Raúl Alfonsín explica ante la prensa la "Ley Mucci".
Desde 1983, apenas tres proyectos de ley fueron rechazados tras ser sometidos a votación en ambas cámaras del Congreso. Símbolo de las fracturas sociales, son recordados por haber sido auténticas batallas de la polis argentina. Dos de ellas son recientes: la revuelta rural protagonizada por la Mesa de Enlace en 2008 contra la resolución 125 y el proyecto de legalización del aborto, que naufragó el año pasado. Pero la primera iniciativa fallida ocurrió con "Ley Mucci", cuando todavía la democracia recuperada estaba caliente.
Once días después de asumir, el presidente Raúl Alfonsín giró al Poder Legislativo una ley de reordenamiento sindical que había sido elaborada por el ministro de Trabajo, Antonio Mucci. La jugada marcó el comienzo de un antagonismo que se volverá insalvable durante todo el período.
La confrontación ya se insinuaba en los meses anteriores. Durante la campaña electoral, Raúl Alfonsín denunció un "pacto sindical-militar" que habrían mantenido sectores de la cúpula gremial con la dictadura de 1976. Según esa hipótesis, se buscaba negociar la impunidad de los represores. El candidato del PJ, Ítalo Lúder, era el exponente de ese vínculo y el rostro del sindicalismo tradicional.
Con la victoria de Alfonsín, el peronismo y a la cúpula gremial cayeron en una crisis de liderazgo y deslegitimación.
Cuando se presentó la "Ley Mucci", los sindicatos aún lucían las heridas del autoritarismo y la represión. Entre 1955 y 1985, la CGT estuvo intervenida por el Estado durante once años y apenas hubo elecciones regulares entre 1963 y 1968. Desde 1970 hasta la irrupción de la Junta Militar, los comicios discontinuados fueron lo predominante (1).
En marzo de 1984, el secretario de Trabajo del gobierno radical, Roberto Bigatti informó ante la prensa que de las 1171 de las asociaciones sindicales registradas, unas 768 debían ser normalizadas. De ese listado, 588 sindicatos tenían comisiones directivas con mandatos prorrogados o con miembros elegidos antes del régimen militar, 75 estaban con delegados normalizadores dispuestos por el ministerio de Trabajo, y 105 eran lideradas por comisiones transitorias nombradas en los últimos años de la dictadura.
Con liderazgos sin sustento electoral y organizaciones repletas de irregularidades, el alfonsinismo buscó que la democracia recuperada fuera un ariete para modernizar la estructuras sindicales. La legislación garantizaba la representación de las minorías opositoras, proporcionaba la fiscalización del Estado para que haya transparencia en los comicios y hasta flexibilizaba los requisitos para ser candidato gremial.
Alfonsín tuvo algunos aliados sindicales que formaban parte de una tradición ajena a la ortodoxia peronista. En ese listado, llamado "Mesa de Enlace Gremial", estaban el Movimiento Nacional de Renovación Sindical (MNRS), de donde provenía el propio Mucci; el Encuentro Nacional de los Trabajadores (ENTRA), cuyo nombre más relevante era el dirigente sindical de la metalúrgica Acindar Alberto Piccinini, la Asamblea Gremial Argentina (AGA); y el Plenario Sindical Nacional (PSN), encabezado por histórico dirigente textil Andrés Framini.
En la vereda opuesta, los gremios mayoritarios observaron el proyecto como un intento del Gobierno para "intervenirlos", fracturarlos y debilitar su poder de fuego.
"Es notable que digan que es una ley intervencionista. Nuestra justicia electoral controla la actividad interna de los partidos políticos para asegurar su democracia interna, y así debe hacerlo también en los sindicatos", afirmaba Raúl Alfonsín en una entrevista televisiva el 6 de febrero de 1984, al defender el proyecto de reordenamiento sindical.
Sin embargo, la primera aventura legislativa de Alfonsín naufragaría rápidamente.
Paso en falso
La dirigencia obrera llegó a 1984 partida en dos. Por un lado, la CGT Brasil, cuyo máximo referente era el cervecero Saúl Ubaldini; y por el otro la CGT Azopardo, conducida por el dirigente plástico Jorge Triaca (padre), el mercantil Armando Cavalieri, el gastronómico Luis Barrionuevo y el bancario Juan José Zanola, entre otros. Los separaba la relación que mantuvieron con la dictadura: mientras que Ubaldini cultivó un perfil confrontativo, el núcleo Azopardo asumió una postura "dialoguista".
Fracturados, desmoralizados y con el mito del partido "invencible" derrumbado, la ofensiva radical sacudió al PJ y al movimiento obrero. La ley Mucci no solo generó una tajante oposición en el Congreso de parte del justicialismo, sino que abrió paso a la reunificación del campo sindical.
El 25 de enero de 1984 se selló la conducción única de la CGT, con Saúl Ubaldini, Osvaldo Borda, Jorge Triaca y Ramón Baldassini como secretarios generales. Días después, el Ministerio de Trabajo intervino el Sindicato Unico de Petroleros (SUPE) y la Federación de Obreros y Empleados del Papel.
En ese contexto, la CGT unificada reiteró el "estado de alerta y movilización" ante lo que calificó de "política intervencionista del Gobierno" y denunció ante la OIT "la violación de la autonomía y libertad gremiales".
En una entrevista con Infobae realizada años atrás, el sucesor de Mucci y ex titular de la cartera laboral de Alfonsín, Juan Manuel Casella daba un balance crítico sobre la iniciativa legislativa: "La norma encontró una posición muy dura. Aunque hubo un grupo de sindicatos que apoyó la iniciativa, la estructura sindical logró imponerse e impidió la sanción de la ley".
El 14 de marzo de 1984, después de intensas negociaciones, el proyecto de Antonio Mucci recibió el rechazo de la Cámara Alta por apenas un voto. Quien lo sepultó fue Elías Sapag, del partido neoperonista Movimiento Popular Neuquino (MPN). El radicalismo no contaba con la mayoría en ese cuerpo y necesitaba acordar con los monobloques provinciales.
"El error táctico fue no sentarse a conversar con los sindicatos antes de mandar el proyecto. En cierto sentido, los dirigentes sindicales pudieron sentirse agredidos sin una conversación previa", señalaba Casella. "Algunos de nosotros, yo entre ellos, dijimos que había que tener cuidado porque podía lograr el efecto contrario que se buscaba. El movimiento sindical peronista siempre tuvo divisiones internas: lo que logró el proyecto Mucci fue unirlos en defensa de la estructura tradicional".
Barajar y dar de nuevo
Tras la renuncia de Antonio Mucci, las gestiones por normalizar el sindicalismo continuaron; esta vez, a cargo de Casella. Con un duro revés a cuestas, el presidente Alfonsín abandonó la estrategia confrontativa y entabló un diálogo más conciliador con los dirigentes gremiales.
De las renovadas negociaciones salió una nueva ley de reforma sindical. Se suprimieron algunos puntos centrales "democratizantes" de la propuesta original: se recortó la participación de las minorías, se redujo la fiscalización externa del Estado y se impusieron criterios más restrictivos para afiliaciones y candidaturas.
El acuerdo con la CGT y el PJ configuró una reforma muy distinta de la primera propuesta. En el campo sindical, permitió que algunas listas opositoras agrupadas en el ubaldinismo llegaran a la conducción de varios gremios.
El saldo de la nueva ley fue dispar. Algunos dirigentes accedieron a la conducción y otros retornaron a los puestos de los que habían sido desalojados previamente. Debido al escenario de competencia, hubo listas que tuvieron que compartir el poder con sectores de distinta orientación ideológica. Dirigentes históricos apelaron a los viejos métodos de exclusión para mantenerse en los cargos (2).
En los hechos, el fracaso de la Ley Mucci marcó el inicio de una dinámica política que obligó al gobierno de Alfonsín a una postura de negociación y de concesiones. Sin éxito, por el Ministerio de Trabajo funcionarios del riñón de la CGT, entre ellos el dirigente de la industria fideera Hugo Barrionuevo (1984) y el lucifuercista Carlos Alderete (1987).
Con una economía deteriorada como telón de fondo y el poder adquisitivo en franca caída, en agosto de 1984 la CGT decretó el primer paro general contra el gobierno radical. En total, Saúl Ubaldini concretó trece paros nacionales y más de 4000 huelgas sectoriales.
(1) Arturo Fernández, en su libro Las prácticas sociopolíticas del sindicalismo/2 (1955-1985).
(2) Gaudio R. y Thompson A. Sindicalismo peronista/gobierno radical. Los años de Alfonsín (1990).
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