El juez Claudio Bonadio se hace cargo de la causa Río Turbio, el expediente por el que perdió los fueros y fue preso Julio De Vido

El juez federal Luis Rodríguez decidió abandonar la causa por Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la misma por la que había ordenado  -instado por la Cámara Federal- el desafuero y la detención del ex ministro de Planificación Julio De Vido. Rodríguez resolvió ahora mandarle el expediente al juez Claudio Bonadio, que tenía una investigación sobre la central térmica de Río Turbio, un ambicioso proyecto kirchnerista que no puede funcionar porque no produce el carbón necesario.

Lo cierto es que la Cámara Federal dijo varias veces que esas dos investigaciones sobre millonarios desvíos de fondos del Estado debían tramitar juntas, pero nunca estableció en qué juzgado debían estar. Rodríguez interpretó que debía mandarle la causa a su colega, que ya se quedó con otras dos de sus antiguas causas: la investigación por el lavado de dinero de Daniel Muñoz  en la que la viuda de Muñoz aseguró que le habían pagado a Rodríguez para frenar la causa- y el enriquecimiento ilícito de De Vido y su familia, ambas anexadas ahora al megacaso de los cuadernos de la corrupción.

Precisamente, en el caso de la usina de Río Turbio, están investigados De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, el ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta y un grupo de empresarios de la firma Isolux-Corsan, encabezados por Juan Carlos De Goycoechea, el hombre de negocios que abrió el dominó de "arrepentidos" en la causa de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

"No puede escapar al análisis de esta cuestión que en esa sede tramita la causa nº 9.608/18 donde se encuentran procesados como integrantes de una asociación ilícita varios de los aquí imputados –incluso allí también se ha dictado la prisión preventiva de Julio Miguel De Vido-. Allí también se procesó al presidente de la adjudicataria de la construcción de la Central Termoeléctrica –De Goycoechea, quien se acogió a la figura del arrepentido- y al titular de "Fainser S.A.", una de las empresas subcontratadas por Isolux-Corsan que también obtuvo fondos ilegítimamente de YCRT", afirmó Rodríguez en la resolución a la que accedió Infobae. Un detalle: el rol de De Goycoechea fue en el caso cuadernos, no en el caso Río Turbio.

El Gobierno quería afuera del caso a Rodríguez. Hace un año, la Oficina Anticorrupción había pedido su apartamiento, luego de que el juez aceptara un pedido de recusación contra el fiscal Stornelli planteado por la defensa de Baratta. La Cámara Federal repuso a Stornelli en el caso, pero no aceptó apartar a Rodríguez. Si el caso pasa a manos de Bonadio, el fiscal ya no sería más Stornelli.

La noticia sorprendió a los abogados que participan en la causa. Bonadio aún no tiene procesados en esta investigación: después de haber cerrado la causa en dos oportunidades, llamó a indagatoria nuevamente a los imputados entre diciembre y enero y todavía se esperan definiciones procesales. Rodríguez ya mandó una pequeña porción de su causa a juicio y esperaba los resultados de una pericia que evalúe cuando fue el monto del desfalco que se movió detrás de los negocios de YCRT.

Se creía que una vez que se completara esa evaluación, el caso estaría listo para ser elevado a juicio oral. El temor de algunos defensores era que con el pase a Bonadio ahora el caso podría empeorar la situación de varios implicados que tienen falta de mérito y de otros que, aunque procesados, están en libertad, señalaron a Infobae fuentes consultadas.

De Vido cumplirá dos años preso en octubre próximo por esa causa. En la causa de Río Turbio tiene prisión preventiva, pero después de quedar se le activaron otras causas por las que también dispusieron su detención, como en el caso de los cuadernos. Además en octubre pasado, fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por corrupción en el marco de la tragedia de Once.

El caso de la usina de Río Turbio

La obra se inició en 2007, con un costo de 700 millones de dólares, y estaba pensada para generar 240 Mw cuando las dos calderas estén en funcionamiento. Pero los planes quedaron en la nada. Nunca se logró abastecer de carbón plenamente la primera caldera. No se producía suficiente carbón en los Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). El 30 de noviembre de 2015, apenas unos días antes de abandonar la Casa Rosada, la usina dejó de funcionar. El Gobierno de Mauricio Macri terminó debiéndole más de $ 700 millones a la constructora Isolux Corsan, al no aprobar las certificaciones de obra.

La causa se inició en el 2009 por una denuncia del entonces diputado de la Coalición Civica Juan Carlos Moran, que –según dijo-  "cuando se licitó la obra, el precio pactado era de unos $1.500 millones, pero después de la apertura de ofertas la suma trepó a más de $2.600 millones un año más tarde, y "ello sin mencionar las distintas readecuaciones provisorias de precios que llevarían a un valor final de la obra de $4.213.041.983". Según los denunciantes, con el dinero que se invirtió se podrían haber construido dos centrales termoeléctricas.

Bonadio había cerrado la causa dos veces, pero los fiscales de la PIA Sergio Rodríguez y María Andrea Garmendia Orueta se opusieron al sostener "resultan ineludibles" realizar una serie de peritajes que impiden clausurar la causa. La Sala II de la Cámara Federal reabrió el caso en junio de 2017. Y cuando en agosto pasado estalló el escándalo de los cuadernos, el fiscal Guillermo Marijuán pidió indagatorias y detenciones. Entre diciembre y enero, el juez Bonadio tomó indagatorias a De Vido, Baratta, Peralta y De Goycoechea, entre otros otros, por esta investigación. Se aguardan definiciones procesales.

El caso de la mina de Río Turbio  

La causa de Rodríguez nació en 2016 para investigar el desvío de fondos destinados a realizar obras en la mina de carbón de Río Turbio por al menos 264 millones de pesos. Sin embargo, el monto de la estafa podría ser mucho mayor: entre 2005 y 2015 salieron de las arcas públicas 26.000 millones de pesos destinados al complejo Río Turbio (un proyecto de una central eléctrica, una mina de carbón y el tren Eva Perón), pero el tren no funciona y la mina, que debía reactivarse y alimentar la central, produjo solo 48.000 toneladas anuales.

El 4 de julio de 2017, Stornelli sacudió el tablero político al pedir el desafuero y la detención de Julio De Vido, junto a otras personas, acusándolos de haber firmado cientos de convenios con la Universidad Tecnológica Nacional en Santa Cruz para la reconversión de la mina y puesta en marcha de un ramal ferroviario. A este proyecto se le asignaron miles de millones de pesos y pese a ello hoy está totalmente abandonado. Stornelli planteó que a través de los convenios firmados con la universidad se desviaron fondos públicos que terminaron en los bolsillos de distintas personas y no en el proyecto que se debía financia.

Sin embargo, en ese momento, Rodríguez rechazó las detenciones. Eso generó una grieta entre el fiscal y el juez, que se resolvió en la Cámara Federal con el fallo dictó la mal llamada "doctrina Irurzun" y que establece que además del peligro de fuga y el entorpecimiento en una investigación en curso hay que valorar los vínculos con los círculos de poder a la hora de considerar prisiones preventivas. Por esta causa hay casi media centena d procesados y un grupo de personas que siguen presas, entre ellas De Vido.