El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció que están "muy bien encaminadas" las negociaciones con UPM para instalar una nueva planta celulósica en Paso de los Toros, Tacuarembó, lo que dejó la puerta abierta para un nuevo conflicto con la Argentina, al igual que sucedió con la ex Botnia, en donde ambientalistas protestaron y alertaron durante años por el impacto ambiental que generaría.
"Desde mi punto de vista, se va a hacer", sentenció el mandatario uruguayo y destacó que las experiencias con las otras dos plantas que ya trabajan allí fue "muy buena".
Sobre el conflicto con la Argentina por la pastera en Fray Bentos, Tabaré Vázquez sostuvo: "Hubo muchas alarmas previamente, pero pasaron doce años y no ha sucedido nada. Se decía que nacerían niños con dos cabezas, habría aumento del número de cáncer o leucemia, pero pasaron doce años y no sucedió nada de eso. Se superaron los temores y no hubo ningún impacto negativo".
Y completó: "Con la tecnología que existe a nivel internacional, estamos seguros de que se atenderán correctamente los impactos ambientales".
El plazo que el gobierno uruguayo le dará a UPM -de origen finlandés- para presentar el proyecto es febrero 2020 y contemplará un aporte de un millón y medio de dólares de ambas partes para crear un plan de capacitación y asesoramiento profesional en la zona donde se instalará la pastera.
El conflicto por la ex Botnia
En febrero de 2005, el presidente Jorge Battle autoriza la construcción de la planta de celulosa en Fray Bentos, que comienza el 15 de abril. Esto puso en estado de alerta a los ambientalistas argentinos de Gualeguaychú, que en enero de 2006 bloquearon el puente que unía la ciudad argentina con Fray Bentos por 45 días a modo de protesta.
El caso tomó gran dimensión y en marzo de 2006 Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, entonces presidente uruguayo, negocian en Chile frenar la obra por 90 días, a lo que la empresa Botnia accede. Pero luego, en mayo, la Argentina demandó a Uruguay en la Corte de La Haya por violar el Estatuto del Río Uruguay de 1975.
Mientras el conflicto escalaba, intervino el rey Juan Carlos de España, que en noviembre propuso interceder para mediar entre ambos países. Días después, el 20 del mismo mes, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú inició un bloqueo por "tiempo indeterminado" sobre el paso a Fray Bentos.
Un año después, en noviembre de 2007, Tabaré Vázquez habilitó el funcionamiento de la planta, lo que complicó la relación con Kirchner y la suspensión de las negociaciones españolas.
Recién en abril de 2010, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya respondió al reclamo de la Argentina, rechazando relocalizar la papelera con el argumento de que no hay pruebas de que contamine. Sin embargo, ordenó que ambos países controlen el impacto ambiental del río que comparten.
En junio, los ambientalistas seguían cortando el puente y un juez argentino ordena el libre transito, aunque los manifestantes no se retiran. Esto llevó a que el gobierno de Cristina Kirchner -que ya había comenzado a encauzar relaciones nuevamente con José Mujica- los denunciara penal y civilmente. Al otro día se retiraron.
Las nuevas novedades no llegaron hasta agosto de 2013, cuando UPM frena la actividad y advierte que que el reinicio de las operaciones se hará solamente si el gobierno uruguayo autoriza incrementar la producción de celulosa de 1,1 a 1,3 millones de toneladas por año.
Los ambientalistas se declararon en "estado de alerta" y nuevamente debieron intervenir los presidentes: Kirchner le advirtió a Mujica que si no acordaban que no debían aumentar la producción, los denunciaría otra vez en la Corte de La Haya. Finalmente, el mandatario uruguayo autorizó un aumento de producción de 100 mil toneladas, la mitad de lo solicitado por UPM, pero sujeto a que se cumplan las nuevas medidas ambientales.
En 2016 se conocieron los primeros resultados del control ordenado por La Haya por parte de ambos países. El estudio concluyó que que existía un "desbalance ambiental" y una "contaminación leve" en ambas orillas del río Uruguay.
El informe fue realizado por un laboratorio binacional de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), a través de un monitoreo científico sobre la base de 50 muestras de los efluentes de la pastera UPM, 50 registros de la desembocadura del río Gualeguaychú y 32 ingresos en el área de influencia en el río Uruguay.
Sin embargo, aclaró que la polución no solo se debe a la "basura" que genera la pastera UPM, sino también a desechos encontrados en la desembocadura del río Gualeguaychú y que la contaminación era leve y podría ser corregida.