
Leonardo Fariña declaró otra vez en el juicio por la "ruta del dinero K" y acusó a sus ex abogados, Giselle Robles y Franco Bindi, de beneficiar al empresario Lázaro Báez, al que terminaron defendiendo en otras causas. El arrepentido dijo que le "plantaron un testigo" y los acusó de hacer una presentación ante el juez Sebastián Casanello en contra de sus intereses.
"Quien llevaba mi defensa real y técnica era Franco Bindi, ex empleado del Ministerio de Planificación. Los intereses de mi defensa respondían al señor Lázaro Báez. Bindi visitaba a Báez en la cárcel. Luego se presentaron como defensores de Báez en dos causas", detalló Fariña, que aprovechó su declaración para responder las acusaciones de su ex abogada, subordinada de Bindi, en la causa de Dolores donde se investiga a la banda del falso abogado Marcelo D'Alessio.
En ese expediente, Robles denunció que Fariña fue "guionado" en su testimonio por la ruta del dinero K. Y hasta presentó mails con el supuesto "libreto". En su exposición, Fariña sostuvo que los mails son truchos y que había una casilla similar que pertenecía a su ex abogado. "Yo llegué a declarar el 8 de abril de 2016 (cuando se arrepintió) hablando con el fiscal Marijuán. Robles y Bindi lo pusieron al tanto al fiscal Marijuán. Al señor Rodrigo González (su actual abogado) lo conocí un mes antes del juicio de evasión. No entiendo cómo una persona que no conocía me podía guionar", se quejó.
El arrepentido también confirmó que se reunió con ministro de Justicia Germán Garavano, a fines de junio de 2016, más de dos meses después de la primera declaración como arrepentido ante Casanello y de su posterior excarcelación, pero dijo que fue para hacerle pedidos sobre sus condiciones dentro del Programa de Testigos Protegidos. "La reunión fue en el despacho (de Garavano) con todos los protocolos, se dio porque era la máxima autoridad del ministerio que tenía a cargo del Programa. La reunión la pedí porque me echaron dos veces del edificio donde estaba", sostuvo
De la reunión también participó la entonces abogada de Fariña, Giselle Robles, ahora denunciante en la causa de Dolores; el director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, Francisco Lagos; y otro funcionario de ese organismo. Fariña recibió instrucciones sobre las medidas de seguridad que debía cumplir (un poco más severas por la cercanía con la muerte de Alberto Nisman), pidió trabajar, y hasta reclamó un registro de conducir.

Desde el Ministerio de Justicia confirmaron que hubo un encuentro de 15 minutos, "a pedido de la defensa de Fariña". "Se habló de las medidas de seguridad que debía cumplir y de un registro de conducir que se le dio el 29 de julio de 2016", detalló un vocero. Por ese entonces, Fariña vivía en un departamento con custodia permanente y tenía una cámara prendida las 24 horas para controlar todos los ingresos y egresos.
La denuncia sobre el encuentro entre Garavano y Fariña fue mencionada en varios despachos del Ministerio de Justicia, donde debaten hace tiempo la estrategia a seguir en la causa de Dolores. Por ahora, ganan las "palomas". El ministro no tiene intenciones de presentarse en Dolores. Y no tiene información sobre el expediente, más allá de lo que trasciende.

Fariña también salió al cruce del actual abogado de Lázaro Báez, Víctor Hortel, quien hizo varias presentaciones en el juicio oral sobre los contenidos de la causa de Dolores. "No tenemos que alegar sobre la presentación de un letrado, hablemos de los hechos", lo frenó el presidente del tribunal, Néstor Costabel. "Ratifico todo lo que dije en el juicio (en las dos primeras declaraciones). La totalidad de los euros que cambió Lázaro fue con la financiera Provalor. No estoy negando que Provalor hizo los cambios y cobró una comisión", explicó.
La exposición de Fariña comenzó con un pedido de Hortel para que declare bajo juramento de decir la verdad. "Seguimos en el mismo juicio, ratificamos las decisiones adoptadas", le respondió el presidente del tribunal.
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