Un testigo puede ser clave para la reapertura de la causa por el enriquecimiento de Cristina Kirchner

El testimonio ante la Justicia de un ex auditor de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) puede ser clave en la reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner, en la que la ex presidenta fue sobreseida junto a su marido, a fines de 2009, por el ex juez Norberto Oyarbide.

Eduardo Blanco Alvarez fue citado por el juez Ariel Lijo como testigo en la investigación preliminar en la que el magistrado está recolectando elementos para resolver si corresponde o no reabrir ese expediente en el que Cristina Kirchner tiene un sobreseimiento firme. La convocatoria es para el martes 26 de marzo.

El ex matrimonio presidencial fue sobreseído pese a que en el 2008 su patrimonio casi se triplicó, de acuerdo a lo consignado en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción: en un solo año pasó de $ 16,5 millones a $ 44,3 millones.

Según un análisis oficial realizado en ese momento por Blanco Álvarez y otro ex auditor de la FIA, de los casi $ 28 millones que aumentó el patrimonio de la pareja ese año, $ 24,7 millones no contaban con la documentación respaldatoria correspondiente, o los números eran contradictorios.

Pero ese informe contable sobre las inconsistencias de lo declarado por los Kirchner nunca salió de la FIA. Blanco Álvarez fue desplazado del expediente por su entonces jefe, el fiscal subrogante Guillermo Noailles, y trasladado seis meses después a otra fiscalía.

El sobreseimiento del matrimonio Kirchner -resuelto por Oyarbide en apenas cinco meses- quedó firme debido a que ni el entonces fiscal de la causa, Eduardo Taiano, ni Noailles como titular de la FIA, apelaron la sentencia. 

¿Cosa juzgada?

La reapertura de esa causa fue pedida el año pasado por la Unidad de Información Financiera (UIF) en base a la doctrina de la cosa juzgada írrita, cuando hay indicios de que el proceso judicial fue fraudulento.

El organismo conducido por Mariano Federici volvió a insistir en febrero a partir de la declaración como arrepentido en la causa de los cuadernos de Víctor Manzanares. Ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, el histórico contador de los Kirchner afirmó que Oyarbide participó de una maniobra orquestada desde el poder para manipular la pericia patrimonial y favorecer al matrimonio presidencial.

Poco después, Lijo le pidió al fiscal Taiano que evalúe si corresponde reabrir el expediente. El representante del Ministerio Público aún no resolvió. Según pudo saber Infobae, Taiano está a la espera de que su par Stornelli le envíe la declaración de Manzanares, cuyo testimonio no fue todavía homologado por el juez de la causa de los cuadernos, Claudio Bonadio, lo que implica que aún no tenga validez judicial.

Mientras tanto, y hasta poder contar con ese testimonio, Lijo -que subroga el Juzgado Federal Nº5, vacante desde la renuncia de Oyarbide en 2016- le hizo lugar al pedido de la UIF de citar a Blanco Alvarez como testigo, a fin de reunir elementos de prueba para decidir si corresponde reabrir la causa del presunto enriquecimiento de la ex presidenta.

En pararelo, el Tribunal Oral Federal 5 le pidió copia de ese expediente a Lijo. El TOF 5 es el que juzgará a la ex presidenta por la causa conocida como "Los Sauces", en la que se investiga el alquiler de las propiedades de la inmobiliaria familiar a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, beneficiados con millonarias contrataciones públicas durante el kirchnerismo.

La defensa de la ex presidenta había hecho un planteo ante este Tribunal alegando que los hechos "ya habían sido juzgados hace una década".

La historia de un sobreseimiento exprés

Oyarbide dictó su resolución a favor de los Kirchner apenas unos días antes de la Navidad de 2009. Se basó en una pericia que, se sospecha, habría estado manipulada.

Firmada por los peritos contadores oficiales de la Corte Suprema Alfredo Peralta y María del Carmen Penedo – actual vicedecana de este cuerpo-, el análisis patrimonial se basó en las declaraciones juradas que los Kirchner presentaron ante la Oficina Anticorrupción, y las explicaciones y documentación brindados por el propio Manzanares.

Según el contador de los Kirchner, fue Peralta – entonces decano del Cuerpo de Peritos Contadores, hoy jubilado-, quien le presentó a la otra perito Penedo y le dijo que, de ahí en adelante, debía llevarle a ella la documentación para la pericia. La Corte Suprema abrió a fin de febrero un procedimiento de investigación sumaria interna contra Penedo, para esclarecer posibles irregularidades en su desempeño en esa causa.

El contador de los Kirchner admitió en su declaración como arrepentido que temía por el resultado del peritaje por la "falta de consistencia" y de documentación respaldatoria de algunas de las operaciones realizadas por Néstor Kirchner. En particular, las ventas en 2008 de más de una docena de propiedades a personajes de su círculo más cercano, como Lázaro Báez o Rudy Ulloa. Asimismo, reconoció que la pericia contable terminó siendo "laxa".

El propio Manzanares ofició como perito de parte del matrimonio y es el tercer firmante del peritaje en el que se basó Oyarbide para dictar su polémica resolución.

La pericia oficial firmada por los peritos de la Corte y el propio Manzanares.

Cuando fue citado a declarar por Bonadio en la causa de los cuadernos, el magistrado dijo ante la prensa que lo habían "apretado del cogote" para "sacar las causas de los Kirchner". Posteriormente, identificó como autores de las supuestas presiones a Javier Fernández y al ex espía Antonio "Jaime" Stiuso. Por sus dichos se abrió una causa judicial el año pasado, que resultó archivada.

El ex juez Oyarbide cuando fue citado a declarar en la causa de los cuadernos

Inconsistencias y falta de documentación

El mismo 18 de diciembre de 2009 en que Oyarbide firmó la resolución de Oyarbide, el entonces fical subrogante de la FIA, Noailles, le pidió a dos auditores del organismo –Blanco Álvarez y Roberto Riveros- que revisaran la pericia firmada por Peralta, Peredo y Manzanares.

El resultado de ese análisis estuvo listo pocos días después. En él, los auditores de la FIA advertían que no habían podido acceder a la totalidad de la documentación respaldatoria para poder convalidar el enriquecimiento del 158% que tuvieron los Kirchner en 2008.

En el informe, Blanco Álvarez y Riveros alertaban que la pericia oficial se había realizado solo teniendo en cuenta lo que declararon los propios investigados ante la OA y la AFIP, y lo señalado por su contador. Aún así, los peritos oficiales habían avalado datos contradictorios o inconsistenctes.

Según constataron los auditores de la FIA, de los $ 27.802.400 millones que había aumentado el patrimonio de la pareja en 2008, en la presentación  que había hecho Manzanares en la causa había un total de $ 16,7 millones sin justificar.

En total, al analizar la pericia oficia, Blanco Álvarez y Riveros identificaron $24,7 millones sobre los cuales había inconsistencias o no contaban con el respaldo documental correspondiente.

Estas son algunas de las advertencias que dejaron por escrito:

-la falta  documentación sobre la compra de inmuebles;

-la falta de los certificados de los plazos fijos para constatar la cantidad, los montos y los intereses obtenidos, por $ 4,2 millones;

-los préstamos del Banco de Santa Cruz por casi $ 9 millones;

-la valuación de la participación en la inmobiliaria familiar Los Sauces;

-el monto de los "alquileres percibidos por adelantado";

-una donación de acciones de Hotesur por $ 580.000 a Máximo Kirchner -la firma con la que Néstor Kirchner compró ese año el Hotel Alto Calafate por $ 5 millones;

-la deuda con la firma de Báez Austral Construcciones por "construcción de inmuebles" por otros $ 8,3 millones.

Tampoco fueron tomados en cuenta para la pericia oficial los formularios completos de las declaraciones juradas que se presentaron ante la AFIP, en ese momento a cargo de Ricardo Echegaray. Los peritos oficiales Peralta y Penedo sólo habían analizado el "resumen" o la "cabeza" de las declaraciones juradas del impuesto a la ganancias y sobre los bienes personales.

Además, los auditores de la FIA advirtieron su informe que se tomó como válido un patrimonio inicial al 1º de enero de 2008 que no había podido ser verificado, y que había quedado fuera de la otra investigación de enriquecimiento ilícito a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, referida al período del 1º de enero del 2005 al 11 de diciembre de 2007. Pero nada se informó sobre lo ocurrido en esos últimos 20 días de diciembre de 2007, en los que los Kirchner sumaron $ 1 millón a su patrimonio.

"En función de las consideraciones efectuadas, con las salvedades expuestas en cuanto a la documentación que no ha sido tenida a la vista, entendemos que por el momento, no se está en condiciones de establecer, en forma cierta e indubitable, si el incremento patrimonial ocurrido durante el año 2008 se encuentra debidamente justificado con la documentación de respaldo veraz y pertinente que corresponde a cada caso", fue la conclusión del informe de 21 páginas presentado a Noailles por los auditores de la FIA al que tuvo acceso Infobae.

Desplazado de la FIA

Blanco y Riveros entregaron ese primer análisis el 23 de diciembre de 2009, y otro complementario el 28 de diciembre, antes de que venciera el plazo para apelar el sobreseimiento dictado por Oyarbide. A pesar de los elementos advertidos por los auditores a su cargo, Noailles no apeló, y la causa se cerró.

El ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas Guillermo Noailles.

Por esta decisión, Noailles fue denunciado ante la Justicia Penal por su antecesor en la FIA, Manuel Garrido, el 29 de diciembre de 2009. Pero el ya fallecido fiscal Luis Comparatore no requirió, y el juez federal Daniel Rafecas cerró el expediente seis meses después. Garrido también denunció para la misma fecha a Manzanares por falsedad ideológica de documento público. La causa recayó en Oyarbide y tampoco avanzó.

Tras la presentación de los informes, Blanco Álvarez fue desplazado de la FIA, en julio de 2010, por el entonces Procurador Esteban Righi. Pasó a colaborar en la investigación de la "mafia del oro", un escándalo de los años 90 originado en el cobro indebido de reintegros de exportaciones simuladas de ese metal, una causa que no era de su especialidad.

El auditor dejó asentado su desacuerdo en un escrito que le envió a su superior, Noailles. En él, se quejó de haber sido corrido de una decena de investigaciones "sensibles" en las que venía trabajando desde 2009, que involucraban a personajes del poder político y empresarial de esos años, pese al expertise que había adquirido en investigaciones de casos de "corrupción pública".

Diez años después, Blanco Álvarez podrá por primera vez dar detalles ante la Justicia de aquella auditoría que había hecho sobre el patrimonio del matrimonio Kirchner, y que quedó archivada en un cajón de la Fiscalía que debe investigar la corrupción de los funcionarios públicos.