La defensa de Samid argumentó que el empresario se fugó porque "no está en sus cabales" y pidió una pericia psiquiátrica

La defensa de Alberto Samid consideró que el empresario no está en "sus cabales" y que por algún motivo emocional que desconoce se fue del país en pleno juicio oral por presunta asociación ilícita. Por eso el abogado Vicente D`Attoli pidió que se le haga una pericia psiquiátrica a su regreso de Belice, donde está detenido desde el viernes a la noche. El pedido tiene también un efecto a futuro: preparar el terreno para la prisión domiciliaria por problemas de salud. Samid fue trasladado a los tribunales de Belice escoltado por policías argentinos.

"Samid tiene diabetes y eso puede estar influyendo en sus conductas. Emocionalmente puede estar desestabilizado", le dijo D`Attoli a Infobae.

"Su salida del país fue rarísima y habla de alguien que no está en sus cabales. A eso se suma todas las cosas que dijo en los canales de televisión", agregó su defensa.

¿Por qué la salida del país fue extraña? Porque la hizo legalmente, viajó en avión a Panamá y al llegar a Belice dio la dirección del hotel en el que se hospedaría. "Si una persona se quiere escapar no deja registro de sus movimientos", señaló el abogado. A eso se suma que no había ningún riesgo de que Samid quede preso en el juicio.

Una de las entrevistas que dio Samid mientras estaba prófugo

Por eso motivos la defensa quiere que Samid sea sometido a una pericia psiquiátrica. El planteo no es nuevo. Se hizo hace varios días. Fue la primera vez que Samid dijo públicamente que el fiscal Gabriel Pérez Barberá le pidió 1.800.00 dólares para no acusarlo, lo que fue desmentido por la propia defensa del empresario. A eso sumó que en algunas audiencias del juicio Samid quería hablarle a los testigos mientras declaraban.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico, integrado por los jueces José Michilini, Diego García Berro e Ignacio Fornari, 1 todavía no resolvió si ordenará la pericia psiquiátrica.

El estudio servirá para el pedido de prisión domiciliaria que la defensa prepara para cuando Samid sea traído al país. El primer paso es pedir la libertad, lo que la defensa no cree que consiga. El tribunal tiene suficientes argumentos para dejar preso al empresario por peligro de fuga.

El segundo paso es pedir la prisión domiciliaria. Además de la edad –Samid tiene 71 años– argumentará problemas de salud para estar preso en una cárcel. La pericia psquiátrica puede ser útil para esa estrategia.

La defensa también objeta que Samid sea expulsado de Belice por un problema migratorio. "Salió de Argentina legalmente y entró a Belice de la misma manera. Dijo que era turista y no mintió porque cuando ingresó no tenía orden de detención", explicó D`Atolli.

Samid salió de Argentina el 24 de marzo rumbo a Paraguay. De allí tomó un avión a Panamá el 26 y otro a Belice. El tribunal le dictó la prohibición de salida del país el 27 de marzo y el tres de abril ordenó su captura nacional e internacional porque no se presentaba a las audiencias del juicio.

La expulsión por una irregularidad administrativa es inmediata. La otra vía es una extradición que implica una causa penal que puede demorar los tiempos. Para eso, la familia de Samid –su esposa Marisa Scarafia y su hijo José– viajaron a Belice donde buscarán un abogado.

Samid fue detenido el viernes a la noche en la localidad de San Pedro, ubicada en Cayo Ambergris, una de las islas del Belice. Desde entonces está detenido en la comisaría local. Su familia dijo que no tiene la medicación que requiere su enfermedad y que por el intenso calor de la zona le permitieron salir de la celda para estar sentado en un pasillo.

El 18 de marzo el empresario empezó a ser juzgado junto a otras siete personas, entre ellas su hermana Alicia, por la presunta asociación ilícita en la evasión del IVA para la comercialización de carne. La acusación por la evasión está prescripta.

El fiscal pidió que sea Samid sea condenado a seis años y seis meses de prisión y que junto con el resto de los acusados devuelvan 23 millones de pesos como multa. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúa como querellante en el caso, solicitó una condena de siete años. Ninguna de las dos acusaciones requirió la detención del empresario.