El juez Ercolini le envió a Bonadio la denuncia que radicó Stornelli contra D'Alessio

En medio de los pedidos de juicio político del Gobierno para el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla y el avance de la investigación en ese juzgado, sorpresivamente la denuncia que impulsó el fiscal Carlos Stornelli en Comodoro Py por el escándalo D'Alessio tuvo un cambio de rumbo. El juez Julián Ercolini decidió declararse incompetente en la denuncia original que promovió el fiscal y se la pasó a su colega Claudio Bonadio, quien tendrá que resolver si acepta el expediente.

Todo este nuevo escenario en Comodoro Py 2002 se disparó a raíz de un movimiento del fiscal Stornelli, que en los últimos días amplió su denuncia original. Antes hablaba de una extorsión por parte del falso abogado Marcelo D'Alessio por haberlo "girado" -como se dice en tribunales- pidiendo dinero a su nombre. Pero ahora Stornelli sostuvo que debía investigarse no solo a D'Alessio sino también al empresario Pedro Etchebest, a su hijo y a otras personas por entender que había un complot contra el expediente de los cuadernos, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

En ese contexto, la fiscal Alejandra Mangano entendió que el objeto procesal se ampliaba y coincidía con la denuncia que radicó la diputada Elisa Carrió en los tribunales de Retiro. En esa denuncia, según las fuentes, Carrió y las legisladoras de su espacio, Mariana Zuvic y Paula Oliveto, acusaron a la ex presidenta Cristina Kirchner, al ex embajador Eduardo Valdes, a D'Alessio, a los ex comisarios Ricardo Bogliuk y Aníbal Degastaldi, y al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.

Según afirmaron, hubo una  maniobra perpetrada por ellos para "obtener las nulidades en las causas de corrupción más emblemáticas", como es cuadernos, "o la causa de la mafia de los contenedores, desacreditando a aquellos que se acogieron bajo la figura del arrepentido o pretendiendo cambiar su testimonio". Carrió planteó como pruebas unas escuchas que le llegaron a sus manos y que tenían que ver con diálogos registrados en la cárcel entre detenidos kirchneristas. El fiscal Gerardo Pollicita viene trabajando en esa investigación, pero recién está intentando hacerse de la documentación.

Con la decisión de Mangano-Ercolini, el juez Bonadio tendrá ahora que resolver si acepta el expediente que nació con la denuncia de Stornelli y estuvo en el juzgado de Ercolini. Pero si no lo hace, se trabará una cuestión de competencia entre los jueces y el encargado de resolverla será el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun.

En el mientras tanto quedó en la incertidumbre qué pasará con el planteo de incompetencia pidiéndole la causa a Ramos Padilla. ¿Por qué? Porque ese pedido se hizo a raíz de la denuncia original de extorsión que hizo Stornelli.

En Dolores, Ramos Padilla aún no contestó ese pedido. El fiscal de allí, Juan Pablo Curi, después de promover la investigación, interpretó que el caso debía irse a Comodoro Py. Es que, en sintonía con Stornelli y con el propio D'Alessio, se sostuvo que el pedido de extorsión de D'Alessio a Etchebest nació en la Capital Federal y el pago también tuvo lugar allí, mientras que el episodio de Pinamar -que motivó la denuncia en Dolores- fue solo un capítulo de esa historia.

El fiscal Stornelli, en tanto, fue citado a indagatoria, pero no se presentó. Recusó al juez y pidió la nulidad de la causa. Hoy renovó su pedido de recusación contra el juez.

La expectativa en Comodoro Py estaba puesta en la definición que debía tomar la Cámara Federal de Mar del Plata sobre el expediente que maneja Ramos Padilla cuando se pronunciara sobre si el caso debía ir a los tribunales de Retiro.

El juez, en su exposición en el Congreso, aseguró que las sospechas hacia Stornelli eran una "ínfima parte" de su causa y habló de "una red de espionaje político y judicial de magnitudes". Según su hipótesis, la banda realizaba tareas de "recopilación de información, la producción de inteligencia y el almacenamiento de datos sensibles de manera paralela a las causas judiciales que se utilizaban para luego llevar a cabo acciones coactivas intimidatorias y extorsivas con la finalidad de influir en causas judiciales".

Las palabras de Ramos Padilla se pronunciaron el miércoles 13 en una audiencia en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, a la que fueron diputados de la oposición. Cambiemos no asistió. Al día siguiente, la Comisión bicameral permanente de Fiscalización de los organismos de inteligencia decidió convocar al juez a una reunión. El viernes, en tanto, el Gobierno anunció que impulsaba el juicio político para Ramos Padilla por entender que había ventilado datos de la causa. Ayer, la Corte Suprema decidió dotar de recursos de personal y material al juez de Dolores.