El fiscal Picardi pidió el procesamiento de empresarios y ex funcionarios en el caso por el soterramiento del Sarmiento

Para el fiscal federal Franco Picardi, quien interviene en la investigación judicial por el negociado en el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, no quedan dudas: está probado que los empresarios pagaron coimas a los funcionarios del kirchnerismo para llevar adelante la millonaria obra pública aún inconclusa.

El fiscal apeló hoy la decisión de la semana pasada del juez Marcelo Martínez De Giorgi quien, entre otras cosas, había determinado que a los empresarios de las firmas que obtuvieron originariamente el contrato -Iecsa, Ghella Comsa y Odebrecht- les correspondía una falta de mérito porque no se había probado el pago de coimas.

Frente a aquella decisión del juez, la apelación de Picardi sostiene que los empresarios, entre los que se encuentra Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, deben ser procesados por el delito de cohecho.

Para Picardi está probado en la causa que los integrantes de las firmas Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa pagaron coimas. Por eso pidió el procesamiento por cohecho activo de Calcaterra y de Santiago Ramón Altieri,  Mario José Blanco, Lorenzo Ghella, Riccardo Dina, Gianvincenzo Coppi, Mario Cenciarini, Alejandra Kademián, Manuel España, Diego Alonso Hernández, Pablo Guillermo Previde, Augusto Adur, Juan Ramón Garrone, Roberto Fabián Rodríguez y Diego Luis Pugliesso.

El fiscal también apeló los procesamientos dictados por Martínez De Giorgi contra los empresarios Héctor Javier Sánchez Caballero (IECSA) y Héctor Ramón Castro (COMSA) a los que el juez había considerado como responsables del delito de ofrecimiento de dádivas a un funcionario público. Picardi considera que deben ser procesados por cohecho activo.

En su apelación de más de 500 páginas, el fiscal aseguró que en la causa está probado que los integrantes de las empresas del consorcio ganador de la licitación para soterrar el  Sarmiento pagaron sobornos a funcionarios públicos del ministerio de Planificación Federal que encabezó  Julio De Vido, para lograr la adjudicación y continuidad de la millonaria obra pública. El comienzo de la maniobra delictiva se dio con el direccionamiento de la licitación en acuerdo entre ex funcionarios y empresarios.

En la extensa apelación, Picardi también solicitó que se embarguen las empresas Odebrecht y Ghella por la suma de 300 millones de pesos, la firma Comsa por 100 millones de pesos y a Calcaterra (por la venta de las acciones mayoritarias de Iecsa) por la suma de 249 millones de pesos.

Según describió el fiscal hubo dos etapas de pagos de sobornos.

La primera fue antes de la adjudicación, en la que se logró determinar que las firmas Iecsa y Comsa realizaron pagos indebidos al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime, vía una consultoría inexistente. Esos pagos se canalizaron a través de la empresa fantasma Caesa de Manuel Vázquez, histórico testaferro y hacedor de negocios sucios de Jaime. En aquella ocasión, según el fiscal, los pagos ascendieron a casi un millón de pesos.

La segunda etapa comenzó una vez adjudicada la obra y el sistema de pagos se perfeccionó ya que –tal como consta en la investigación judicial- se utilizaron empresas offshore para mover el dinero. Se estableció en la causa judicial que casi cinco millones de dólares fueron enviados al Principado de Andorra. El vehículo fue –según explicó Picardi- un contrato ficticio entre las cuatro firmas ganadoras de la licitación y la empresa española DSC. Esa firma fue utilizada por Odebrecht para pagar sobornos por obras obtenidas en otros países de América Latina.

Esa maniobra fue analizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos -durante la gestión de Macri- luego de una inspección pedida por la fiscalía en la UTE conformada por las empresas que ganaron la licitación. Se probó que no existió prestación de servicios por parte de la empresa española a la mencionada UTE. Y que el contrato con la empresa española DSC fue tan solo una simulación para esconder las coimas millonarias destinadas a los funcionarios públicos.

Se pudo seguir la ruta del dinero enviado por las empresas Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa hacia el exterior y se determinó que llegó a Uruguay a través de la firma Sabrimol Trading, para ser retirado en efectivo.

En esa maniobra el fiscal coloca al empresario Jorge "Corcho" Rodríguez como intermediario entre los ex funcionarios José López -ex secretario de Obras Públicas-  y Roberto Baratta -ex  subsecretario del ministerio de Planificación-.

Debido a la existencia de esa maniobra Picardi solicitó que se procese por negociaciones incompatibles y cohecho pasivo a Jaime, Baratta, López y Juan Pablo Schiavi, quien reemplazó a Jaime en 2009 en la secretaría de Transporte. El juez los había procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Picardi  pidió que se procese como partícipes necesarios del cohecho a Vázquez y Rodríguez, porque los considera intermediarios en el pago de sobornos.

El fiscal sostuvo que "los sobornos habrían propendido al direccionamiento de la adjudicación de la obra pública de soterramiento y, en lo sucesivo, a acelerar, destrabar y asegurar desembolsos y disposiciones funcionales concretas de distintos tramos de continuidad, en función del desarrollo de la obra, para beneficiar a los empresarios adjudicatarios".

Picardi apeló los procesamientos por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público dictados por Martínez De Giorgi para los ex funcionarios Rafael Llorens, Pablo Campi, Graciela Cavazza, Valeria Pomodoro y Yolanda Eggink. Para el fiscal está probado que cometieron el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Independientemente de haber acreditado que esos ex funcionarios participaron del direccionamiento de la obra, y que deben responder por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, Picardi pidió profundizar la investigación para poder determinar la posible recepción de sobornos por parte del ex ministro De Vido y  Llorens, Campi, Cavazza, Valeria y Eggink.

Picardi también apeló los sobreseimientos de Julián Vázquez, Mariano Vázquez y Marta Margarita Domínguez, hijos y esposa del principal testaferro de Ricardo Jaime e integrantes de la empresa canalizadora de sobornos CAESA. Para el fiscal la familia de Vázquez debe responder en carácter de partícipes en el cohecho.

Para fundamentar su apelación el Fiscal tuvo en cuenta correos electrónicos secuestrados a ejecutivos de la firma Odebrecht, facturación por servicios no prestados, números de cuentas, transferencias de dinero no justificado, informes bancarios. También el acuerdo de culpabilidad firmado por la firma Odebrecht con las autoridades de los Estados Unidos, información de la AFIP, de la Inspección General de Justicia, del Banco Central de la República Argentina y documentación secuestrada en allanamientos realizados en las empresas bajo investigación. Además se consideró la información aportada a la causa a partir de investigaciones sobre Odebrecht en otros países.

Picardi señaló: "Voy a reiterar una vez más, sólo como referencia para la ponderación que propongo, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica probó que solamente en Argentina, Odebrecht pagó treinta y cinco millones de dólares (USD 35.000.000) en concepto de sobornos a funcionarios argentinos, en miras a la adjudicación espuria de obra pública, y percibió por ello un rédito económico de alrededor de doscientos setenta y ocho millones de dólares (USD 278.000.000). Es decir, que los sobornos representaron sólo el 12,5% del total de ganancias que obtuvieron los empresarios producto de la adjudicación espuria de obra pública. Dicho de otro modo, como resultado del mismo plan delictivo, en ese caso, los funcionarios percibieron beneficios indebidos por USD 35.000.000, y los empresarios por USD 278.000.000".

El fiscal consideró en su apelación que se podrá profundizar la investigación –y tal vez detectar nuevos nuevos imputados- de la firma del acuerdo con Brasil, homologado por Martínez De Giorgi, para poder acceder a la información de los arrepentidos en la causa Lava Jato. De ese modo la fiscalía argentina podrá utilizar los testimonios obtenidos en Brasil en los que señalan con nombre y apellido a los receptores de las coimas.

Será la Sala II de la Cámara Federal la que decida si prevalece el criterio del juez o el del fiscal.

El fallo completo: