El fiscal Carlos Stornelli no se presentó ante el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa por la que detuvo al falso abogado Marcelo D'Alessio y a dos policías bonaerenses. Su abogado, Roberto Ribas, que ya había solicitado la nulidad de la citación, dejó un escrito ante el magistrado.
En el texto, el letrado volvió a rechazar la orden de Ramos Padilla al considerar que "no se encuentra precedido el último llamado a indagatoria de una debida atención a los planteos formulados por esta parte y que el juez, dilatoriamente se empeña en no abordar".
"El fiscal no encuentra garantías en este tribunal. A nuestro juicio, los hechos, de haber ocurrido, son competencia de la Capital Federal. Eso está planteado en diferentes escritos del 18 de febrero, del 28 de febrero, y del 1 de marzo. Nunca vi tardar tanto una incompetencia. Stornelli ve en esto, con cierta razón, un afán de quedarse con la causa, y a su juicio estaría ligado el tema de los cuadernos", señaló el abogado Ribas al salir del juzgado.
El viernes, ante un pedido de postergación, Ramos Padilla ya había advertido que iba a declarar en rebeldía al fiscal si faltaba una vez más.
El abogado de Stornelli, además, destacó que "llama la atención la cantidad de querellantes que tiene la causa, uno de los cuales es Roberto Baratta", en relación al ex mano derecha de Julio De Vido, uno de lo señalados como "recaudador" en el circuito de cobros de coimas que se investiga en la causa cuadernos de la corrupción.
"Sin que aún haya sido resuelto o zanjada la cuestión, el juez insiste en proseguir oficiosamente la acción penal en contra de mi asistido, pretendiendo su comparecencia para declarar en indagatoria", planteó el letrado en su escrito.
Según planteó Ribas, la citación de Stornelli "acarrea una flagrante violación a la defensa en juicio, al debido proceso y, por sobre todas las cosas, una intromisión en lo que se refiere a las facultades propias que le corresponden a otro poder (artículo 120 CN) puntualmente al Ministerio Público".
"Pretende V.S., sin más y en atropello a las garantías constitucionales que me amparan a esta parte, ser en un mismo caso, acusador y juzgador. Por otro lado, y a mayor abundamiento, no se encuentra precedido el último llamado a indagatoria de una debida atención a los planteos formulados por esta parte y que el juez, dilatoriamente se empeña en no abordar. Planteos estos que no resultan irrelevantes puesto que ponen en crisis la condición de juez natural en el proceso y la validez de lo actuado a mi respecto", señaló en el texto.
La defensa recordó que "la incompetencia y la nulidad registran llamativa mora en resolverse" mientras que "la segunda recusación no encuentra aún sustanciación". Pese a eso, dijo Rivas, "el juez insiste en proseguir oficiosamente la acción penal en contra de mi asistido, pretendiendo su comparecencia para declarar en indagatoria".
"Todos estos planteos irresueltos ponen en crisis a V.S. como juez natural del proceso, lo cual, de no encontrar respuesta y proseguir actuando de la manera en que lo hace, no puede sino acarrear un total avasallamiento de las garantías procesales que asisten a esta parte", advirtió.
Ribas afirmó que "la prosecución de manera oficiosa por parte de V.S., sin contar con la excitación de la acción penal en legal forma, torna a todas luces desajustada a derecho no solo la convocatoria sino también cuanto se pudiera haber actuado en orden a dichos hechos. Todos estos acontecimientos afectan, en simultáneo, la garantía del debido proceso, al vulnerar el principio procesal de congruencia, lo que también conlleva a la clara y efectiva afectación de las garantías de la defensa en juicio".
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