La Cámara del Crimen fue contundente. Las cárceles federales atraviesan una "paupérrima situación", en "estado de emergencia", todo producto del "aumento sostenido de los internos alojados con la consecuente sobrepoblación y hacinamiento". En tres años, según datos oficiales, la cantidad de presos creció un 35 por ciento. "Lo más sincero sería hoy afirmar tras relevar tanta falencia que las cárceles no son aptas para la condición humana", concluyó la Cámara.
El tribunal se pronunció así la semana pasada ante el reclamo de presos alojados en la Unidad 28, que es la Alcaldía del Palacio de Tribunales. Se trata de una cárcel de tránsito en la que los detenidos deberían estar alojados algunas horas para cumplir con un trámite judicial -una indagatoria, una audiencia de juicio oral- y luego volver a su prisión. Pero a mediados de febrero había de internos 169 detenidos que llegaron a estar en el lugar durante una semana. La Alcaldía no tiene infraestructura para que los presos duerman y hay solamente dos baños.
La Constitución Nacional establece que "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella". Si bien ese derecho es violado hace años, la situación actual es de extrema gravedad y reconocida por las propias autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
La Cámara del Crimen intervino en el reclamo de un grupo de presos alojados en la Unidad 28. Denunciaron la superpoblación, las condiciones inhumanas de detención y el alojamiento en el lugar durante días por la falta de cupos en cárceles.
Los jueces de la Sala VI de la Cámara, Marcelo Lucini y Magdalena Laiño, señalaron en su fallo del viernes pasado al que accedió Infobae que el 12 de febrero había 169 personas en la Unidad 28, que tiene celdas para ocho o nueve personas en las que había entre 28 y 36, con solo dos baños y con alimentación y atención médica insuficiente. "Su estado era sencillamente inconcebible", señalaron los camaristas.
Los jueces explicaron en primer lugar que en la Unidad 28 los presos no pueden estar más de 24 horas por una acordada de la Corte Suprema de 2012 y que "el cupo en los distintos complejos es insuficiente o, por momentos, nulo para recibir nuevos ingresos" en las cárceles del SPF. Según datos oficiales del organismo, hoy hay una sobrepoblación del 12,2 por ciento: tiene capacidad para 12.235 personas y hay alojadas 13.782, más de 1500 de las permitidas.
La situación provocó que en algunas cárceles se habiliten gimnasios dedicados al esparcimiento de los detenidos como pabellones para alojar presos. Eso ocurrió en Devoto, la de Ezeiza y Marcos Paz, las tres más grandes del SPF y que alojan al 62,8 por ciento de los más de 13 mil presos que hay en el sistema federal.
Por la crisis en la Unidad 28 fueron trasladadas 89 personas a la cárcel de Devoto y para alojarlas se dispuso que un gimnasio se convierta en el pabellón 53. Y eso generó que los presos de la cárcel inicien una causa por la pérdida de su espacio recreativo, el uso de los baños y para recibir a las visitas. Y para paliar la falta de espacios, en el SPF también dispusieron que en celdas creadas para una persona estén dos. "Un círculo vicioso del que es realmente difícil salir airosos", graficaron los camaristas.
"La crisis que enfrenta el Servicio Penitenciario Federal, las constancias incorporadas al legajo y, particularmente, lo tratado en las audiencias celebradas, dejan al descubierto la paupérrima situación penitenciaria y el estado de emergencia en el que se encuentra el sistema producto del aumento sostenido de los internos alojados con la consecuente sobrepoblación y hacinamiento", resumieron los jueces.
La Procuración Penitenciaria de la Nación -el organismo nacional que vela por los derechos de los presos en las cárceles- analizó el crecimiento de la población en las unidades federales: en 2009 había 9247 presos; en 2014 superó los 10 mil y llegó a 10.424; bajó en 2015 a 10.274 y a partir de allí se incrementó año a año hasta llegar a los actuales 13.782. "Con respecto al año 2015, la población carcelaria sufrió un incremento del 30,2%", reseñaron los jueces de la Cámara.
La situación genera preocupación en organismos oficiales y de derechos humanos que trabajan en las cárceles. La semana pasada se realizó en el Senado una reunión de los integrantes del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, la Procuraduría de Violencia Institucional, la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación de Pensamiento Penal. Todos coincidieron en la preocupación por el aumento de la población que genera malas condiciones médicas, alimenticias y de acceso al estudio y al trabajo y la latente posibilidad de que haya hechos de violencia.
La Cámara del Crimen expuso otras deficiencias del SPF. Señaló que a febrero, de los 48 camiones para trasladar presos solo funcionaban ocho para todo el país. Y la falta de tecnología. Lo graficó en un ejemplo: cuando hizo la audiencia para tratar el reclamo de los presos, no funcionaba el sistema de videoconferencias para que los internos pudieran exponer su situación.
"Debemos reaccionar con firmeza a tanta desidia. No es posible concurrir a las cárceles y seguir presenciando su estado. Salvo excepciones, lo más sincero sería hoy afirmar tras relevar tanta falencia que las cárceles no son aptas para la condición humana", concluyeron.
"Es una situación de crisis"
Consultado por Infobae, en el SPF no negaron la actualidad carcelaria. "Es una situación de crisis", reconoció una de las máximas autoridades que prefirió hablar off the record. Señaló que la falta de cupos en las cárceles llevó a un cuello de botella que colapsó la Unidad 28. Ayer pasaron por allí 175 presos -más que cuando la Cámara del Crimen trató la situación- y llegaron a tener en un día 212.
La autoridad explicó que la situación detonó con la implementación de flagrancia. Se trata de los casos de personas que son detenidas cometiendo delitos. Por una nueva ley ahora son llevadas directamente a tribunales para que su caso se juzgue en un breve lapso. Antes, muchas de esas personas eran liberadas y en esa condición atravesaban la causa. Ahora, además de ser llevadas a tribunales detenidas, en muchos casos quedan presos para cumplir la condena. A eso se suman los internos que son llevados para cumplir los trámites.
"Así como la Cámara del Crimen ordenó un límite de internos, otros jueces nos dicen que los presos deben quedar alojados en la Unidad 28", explican en el SPF.
"Flagrancia aumentó el encarcelamiento y además no hay cupos", describió la autoridad para explicar la superpoblación.
—¿No temen que la superpoblación genere graves hechos de violencia en las cárceles?– preguntó Infobae
—Sí. El riesgo es latente. Pero tomamos medidas y tenemos la tasa de muertes en cárceles más baja del promedio histórico.
Respecto de los móviles para traslados, la fuente señaló que de los ocho habilitados en febrero hoy tienen 13 operativos y que pusieron en marcha una licitación para reparar más unidades.
"El fallo de la Cámara no es más que la realidad pero tenemos imposibilidades", resumió.
Medidas concretas
"La gravedad del cuadro ya no resiste medidas paliativas ni admite tibieza; debemos evitar que, en breve lapso, este escrito se convierta en letra muerta", señalaron los jueces de la Cámara y ordenaron una serie de medidas.
La principal es que en la Unidad 28 no puede haber más de 40 presos que duerman por día y quienes lo hagan deben tener la autorización del juez. Tampoco pueden ingresar internos que no sean de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. En 15 días se tiene que realizar un informe sobre cuál es la capacidad máxima de personas que pueden estar alojadas en la Unidad 28, tanto para el alojamiento momentáneo como para dormir.
También le ordenaron al director de la cárcel de Devoto que en 180 días el gimnasio que fue destinado como pabellón vuelva a su uso original.
Al ministro de Justicia, Germán Garavano, y al de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, les ordenaron que "de manera inmediata afecten las partidas presupuestarias necesarias para poner en marcha las obras que amplíen la capacidad del alojamiento carcelario y los medios de traslado".