La Cámara Federal de Casación Penal revocó este jueves la prisión preventiva de la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala y así se cae su pedido de desafuero para poder detenerla. La legisladora está procesada -y camino a juicio oral- por lavado de dinero y negociados cuando era intendenta de la ciudad de Resistencia, en Chaco.
La Sala IV de Casación entendió que no había elementos suficientes para entender que Ayala en libertad era un peligro para la continuidad del expediente. El fallo también revocó las detenciones de otros cinco acusados, informaron a Infobae fuentes judiciales.
La consecuencia de este fallo es que queda sin efecto el pedido de desafuero que pesaba sobre Ayala. La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, se lo había pedido a la Cámara de Diputados para poder detener a la legisladora. Es que por su función tiene inmunidad de arresto. Pero el desafuero no fue resuelto en la Cámara -con disputas entre el macrismo y la oposición por el antecedente del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido- a la espera de las definiciones judiciales.
"Estoy muy tranquila con este fallo. Siempre estuve a derecho, siempre creí en la justicia y que el nivel superior haya entendido que tenía que estar en libertad . Soy inocente y en el juicio oral y público se va a demostrar, se van a aportar todas las pruebas que ya están en el expediente para saber de qué no hubo lavado, no me quedé con dinero ajeno", sostuvo Ayala a través de un comunicado de prensa tras la resolución de Casación.
La diputada está procesada por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de activos agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario. La jueza Niremperger entendió que, junto a otras 14 personas, Ayala en 2014, cuando era intendenta de Resistencia, integró un negociado para beneficiar a la empresa "PIMP SA" con la recolección de residuos en la ciudad.
La Cámara Federal de Resistencia confirmó el procesamiento. También están acusados Daniel Fischer, quien fue jefe de campaña de Ayala y ex pareja de su hija, y Jacinto Sampayo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. A los dos también Casación hoy les revocó la prisión preventiva.
La jueza Niremperger, a pedido del fiscal Patricio Sabadini, ordenó en mayo del año pasado la detención de Ayala. Entendieron que en libertad podía entorpecer la causa. De origen radical y tres veces intendenta de Resistencia, Ayala es la referente de la UCR en Chaco y en 2015 compitió por Cambiemos para la Gobernación de la provincia. Perdió ante el peronismo y fue nombrada secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior del gobierno de Mauricio Macri y en 2017 fue electa diputada nacional.
El pedido de detención fue analizado en distintas instancias a pedido de la defensa de Ayala que siempre lo objetó y señaló que estuvo a estuvo a derecho cada vez que la justicia la requirió.
En enero pasado, la Cámara Federal de Resistencia ratificó la prisión preventiva. "Es dable señalar la gravedad de los ilícitos y el rol atribuido a Aída Ayala en ellos, la participación en forma organizada, el grado de probabilidad arribado en esta instancia en relación a la hipótesis delictiva, así como la trascendencia social e institucional de los hechos cometidos en el seno de esta ciudad; su complejo modus operandi, y la capacidad económica y operativa acreditada en autos, como circunstancias que denotan el riesgo cierto de elusión de la nombrada del accionar de la justicia", señaló el tribunal en su fallo.
Ahora intervino Casación y los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos revocaron esa decisión. Entendieron, en un fallo de 34 páginas, que los argumentos de la Cámara Federal de Resistencia fueron insuficientes para señalar que en libertad Ayala y el resto de los acusados pueden entorpecer la causa penal.
En su voto, el juez Hornos señaló que los argumentos de la Cámara "devienen insuficientes a los fines de acreditar la existencia de los riesgos procesales en tanto se han ponderado de manera aislada y sesgada del resto de los elementos obrantes en la causa, que permiten efectuar un análisis integral y completo, que atienda a las demás constancias procesales y las circunstancias personales de cada uno de los imputados, relacionadas con los concretos fines del proceso penal que el dictado de las medidas cautelares como la dispuesta intenta resguardar".
El camarista Borinsky agregó que las defensas ofrecieron otras alternativas a la prisión como el uso de una tobillera electrónica. Y señaló que la Cámara de Resistencia fundó la prisión preventiva en que uno de los delitos del caso era la asociación ilícita cuando el propio tribunal lo había desechado.