Esta semana el Departamento de Estado norteamericano envió al Congreso, como cada año, el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR, por sus siglas en inglés), correspondiente a 2018. El reporte analiza los esfuerzos y compromisos de los gobiernos de todo el mundo para reducir la producción, tráfico y uso de drogas ilícitas, así como los métodos para contrarrestar el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.
Durante el período 2018, las autoridades norteamericano identificaron 22 países como productores o puntos de tránsito de drogas. Entre ellos, 17 son naciones latinoamericanas. Además de Venezuela y Bolivia, países a los que Estados Unidos acusa de no haber cumplido "con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico", el reporte mencionó a Afganistán, Bahamas, Belice, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá y Perú.
Con relación a Argentina, el informe destaca una serie de políticas implementadas por el Gobierno de Cambiemos. "La cooperación en seguridad de Estados Unidos y Argentina se ha fortalecido bajo la administración del presidente Mauricio Macri; el Ministerio de Seguridad ha adoptado mejor prácticas de la policía estadounidense, que fortalecen los esfuerzos de inteligencia criminal de colaboración entre fuerzas federales y provinciales a través de grupos de trabajo interinstitucionales".
En otro pasaje del documento, se menciona al país como "punto de transbordo" de la cocaína que tiene como destino los mercados europeos y otros destinos internacionales, aunque señala que es una "preocupación" el "procesamiento doméstico de cocaína y el consumo".
Además, las autoridades norteamericanas señalaron que el despliegue de "fuerzas federales en las principales zonas urbanas como respuesta a inquietudes de seguridad pública reducen los recursos disponibles para combatir el contrabando en la frontera".
Según el INCSR, "Venezuela es una de las rutas preferidas para el tráfico de drogas ilegales, predominantemente cocaína, desde América del Sur hasta la región del Caribe, América Central, Estados Unidos, África Occidental y Europa".
En esa línea, el Departamento de Estado hizo referencia al "débil" sistema judicial que existe en Venezuela, así como "el ambiente permisivo y corrupto" en la cúpula del régimen chavista: "La corrupción pública, incluso entre los altos funcionarios del gobierno, es un problema importante en Venezuela, lo que facilita que las organizaciones de tráfico de drogas puedan contrabandear drogas ilegales".
El reporte presenta a Bolivia como una "importante zona de tránsito para la cocaína peruana", donde el cultivo de esa droga ha aumentado continuamente. "El gobierno de los Estados Unidos estimó que el cultivo de coca aumentó en un tres por ciento a 37.500 hectáreas en 2016, de 36.500 en 2015".
De este modo, en la última década la producción se duplicó, de acuerdo a los registros del Departamento de Estado norteamericano. Mientras que aumentó un ocho por ciento a 275 toneladas métricas desde 2015 hasta 2016.
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