La Suprema Corte de Turks and Caicos, el paraíso donde Daniel Muñoz invirtió parte de la fortuna ilegal que consiguió mientras era secretario de Néstor Kirchner, embargó e inmovilizó la propiedad frente al mar cuyo valor estimado supera los 30 millones de dólares.
En una de las derivaciones el caso judicial que se inició a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno se logró determinar que Muñoz –receptor primario de los bolsos repletos de dinero provenientes de coimas– había hecho inversiones en el exterior. Se había seguido la ruta del dinero hasta la compra de propiedades en Estados Unidos. Luego había pocas pistas de hacia dónde había ido la millonaria suma en dólares que después de muerte de Muñoz fue manejada por su viuda Carolina Pochetti y otras personas.
Carlos Gellert, primo de Pochetti, fue el primer arrepentido de la derivación del caso Cuadernos que confesó que parte de los millones que Muñoz obtuvo gracias a la corrupción durante kirchnerismo estaba en Turks and Caicos. Gellert había declarado ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo que una importante inversión se había realizado en el archipiélago y dio detalles de la operación.
Luego de la confesión de Gellert fue la propia Pochetti la que indicó que parte de la fortuna obtenida ilegalmente estaba invertida en un emprendimiento en Providenciales en el oeste del archipiélago que es un territorio de ultramar dependiente de Gran Bretaña. La viuda de Muñoz ubicó sin poder precisar exactamente las tierras adquiridas frente al océano Atlántico, cerca del lujoso resort Aymanara. Los arrepentidos nombraron las sociedades con las que se hizo la inversión en Turks and Caicos: Marble Hill Ltd y Woodhaven Ltd.
De la maniobra participaron Pochetti, Gellert, el abogado Miguel Plo, su hija María Jesús Plo y el marido de ésta, Federico Zupicich. Las sociedades Marble Hill y Woodhaven están presididas por el mexicano Isaac Esparza Hidalgo quien fue colocado en esa posición por pedido de Gellert.
Y también está involucrado Sean Lawrence Sullivan, un estadounidense que obtuvo los fondos para realizar ese tipo de inversiones. De la maniobra, según la investigación judicial argentina, participó un estudio de abogados de Turks and Caicos llamado Karam & Missick. Uno de los socios de ese estudio, Anthony D´Aniello, quien viajó hace unos años a Buenos Aires para encabezar las negociaciones, fue detenido en Dubai debido a la orden de captura que el juez Claudio Bonadio, a cargo de la investigación, les dictó a todos los que intervinieron en la maniobra.
El otro abogado que participó de la operación, el canadiense Peter Michael Karam, está en Turks and Caicos y se presentó en la causa y estudia colaborar con la justicia argentina.
El juez Bonadio envió exhortos a Turks and Caicos para que las autoridades de aquel país identificaran la propiedad e inmovilizaran los bienes con el fin último de recuperar el dinero para la Argentina. El pedido incluyó los nombres de las sociedades y una ubicación aproximada de las tierras que compraron Muñoz/Pochetti.
La Unidad de Información Financiera (UIF) que previene el lavado de dinero en la Argentina aportó información de inteligencia fiscal que contribuyó a desentrañar el esquema societario utilizado por Muñoz/Pochetti y detectar los movimientos de dinero realizado una vez que vendieron las propiedades que habían comprado en Estados Unidos.
La Procuración General de Turks and Caicos recibió la solicitud de Bonadio a principios de año. Respondió que necesitaba precisiones al tiempo que comenzó a rastrear las sociedades para identificar la propiedad adquirida frente al mar.
Fue la Procuración General de las islas en representación del pedido de la justicia argentina la que, luego de identificar la parcela adquirida, le solicitó a la Suprema Corte de Turks and Caicos que embargara e inmovilizara lo comprado por Muñoz/Pochetti.
Esa decisión-confirmada a Infobae por fuentes judiciales- se tomó a principios de marzo pasado y la Suprema Corte notificó de la prohibición de disponer de ese bien a la compañía Hardwork Development Limited –que sería la que consolidó la inversión-bajo apercibimiento de ser castigada. Lo resuelto por la Suprema Corte de las islas y fue comunicado a través de la Cancillería a las autoridades judiciales argentinas los primeros días de abril.
El congelamiento de la propiedad por parte de la Suprema Corte de Turks and Caicos respalda los testimonios que dieron los arrepentidos y además abre la puerta para un futuro decomiso de los bienes millonarios obtenidos gracias al esquema de corrupción que fue confirmado en la investigación iniciada a partir de los escritos de Centeno.
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