Sandro Férgola integra la lista de ex funcionarios que llegaron desde Santa Cruz y se hicieron millonarios. En 2008, la ex presidente Cristina Kirchner lo nombró sub-administrador de Vialidad Nacional. Duró apenas dos años. Desde entonces se dedicó a comprar campos, propiedades y hasta autos de colección. Su patrimonio está en la mira de la Justicia. La jueza que lo investiga, María Servini, acaba de prohibirle la salida del país y ordenó al intervención judicial de sus empresas.
En las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina de Anticorrupción (entre 2008 y 2010), Férgola dijo ser dueño de 10 lotes en Santa Cruz y Córdoba, valuados en apenas $124.352, dos casas en Río Gallegos, y una propiedad en Pilar. Aunque su mayor activo siempre fue su participación en la sociedad "El Tercio SA".
El expediente contra Férgola y su esposa, María Elizabeth Velasco, se inició en mayo de 2016 por una investigación periodística. Según la denuncia original, firmada por el fiscal Guillermo Marijuán, el ingeniero adquirió campos y propiedades en al menos tres provincias: Córdoba, Formosa y San Luis. Y diversificó sus negocios varios rubros como ganadería, aserraderos, compra de camiones, maquinaria agrícola, y hasta en la construcción.
Según pudo saber Infobae por fuentes judiciales, Servini decretó en los últimos días la prohibición de salida del país de Férgola y su esposa. También dispuso la intervención judicial, con fines de coadministración, de las empresas "El Tercio SA", "De Atar SA y "Construcciones Mendoza". Las tres están vinculadas al ex funcionario.
Hace dos semanas, la Cámara Federal había confirmado la inhibición general sobre los bienes del ex funcionario, aunque le pidió a Servini que revea el "alcance" de las medidas para garantizar que los investigados puedan "desarrollar sus actividades y cumplir con sus obligaciones económicas". Tres días después, la jueza dejó sin efecto la medida sobre las cuentas de "El Tercio SA" y sobre una caja de ahorro a nombre de la mujer.
La investigación sobre Férgola, procesado en la causa por el direccionamiento de la obra pública, arrastra un hecho insólito: los investigadores esperan hace casi dos años el resultado de una pericia, tal como reveló Infobae.
La pericia está a cargo del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema. El primer perito designado, Antonio López, se jubiló a fines de 2017 y no entregó el resultado. Su reemplazante, Stella Maris Castaño, fue intimada por Servini al menos dos veces. Tampoco hubo avances.
Además, hace dos semanas el decano del Cuerpo de Peritos se comunicó con el juzgado para informar que Castaño estaba internada por lo que podría haber un nuevo cambio de perito.
Ante tantas demoras, Servini podría ordenar la indagatoria de Férgola y su esposa aún sin el resultado de la pericia.