en el marco de qué causa se había ordenado ese inventario, si la feria judicial se había habilitado a ese efecto y si se habían convocado testigos. También pidió avisarle al camarista Eduardo Riggi -su superior inmediato- para obtener su autorización porque entendía que esa tarea excedía  sus funciones.

Gemignani entendió esa respuesta como una desobediencia, le ordenó a dos policías que la detengan y presentó una denuncia penal contra la funcionaria por "incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

Expucci estuvo detenida e incomunicada por una hora y media en una garita en las cocheras de los Tribunales de Comodoro Py, hasta que el juez federal de turno, Marcelo Martínez de Giorgi, dispuso su libertad.

Este magistrado, en consonancia con lo que dictaminó el fiscal Juan Pedro Zoni, sobreseyó a la secretaria por entender que solo habido una desobediencia a una orden administrativa, y que ese delito no implicaba pena prisión, por lo que no cabía la aplicación de la figura de flagrancia.

El descargo de Gemignani

Este pronunciamiento de Martínez De Giorgi fue objetado por Gemigniani tanto en sede penal, como ante el Consejo. Según su punto de vista, Expucci habría cometido el delito de "atentado y resistencia contra la autoridad", que tiene una pena de 15 días a un año.

En el proyecto de dictamen que se votará mañana se rebate este argumento al sostener que, aún en el caso de que Gemignani hubiera creído Expucci estaba cometiendo "un delito flagrante" -que ameritaba su inmediata detención por parte de efectivos policiales sin orden judicial-, "carecía de competencia material" para dictar esa orden como juez de la Cámara de Casación, y que bastaba con informar al juez federal de turno para que dispusiera las medidas necesarias. Asimismo, se destaca que la negativa de la prosecretaria a cumplir su orden no obstaculizó el inventario de bienes que buscaba realizar.

Sin embargo, Gemignani insistió en que debía tenerse en cuenta que él ordenó el inventario porque consideraba que los equipos y mobiliario depositados en la sala de audiencias eran "producto del delito de cohecho o malversación dolosa". Sostuvo que habían sido donados "en forma irregular" por un funcionario del Poder Ejecutivo -Julio De Vido, entonces ministro de Planificación- al Poder Judicial, y recibidos "sin la debida autorización" por su colega de la Cámara de Casación, Ana Figueroa, a la que denunció por ese hecho, junto al ex ministro.

El camarista interpretó en su descargo que la actitud de Expucci "no se trató de una desobediencia típica y flagrante, sino que se ajustó a su compromiso con un hecho ilícito más grave", en relación a una posible dádiva en la que estaba involucrado De Vido.

En diálogo con Infobae, el actual presidente de Casación volvió a defender su actuación, por entender que la prosecretaria había "desautorizado una orden" e "intentado encubrir" la existencia de esos bienes por lo que él, como funcionario judicial, estaba "obligado a proceder a la aprehensión de la persona que está cometiendo un delito y ponerla a disposición del juez de turno". Eso fue -lo que según él- hizo. También destacó que nunca ordenó que quedara incomunicada.

Asimismo lamentó que, en su denuncia "por dádivas, peculado, y malversación de caudales públicos por los bienes que remitió De Vido a la doctora Figueroa, la Cámara Federal le solicitó a Martínez Di Giorgi que los investigue, hace más de un año y el juez no hace nada". En el expediente, el ex ministro fue sobreseido, pero esa decisión fue revocada por la Cámara luego de la apelación de la Oficina Anticorrupción.

Acumulación de expedientes

Martínez De Giorgi no solo sobreseyó a Expucci del posible delito de encubrimiento por el que la denunció Gemignani, sino que entendió que lo que sí merecía ser investigado era la actuación del propio camarista, por lo que remitió copia de la causa al Consejo de la Magistratura.

En paralelo, Expucci denunció a Gemignani por "privación agravada de la libertad". En este expediente, la fiscal Paloma Ochoa consideró que la orden de detención "excedió arbitrariamente el ejercicio de las funciones propias de su competencia" y lo encuadró en el delito previsto en el artículo 144 bis del Código Penal, que prevé una pena de uno a cinco años de prisión para el funcionario "que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, prive a alguien de su libertad personal". Asimismo, también envió copia de la causa al Consejo de la Magistratura para que investigue a Gemignani.

Bajo esta acusación, Ochoa pidió la indagatoria del camarista, pero nunca llegó a concretarse porque Gemignani la recusó y pidió su sobreseimiento. La Sala I de la Cámara Federal lo sobreseyó el 13 de agosto del año pasado, antes de que el juez de primera instancia, Rodolfo Canicoba Corral, completara la instrucción y citara al magistrado denunciado.

La Cámara consideró que el camarista "no tuvo el propósito de abusar de su poder" al ordenar la detención de Expucci, sino que actuó con "un aparente exceso no intencional en la creencia de que estaba cumpliendo con su deber", y descartó que Gemignani hubiese obrado dolosamente con el fin de privarla ilegítimamente de la libertad. Sin embargo, dispuso la intervención del Consejo ante una posible inconducta.

En esta causa, llamativamente, el 9 de abril último, Canicoba Corral procesó sin prisión preventiva a los dos policías que intervinieron en la detención de Expucci. Los acusó del delito de privación ilegal de la libertad y, a su vez, envió copia de esa resolución al Consejo para que la incorpore al expediente abierto contra Gemignani.

Pedido de desestimación

En sus dos descargos escritos ante el Consejo, el camarista defendió su proceder y negó que pudiera caberle la aplicación de la ley de Protección Integral de violencia contra las Mujeres. "La conducta que realicé no implicó ni abuso de poder, ni violencia laboral de ninguna naturaleza, y menos aún tuvo origen en cuestión de género alguna", señaló.

"Sin perjuicio de estar convencido que actué conforme a derecho, si se llegara a entender lo contrario, dado que no estamos en presencia de una ciencia exacta, ello no puede conducir a sanción alguna, puesto que de lo contrario, los jueces -aún equivocados- se encontrarían expuestos a su destitución por el contenido de sus fallos o de sus decisiones", concluyó en el escrito al que accedió este medio.

Tras recordar que no tuvo ninguna sanción antes como magistrado, pidió que se desestime la denuncia.

Nuevas presentaciones por Catucci

Al expediente abierto por la detención de la secretaria, se le agregó el 22 de abril último una ampliación de la denuncia del gremio de los Judiciales por el trato de Gemignani hacia la camarista Catucci. Fue luego que se conociera que la echó "indebidamente" -y a los gritos- de la reunión de acuerdo del 26 y el 28 de marzo, según dejaron asentado por escrito sus colegas de Casación.

El secretario general de la UEJN calificó este nuevo hecho como "una manifestación más de desprecio y violencia hacia las mujeres" por parte de Gemignani, y reiteró el pedido remoción por "abuso de autoridad, abuso de poder y violencia de género".

Si bien inicialmente se agregó al expediente que lleva la consejera Brizuela y Doria, en la reunión de la Comisión de Acusación del jueves pasado se votó su desglose y trámite por separado. Esto implicó que no le corren los tres años para su vencimiento, como a la denuncia original de la UEJN por la orden de detención contra la secretaria.

El hecho relacionado a Catucci fue a su vez analizado por la Cámara de Casación Federal. Seis de sus integrantes propusieron remover a Gemignani de la presidencia de este Tribunal  por considerar que "no reúne las condiciones para representar a ese cuerpo y ejercer adecuadamente el gobierno de la jurisdicción".

La otra mitad votó por exhortar al magistrado a evitar comportamientos como el que tuvo con Catucci, quien fue "indebidamente excluida por decisión del Sr Presidente, quien se dirigió a la mencionada magistrada en términos inapropiados y con señalamientos de haber incurrido en conductas irregulares".

En simultáneo se acordó comunicar la decisión al Consejo de la Magistratura, tal como lo dispone el artículo 3º del Reglamento de la Comisión de Acusación que establece que los Tribunales de Superintendencia deben informar al Consejo de una falta disciplinaria por parte de un magistrado o causal de remoción. Finalmente, con el desempate del presidente de Casación, Carlos Mahiques, prevaleció esta última opción.

A partir del escrito enviado por los miembros de Casación al Consejo el 15 de abril pasado, se formó una nueva denuncia que fue sorteada y asignada al consejero juez Alberto Lugones. Es muy factible que la ampliación de la denuncia de Piumato por el hecho de Catucci se acumule con esta última.