La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura abrirá hoy a las 10 las declaraciones juradas del juez federal Luis Rodríguez, acusado de haber cobrado una coima millonaria para favorecer al ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. La apertura incluirá el sobre lacrado con los anexos reservados que no son de acceso público, que contienen los datos de sus cuentas bancarias, declaración impositiva de Ganancias, la ubicación de sus inmuebles y el detalle de otros bienes registrables. El magistrado fue notificado la semana pasada para el caso de que quisiera estar presente, aunque no concurrirá. Sí asistirá su abogado, Oscar Vignale.
Según lo que informó en sus declaraciones juradas de acceso público – Infobae solicitó las correspondientes del 2013 al 2017 mediante un pedido formal al Consejo-, Rodríguez tenía a fines de de 2017 un patrimonio total de $4.350.000. La declaración jurada de 2017 es la última disponible, ya que la correspondiente a 2018 recién deberá presentarla en el segundo semestre de este año.
De acuerdo con lo que informó el magistrado, su patrimonio estaba compuesto por un departamento de 215 m2 sobre la Avenida Santa Fe, en el barrio porteño de Palermo, adquirido en 1996, cuya valuación fiscal consignada es de $421.000, muy por debajo de su valor de mercado, que supera los 500.000 dólares.
En 2013 y 2015 sumó dos terrenos en la localidad bonaerense de Escobar de 2.000 m2 en total, en los que declaró mejoras y luego una casa con pileta, que valuó en $1.800.000, según valores fiscales. Según pudo saber Infobae, estos bienes a su nombre coinciden con los datos del Registro de la Propiedad Inmueble solicitados por la Comisión que llegaron la semana pasada.
Su última DDJJ disponible, correspondiente al 2017, a la que accedió Infobae.
El magistrado informó tener, además, una camioneta Honda CR-V modelo 2009, cuya titularidad -al igual que el resto de los bienes- es compartida en un 50% con su mujer. Por último, declaró $835.500 y USD 61.000 en cuentas bancarias y efectivo.
Rodríguez asumió al frente del Juzgado Federal Nº 9 en 2012, con el apoyo del kirchnerismo, luego de ganar un concurso que estuvo teñido de sospechas. Anteriormente había sido juez de Instrucción, tras haber ingresado al Poder Judicial en 1977. Su sueldo como juez federal era, en 2017, de unos $ 182.000 mensuales.
Información que ya llegó al Consejo
En 2018, Rodríguez sumó una camioneta Audi Q5, según reveló el diario La Nación, cuyo valor de mercado asciende a USD 80.000. Este dato –junto a la propiedad de la Honda CRV- fue confirmado por el Registro de la Propiedad Automotor, de acuerdo a información que ya está en poder de la Comisión de Acusación.
"Sobre este nuevo vehículo, vamos a pedir el legajo para reconstruir cómo fue adquirido, ver la factura de compra, quien lo pagó y cómo", señaló una fuente de la Comisión de la Acusación, que preside el senador peronista Miguel Pichetto.
Además de los informes de los registros de la Propiedad Inmueble y Automotor, al Consejo llegaron las respuestas sobre la titularidad de una tarjeta de crédito VISA y las cuentas bancarias a nombre de Rodríguez. Para el miércoles está previsto que desde la Comisión salga una nueva tanda de oficios a los bancos donde están esas cuentas y a la empresa emisora de la tarjeta, para solicitar sus movimientos.
"Se intentará reconstruir la historia de sus bienes y su patrimonio. La información que va llegando hay que cruzarla con sus ingresos y lo declarado por él, para ver si surgen inconsistencias o no", explicaron desde la Comisión. La instrucción del expediente contra Rodríguez está en manos del consejo académico Diego Molea.
Además, en esta línea, a partir del informe enviado por Migraciones, desde el Consejo pedirán las facturas los vuelos al exterior en los que viajó el juez y su esposa. Según el detalle al que accedió Infobae, Rodríguez realizó 10 viajes al exterior en los últimos 5 años, la mayoría de ellos con su mujer. Estuvo en España, Italia, Francia, Estados Unidos, México, Perú, Chile y Brasil.
En la Comisión están también a la espera de la respuesta al oficio enviado a la Unidad de Información Financiera (UIF), que debería confirmar si existen, o no, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a nombre de Rodríguez, así como la existencia de posibles cuentas en el exterior. Sin embargo, hay dudas sobre si el organismo conducido por Mariano Federici enviará esta información al Consejo sin la orden de un juez.
Luego de que los consejeros accedan al contenido de las declaraciones juradas de Rodríguez, deberán evaluar si piden la apertura, además, de las de su mujer, Silvia Arcos Valcarcel. Actualmente tiene el cargo de secretaria letrada de la Corte y se desempeña en la Dirección General de Bibliotecas del Máximo Tribunal.
Entre noviembre de 2008 y marzo de 2015, Arcos Valcarcel había estado adscripta a la Secretaría General del Consejo de la Magistratura, el organismo que hoy investiga a su marido y probablemente ponga la lupa también sobre ella. Al volver al Máximo Tribunal, fue ascendida a secretaria letrada y pasó a desempeñarse en la Oficina de Referencia Extranjera. Su cargo tiene un sueldo básico de $131.000, según la información publicada en el sitio web de la Corte.
Para avanzar en la investigación, está previsto encargar un peritaje sobre el patrimonio de Rodríguez, aunque en el Consejo son conscientes de que este sea probablemente el aspecto menos cuestionable en una posible acusación, ya que es considerado en los Tribunales como un juez "excesivamente prolijo" en su esfera personal.
Las líneas de investigación
El patrimonial es uno de los ejes de la investigación que está instruyendo el consejero Molea. En paralelo, la Comisión intentará avanzar en probar el presunto cohecho (cobro de una coima) por parte de titular del Juzgado Federal Nº 9.
Electo el año pasado en representación de las universidades, Molea es en quien recayó la primera denuncia contra Rodríguez de noviembre de 2018, a partir de su actuación en la causa contra el ya fallecido Muñoz y su viuda, Carolina Pochetti. Había sido presentada por los diputados Juan Manuel López y Paula Olivetto, de la Coalición Cívica, quienes en febrero último hicieron una ampliación, a partir de los dichos de Pochetti como arrepentida.
La viuda de Muñoz afirmó en la causa de los cuadernos que su marido le había pagado USD 10 millones a Rodríguez a través de su abogado –Miguel Pló, hoy detenido- para que los favoreciera en la investigación por lavado de dinero. A estas denuncias se sumaron otras dos de Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y otra del abogado Ricardo Monner Sans.
Las declaraciones de Pochetti fueron confirmadas por, al menos, otros dos arrepentidos. Víctor Manzanares, contador histórico de los Kirchner, y Elizabeth Municoy, agente inmobiliaria y testaferro de Muñoz, sostuvieron que el ex secretario de Kirchner había dicho, ya enfermo de cáncer, que le había pagado a Rodríguez para que la investigación en su contra no avanzara.
Si bien los consejeros ya le pidieron al juez Claudio Bonadio sus declaraciones como arrepentidos, así como las de otros involucrados en la causa de los cuadernos que se hayan referido o lo hagan en un futuro a Rodríguez, ese magistrado aún no envió al Consejo copia de ninguna.
El otro eje del expediente a cargo de Molea buscará probar el presunto "mal desempeño" de Rodríguez como juez. Para eso, la Comisión ya requirió copia certificada de una batería de resoluciones y actuaciones judiciales del magistrado en varias causas referidas a Muñoz y su entorno, y a otros ex funcionarios kirchneristas.
Históricamente, los consejeros jueces rechazaron la posibilidad de que los magistrados sean enjuciados por el contenido de sus fallos por lo que, sin sus votos, es improbable que se llegue a la mayoría especial que requiere una destitución por juicio político.
Pero si la situación patrimonial de Rodríguez no lo compromete como sucedió con Freiler, es difícil que el organismo avance a fondo con el juicio político contra el magistrado hoy en la mira de la opinión pública.
Desde el Gobierno siguen con atención el futuro de Rodríguez. "Nos gustaría que progresen las denuncias. Es de público conocimiento que no es un gran juez, por lo cual veríamos con buenos ojos que se aparte. Él solo quedó en medio del fuego cruzado por la denuncia de haber cobrado coimas. Ya no está la Cámara Federal con la anterior conformación, que apañaba lo que hacían los malos jueces", sostuvo una fuente con despacho en la Casa Rosada.
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