Un 3 de abril de 2016 el mundo de la política, los empresarios, el deporte, las finanzas y las celebrities crujía por las primeras revelaciones de los Panama Papers sobre el dinero oculto en jurisdicciones offshore. La investigación global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) exponía a la luz, por primera vez a nivel mundial, un negocio que -si bien era legal- venía siendo utilizado desde hacía décadas para evadir impuestos o esconder bienes en un divorcio, y en el peor de los casos, lavar o esconder dinero proveniente del crimen organizado.
A tres años de la investigación publicada en simultáneo en casi 80 países por más de 100 medios, las multas y el monto de dinero que comenzó a tributar impuestos suman -al menos- USD 1.200 millones de dólares. La cifra total, sin embargo, se estima que es superior ya que las autoridades fiscales de muchos países –como es el caso de Argentina- no revelan información sobre los acuerdos alcanzados con particulares y empresas en materia tributaria.
En nuestro país, según la investigación llevada adelante por el equipo argentino de ICIJ, el dinero identificado alcanza los USD 104 millones en dinero, tenencia de bienes y accciones en el exterior, blanqueados ante la AFIP a partir de la amnistía fiscal lanzada por el Gobierno a mediados de 2016.
A este monto se suman otros USD 73 millones de propiedades en el exterior pertenecientes al ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, que ya fueron identificados por la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Justicia, aunque aún no fueron recuperados para el Estado.
Los más de 370 periodistas integrantes de Consorcio, junto con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung que recibió la filtración de más de 11 millones de documentos, pasaron un año examinando los archivos internos del estudio panameño Mossack Fonseca. Desde abril de 2016, las revelaciones de los Panama Papers continuaron y numerosas causas judiciales siguen abiertas en todo el mundo, incluida la Argentina.
El dinero recuperado en el mundo
Al tope del ranking del dinero recuperado, se ubica el Reino Unido con un total, al 2018, USD 252 millones. Le sigue España, con USD 157 millones; Francia, con casi USD 136 millones y Alemania, con USD 183 millones.
En Australia, el cálculo asciende a USD 92 millones; en Dinamarca, a USD 47,5 millones y en la República Checa, a USD 36,5 millones. En Islandia, las arcas del gobierno embolsaron USD 25,5 millones, mientras que en Suecia las autoridades recuperaron USD 19 millones y en Bélgica, USD 18 millones.
En la región, se destaca Colombia, con casi USD 89 millones, seguido de Ecuador, con USD 66 millones, y México, con USD 21,5 millones. Panamá, donde el negocio offshore era de los principales atractivos del país, las autoridades has recuperado USD 14 millones en los últimos tres años.
Las investigaciones continúan en numerosos países, incluyendo Austria -donde los reguladores están examinando si dos bancos importantes siguieron los procedimientos para prevenir el lavado de dinero-, Alemania, Francia y Noruega. En Argentina aún hay causas abiertas en la Justicia.
Políticos, empresarios y abogados fueron acusados ante la Justicia y en varios casos, como en Panamá, Ecuador y Bulgaria, incluso detenidos.
Más allá del recupero de dinero que hasta los Panama Papers permanecía oculto, hubo un movimiento en numerosos países para terminar con la opacidad de las jurisdicciones de baja tributación impositiva, utilizadas para la evasión fiscal.
A la par de un reclamo de mayor transparencia y regulación sobre los paraísos fiscales, la opinión pública mundial se volvió mucho más crítica sobre el uso de firmas offshore por parte de la dirigencia política, empresarial, y de las estrellas del deporte y la comunidad artística internacional.
El dinero blanqueado en Argentina
En la Argentina, a partir del escándalo mundial de los Panama Papers, al menos USD 104 millones ingresaron al blanqueo fiscal que dispuso el Gobierno a mediados de 2016.
Según los documentos analizados por Infobae -integrante del equipo argentino de ICIJ junto a La Nación y Perfil– 125 argentinos aprovecharon esa amnistía para sincerar que eran dueños de propiedades, cuentas bancarias e inversiones en Suiza, Panamá, Uruguay y Estados Unidos, a través de 100 sociedades offshore no declaradas. En total blanquearon $ 3.100 millones (USD 104 millones) en activos a nombre de empresas abiertas por el estudio Mossack Fonseca en paraísos fiscales. Tras pagar una penalidad de entre el 5 y el 15%, comenzaron a tributar a la AFIP.
Infobae intentó confirmar con este organismo el monto total blanqueado como consecuencia de los datos revelados por los Panama Papers, pero los voceros consultados se negaron a brindar esa información alegando que "está protegida por el secreto fiscal".
Las sociedades abiertas en paraísos fiscales -llamados así por su baja tributación y opacidad en materia de información financiera- son empresas que no registran actividad económica o comercial real. Si bien no son ilegales, sirven a sus dueños como pantalla para mover dinero, abrir una cuenta bancaria en el exterior o realizar operaciones financieras, sin que se conozca sus reales identidades. Como administradores o directores aparecían prestanombres del estudio Mossack Fonseca, y hasta el cambio de la legislación en Panamá a fines del 2015, las acciones al portador permitían prácticamente su anonimato.
El hermano del Presidente
Uno de los que sumó al blanqueo tras las revelaciones de la investigación global de ICIJ, fue Gianfranco Macri, hermano del Presidente. Fue luego de que la sucursal de Hamburgo del banco suizo UBS emitiera un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) referido a la firma BF Corporation, creada por Mossack Fonseca y propiedad de Gianfranco y Mariano Macri. Ese ROS fue enviado por la Unidad Antilavado de Alemania a la Fiscalía de Hamburgo, y a través de Interpol, llegó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) argentina.
Gianfranco Macri, hermano del Presidente, también adhirió al blanqueo.
Esa Fiscalía presentó una denuncia en la Justicia penal argentina el 14 de diciembre de 2016. Seis días después, Gianfranco Macri blanqueó $ 63,5 millones (unos USD 4 millones al cambio de ese momento) ante la AFIP.
La causa judicial contra los hermanos Macri sigue abierta en la Justicia Federal en lo Penal Económico. El expediente está en el Juzgado de Diego Amarante y la investigación está delegada en la fiscal Gabriela Ruiz Morales. Según pudo averiguar el equipo argentino de ICIJ, si bien la causa se maneja con extrema reserva, no registró novedades relevantes en los últimos meses.
Los bienes de Daniel Muñoz
Mucho antes de los cuadernos de las coimas, a raíz de los Panama Papers, se supo en abril de 2016 que el ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y su viuda Carolina Pochetti eran dueños de una sociedad en las Islas Vírgenes, Gold Black Limited. Su finalidad era "realizar inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos", según surgía del análisis de los documentos filtrados de Mossack Fonseca.
En esa offshore aparecía también Sergio Todisco, un empresario marplatense entonces desconocido fuera de la ciudad balnearia, que actuaba como testaferro de Muñoz, y que se convertiría tres años más tarde en uno de los arrepentidos de la causa de los cuadernos.
Esa primera revelación de los Panama Papers fue la punta del ovillo de una extendida estructura offshore utilizada por Muñoz para el lavado de dinero provenientes de las coimas recaudadas en la obra pública durante el kirchnerismo.
Muñoz y su esposa llegaron a adquirir, a través de testaferros, 16 inmuebles en Miami y Nueva York. Pero al estallar el escándalo, se deshicieron de esos bienes y los vendieron por más de USD 73 millones.
Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner Los investigadores argentinos, a partir del testimonio de media docena de arrepentidos y con la colaboración de los Estados Unidos, reconstruyeron en los últimos meses muchas de las maniobras financieras previas y posteriores a la adquisición de esos bienes, que involucraron operaciones en Suiza, Luxemburgo, Panamá, Uruguay, Andorra y los Emiratos Árabes, entre otras jurisdicciones.
Hoy la viuda de Muñoz, Pochetti, Todisco y otro grupo de prestanombres e intermediarios en las transacciones inmobiliarias y financieras realizadas por Muñoz, se encuentran procesados en la causa de los cuadernos de las coimas.
El socio de Cristóbal en el Hipódromo
El equipo argentino de Panama Papers también reveló que Hipódromos Argentinos de Palermo (HAPSA), la sociedad presidida por Federico De Achával, sacó del país USD 70 millones en una serie de "auto préstamos", a través de la firma Val de Loire, creada por Mossack Fonseca en el estado norteamericano de Nevada. El dinero transferido entre 2007 y 2013 terminó en bancos de Alemania y Suiza, después de pasar Uruguay, Panamá y Estados Unidos.
Federico De Achával, accionista mayoritario del Hipódromo de Palermo.En esos años, De Achával se había asociado en una unión transitoria de empresas (UTE) con el empresario kirchnerista Cristóbal López -hoy detenido-, para explotar las tragamonedas del Hipódromo.
Según los documentos filtrados de Mossack Fonseca, De Achával fue identificado como el verdadero dueño de Val de Loire , aunque el empresario siempre negó ser el controlante en las sombras de esta enigmática sociedad offshore, que durante años fue accionista del Hipódromo de Palermo.
La investigación de los Panama Papers desembocó en una causa judicial que recayó en el Juzgado Federal de Sebastián Casanello y la Fiscalía de Federico Delgado. El magistrado busca ahora interrogar por videoconferencia a la entonces directora de compliance del estudio uruguayo de Juan Pedro Damiani, que intervino en la constitución de la sociedad. La ejecutiva Sandra Morales fue quien firmó el documento en el que se identifica a De Achával como beneficiario final de Val de Loire. Pero según informaron fuentes judiciales, las autoridades uruguayas aún no autorizaron la medida, que estaba prevista para el 9 de abril.
Otras causas judiciales en la Argentina
El presidente Mauricio Macri también fue denunciado en el fuero penal por presunto lavado de activos y omisión maliciosa de la sociedad offshore Fleg Trading, en la cual figuraba como director junto a su hemano Mariano y su padre Franco, tal como reveló la investigación de los periodistas argentinos que participaron de la investigación de ICIJ.
La firma -registrada en Bahamas por Mossack Fonseca- no había sido incluida en la declaración jurada de Macri al asumir como Jefe de Gobierno porteño. Sin embargo, el Presidente fue sobreseído en 2017 por el posible delito de lavado por el juez federal Sebastián Casanello, ya que la documentación recabada identificaba a Franco Macri -fallecido recientemente- como su dueño.
El magistrado envió una parte del expediente al fuero Penal Económico para que investigue si hubo evasión impositiva por parte de la familia Macri. La otra parte fue al Juzgado Criminal Nro. 20, para determinar si Macri había incurrido en omisión maliciosa en sus declaraciones juradas.
El otro argentino alcanzado por las revelaciones de Panama Papers fue el actual intendente de Lanús, Nestor Grindetti, quien aún tiene una causa judicial abierta en la Justicia de Instrucción por su vinculación a una sociedad que abrió en Panamá, Mercier International, cuando era funcionario porteño.
Los documentos de Mossack Fonseca también incluían un poder a nombre de Grindetti para operar una cuenta de esta firma en Suiza cuando era funcionario porteño, entre 2010 y 2013. El actual intendente de Lanús no la consignó en su declaración jurada como secretario de Hacienda de la Ciudad. En su descargo dijo que la firma nunca operó y que desconocía la existencia de la cuenta.
La causa donde está imputado está en manos de Diego Slupski, titular del Juzgado de Instrucción Nº 19. El magistrado aguarda la respuesta a un exhorto de Uruguay enviado el año pasado, ya que en la creación de Mercier International, había intervenido el estudio uruguayo Chadicov.
Slupski sí obtuvo respuesta al exhorto enviado a Panamá. Las autoridades panameñas contestaron que Mercier International fue abierta en ese país y que no había tenido movimientos. Después de pedir información a los bancos locales, precisaron que se registró un movimiento de dinero menor -por USD5 .000 dólares- a través la Fundación Mercier, que pasó a ser la titular de las acciones de la firma offshore, cuando por la ley panameña, las acciones debían dejar de ser al portador. Grindetti aún nunca fue llamado a declarar.
Con la colaboración de los miembros de ICIJ Douglas Dalby, Amy Wilson-Chapman, Emilia Diaz-Struck, Nina Selbo Torset, John Hansen, Minna Knus-Galán, Scilla Alecci, Johannes Kristjansson, Leo Sisti, Rita Vásquez, Mónica Almeida, Jan Strozyk, Ulla Kramar-Schmid, Martijn Roessingh, Kristof Clerix, Marco Oved, Jacob Borg, Juliette Garside, Anne Michel, Will Fitzgibbon, Vadim Makarenko, Alexenia Dimitrova, Emiliana Garcia, Andras Petho, Yongjin Kim, Frederic Zalac, Marcos Garcia Rey, Mathieu Tourlliere, Yasuomi Sawa, Colm Keena, Ritu Sarin, Emilia Delfino, Maia Jastreblansky e Iván Ruiz.
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