La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes las prisiones preventivas de Lázaro Báez, Daniel Rodolfo Pérez Gadín y Martín Báez en el marco de la causa llamada "ruta del dinero K" que los tiene imputados por lavado de dinero.
Así lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos (como presidente), Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo (como vocales), que no hizo lugar a las quejas por recursos de casación denegados presentados por las defensas particulares.
De esta manera, ratificó el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 4 de la Capital, que había rechazado las solicitudes de excarcelación en primera instancia.
Entre los argumentos, los magistrados explicaron que "la decisión recurrida cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva exigido por el artículo 457 del C.P.P.N., puesto que resulta equiparable a un pronunciamiento de carácter definitivo en la medida en que '…restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa y ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación posterior (…) por afectar un derecho que requiere tutela inmediata'".
Este mismo viernes, Lázaro Báez y Pérez Gadín también fueron notificados de que el TOF 4 prorrogó por ocho meses su prisión preventiva. La medida fue dictada ante el cumplimiento de los tres años de detención de ambos (fueron detenidos el 5 de abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello), plazo máximo que establece el Código Procesal penal para estar detenido sin condena.
Los jueces Guillermo Costable, Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallioti determinaron que permanezcan detenidos en la cárcel federal de Ezeiza y entendieron que "los ocho meses de prórroga es un lapso prudencial que se estima para la finalización del debate oral y público que está siendo sustanciado".
Lázaro y Martín Báez, Pérez Gadín y otros 22 imputados (entre ellos, el contador Jorge Chueco, los cuatro hijos de Báez, el arrepentido Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar) están siendo juzgados por el presunto lavado de dinero de 60 millones de dólares de la obra pública que recibió de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
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