Cuatro ex altos funcionarios del Gobierno de Cristina Fernández fueron detenidos esta madrugada en el marco de la causa que investiga el juez Claudio Bonadío porque la cartelización de la obra pública. Se trata de Nelson Guillermo Periotti (Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad); Sandro Férgola (Gerente de Obras y Servicios Viales, y Subadministrador General de la DNV); Sergio Hernán Passacantando (Gerente de Administración de la DNV) y Germán Ariel Nivello (funcionario de la Secretaría de Obras Públicas, y Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda).
Entre la noche del viernes y la madrugada de hoy, Bonadio allanó y detuvo a esos ex funcionarios de Vialidad, que estaban citados para declarar en indagatoria el próximo lunes. Los procedimientos se llevaron adelante en la Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.
"El arresto no fue producto de ninguna declaración puntual, sino resultado de la propia investigación. Eran los únicos responsables del Ministerio de Planificación en el área de la Obra Pública sobre los que no se había avanzado", señalaron fuentes judiciales a Infobae.
La noticia sorprendió en la mañana del sábado a los abogados de la causa. Defensores de los detenidos se dirigieron a los tribunales federales para pedir las respectivas excarcelaciones. Los cuatro ya estaban procesados en la causa por la obra pública en Santa Cruz que lleva adelante el juez Julián Ercolini. Pero Nivello, por ejemplo, ya había declarado en agosto pasado ante Bonadio que le llevó dinero a Roberto Baratta, segundo de Julio De Vido, en dos oportunidades, dinero que le había dejado José López.
Ayer habían declarado De Vido y Ernesto Clarens. El financista reconoció que varios empresarios se habían reunido con él, pero a algunos los desvinculó de los presuntos pagos.
La causa de la cartelización de la obra pública
La ronda de las 101 indagatorias en la causa de la cartelización de la obra pública, nacida de los arrepentimientos en el expediente de los cuadernos, estaba a punto de finalizar el próximo lunes con las declaraciones de los hoy detenidos. Junto a ellos cuatro estaba citados su entonces jefe, el ex secretario de Obras Publicas José Lopez, quien se convirtió en arrepentido en el expediente por las anotaciones del chofer Oscar Centeno y confirmó cómo se manejaban con los empresarios de la construcción para asignar los emprendimientos que apoyaba el Estado.
Para esa altura, Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara de la Construcción, había oficializado en su arrepentimiento lo que era un secreto a voces: la cartelización de la obra pública. Más tarde, apareció el financista Ernesto Clarens, para también ser arrepentido y entregar unos listados sobre con nombres de empresas y montos de dinero de las obras ejecutadas entre 2003 y 2014.
A los tres –López, Wagner y Clarens-, la Cámara Federal los consideró organizadores, pares de Julio De Vido y Roberto Baratta, en la banda que –se sostiene- encabezaron Néstor y Cristina Kirchner durante sus respectivos gobiernos para llevar adelante un sistema de financiamiento ilegal con los negocios del Ministerio de Planificación.
Mientras que la causa conocida como los "cuadernos" se encamina en breve hacia juicio oral, con empresarios procesados por cohecho pero sin integrar la asociación ilícita (excepto el detenido Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería), Bonadio avanzó con otras causas que están directamente vinculadas a este expediente o nacieron de él.
La que el mundo político y de los negocios mira con atención es precisamente la causa de la cartelización de la obra pública, con 101 indagatorias de los principales empresarios del país que en las últimas semanas tuvieron que volver a desfilar por el cuarto piso de Comodoro Py.
Según resumieron a Infobae fuentes judiciales, los que se habían arrepentido en la otra causa y tuvieron que volver se limitaron a sus anteriores declaraciones o insistieron en justificar los pagos entregados a Clarens como una suerte de reconocimiento por las gestiones hechas por el financista para que pudieran acelerar los pagos que venían muy demorados. Otros, en cambio, negaron los hechos. Y algunos, en este proceso, quedaron detenidos: Hugo Dragonetti, de Panedile; Horacio Gustavo Ammaturo, que aparecía en los cuadernos; Osvaldo Acosta, de Electroingeniería, y Horacio Dalla Tea, de la firma Supercemento. Dragonetti recuperó la libertad después de ampliar su declaración y reconocer que había mentido. El empresario Noberto Ardissone también estuvo demorado por unas horas, pero fue liberado.
Cristina Kirchner también declaró por esta causa, el día de sus ocho indagatorias, e insistió en que todo se trataba de una persecución política en su contra. Aunque estaba citado para el lunes, De Vido fue trasladado ayer desde la cárcel de Marcos Paz para también ser indagado en este expediente.
"Una vez más, debo destacar, así como lo hace sistemáticamente mi defensa técnica y decenas de involucrados en estos irregulares procesos, que la presente causa no es otra cosa que la utilización institucional del sistema de justicia con fines espurios, alejados de la búsqueda de la verdad y disasociados del Estado de Derecho", sostuvo De Vido en la presentación a la que accedió Infobae.
"Los recientes acontecimientos y el manto de irregularidades, ya diría ilícitos, que se han venido cometiendo en estas investigaciones más temprano que tarde serán investigados, promoviendo allí sí investigaciones ajustadas a derecho, con las garantías constitucionales correspondientes y con la convicción, en este caso personal, de que se haga justicia", afirmó.
"En ningún momento a lo largo del presente expediente se corrobora la supuesta imputación por licitaciones irregulares respecto de todas las obras públicas reseñadas en relación con las empresas mencionadas. Eso resulta por demás llamativo: correspondería en todo caso, a efectos de corroborar dicha hipótesis, formular una pericia interdisciplinaria que corrobore la existencia o no de irregularidades en la realización de cada una de esas licitaciones, sino también, deslindar el camino de duplicación de objetos procesales, puesto que la supuesta asociación ilícita que desarrolló una supuesta serie de irregularidades de forma sistemática a través de la asignación de obras en la DNV se encuentra siendo actualmente juzgada ante el Tribunal Oral Federal N°2", afirmó.
El Tribunal Oral Federal 2 es que el comenzará a fines de mayo el juicio oral contra Cristina Kirchner, De Vido, López y Lázaro Báez, entre otros, por las obras entregadas en Santa Cruz a la empresa Austral Construcciones.
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