La ex presidenta y senadora Cristina Kirchner no consigue que la Justicia le devuelva los bienes que secuestraron en el departamento de Recoleta y en sus casas de Río Gallegos y El Calafate, en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción. Entre esas pertenencias hay 33 cuadros y esculturas.
La Cámara Federal rechazó el pedido de la defensa de la ex presidenta. El fallo recordó que la ex mandataria tiene un procesamiento confirmado como jefa de una asociación ilícita y por cohecho pasivo, es decir, haber recibido coimas. También la imposición de un embargo de $ 1.500.000.000, que inicialmente el juez Claudio Bonadio había fijado en 4 millones.
"No corresponde hacer lugar a la devolución pretendida, en atención a que resulta sustancial mantener a resguardo todos los objetos de valor considerable que fueran incautados en el domicilio de la imputada, con el objeto de asegurar la concreción de una eventual acción judicial", respondieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en la resolución a la que accedió Infobae.
Lo que sí aceptó la Cámara fue anular la decisión de Bonadio de secuestrar los elementos que estaban en la calle Uruguay y tenían como depositario judicial a Mariano Cabral. Frente a eso, la defensa de la ex presidenta se presentó esta mañana en el juzgado: reclamó "la inmediata restitución al domicilio de Uruguay de los elementos que fueron sustraídos por el juez sin fundamento alguno".
El pedido de la ex presidenta y la respuesta judicial llegan en momentos en que el Gobierno activó un Decreto de Necesidad y Urgencia sobre la extinción de dominio, que todavía no fue analizado en el Congreso. En esa iniciativa se dispone que se podrá proceder al decomiso si un juez pide el embargo de los bienes de un acusado, sin necesidad de que haya condena. Sin embargo, no es eso lo que se discutió en Comodoro Py.
A fines de agosto, la causa de los cuadernos de la corrupción crecía al compás de las presentaciones de "arrepentidos" contra una banda que habría encabezado el matrimonio Kirchner para recaudar coimas con los negocios del Ministerio de Planificación. Algunos de los imputados-colaboradores dijeron que entregaron bolsos con dinero en el departamento de Recoleta y se los entregaron a Daniel Muñoz, el hoy fallecido secretario de Néstor Kirchner al que se le descubrió una fortuna a través de prestanombres y testaferros. También dijeron que mandaban parte del dinero al sur en vuelos oficiales.
En ese contexto, el Senado autorizó allanamientos a las casas de la ex presidenta en el departamento de la calle Uruguay y Juncal, en Recoleta; en su vivienda en Río Gallegos y la residencia que tiene en El Calafate.
La propia Cristina Kirchner votó por los allanamientos. Sin éxito, intentó poner condiciones como que estuvieran presentes sus abogados y un senador o senadora que designara ella, que no se lleven sus joyas "de uso personal" y que el magistrado "no rompa nada". En la Recoleta hubo revuelo cuando su defensor Carlos Beraldi se hizo presente y tras el procedimiento en el sur, Cristina grabó un video que subió a sus redes sociales para mostrar los destrozos en su casa.
Concretados los procesamientos, la defensa de Cristina Kirchner le pidió al juez Bonadio que le devolviera puntualmente los elementos secuestrados en el domicilio de la calle Padre de Agostini y los Tehuelches, de la ciudad de Calafate. También reclamó que se intimara a Mariano Ramiro Cabral a que haga entrega al personal de la División Operaciones Federales de la PFA de las obras de arte secuestradas en el domicilio de la calle Uruguay 1306, piso 5° de esta ciudad. Se trata de cuatro esculturas y 29 pinturas, muchas de ellas de grandes dimensiones, incautadas del hogar de la ex presidenta.
A criterio de la ex presidenta, hubo un "registro de domiciliario nulo" para secuestrar esas obras de arte. Y protestó porque la retención judicial, a través de un depositario, generaba "costos innecesarios y perjuicios ilegítimo".
"Es para que vos creas que en mi casa había un museo y te indignes por eso y no por los nuevos tarifazos de la luz, del gas y del transporte. De manual", escribió el 28 de diciembre a través de sus redes sociales cuando la portada de los diarios llevaba la imagen de los policías retirando los cuadros.
El juez rechazó la devolución de bienes que solicitaba la defensa y el abogado Beraldi apeló ante la Cámara Federal. Allí habló de la arbitrariedad de la resolución y se quejó porque se había omitido "individualizar los bienes, provocando que resulte imposible conocer cuáles serían los objetos que fueron obsequiados a Fernández durante su presidencia o cuáles poseen un valor pecuniario considerable". Además resaltó que "existen -a simple vista-, bienes que carecen de una importante cuantía y tampoco pueden ser considerados como 'obsequios'".
Según la defensa, "en el ejercicio de sus funciones", Cristina Kirchner "podía recibir bienes por razones de cortesía, protocolo o costumbre diplomática". Se hizo hincapié en que tampoco estaba en vigencia el régimen de Obsequios a Funcionarios Públicos, que comenzó a implementarse en 2017, y que dispone que se deben dar a conocer todos los regalos recibidos y los viajes que realicen financiados por terceros. Propuso así que le devolvieran los bienes y ella actuara como depositaria judicial.
Sin embargo, para la Cámara Federal, quedó claro que los bienes secuestrados podrían ser parte de los regalos que Cristina Kirchner recibió mientras fue presidenta, entre 2007 y 2015. Y resaltó el procesamiento confirmado y el embargo dispuesto por la suma de un millón y medio de pesos.
El fallo añadió que "de la descripción efectuada en el acta correspondiente, no se desprende que existan a simple vista, elementos que revistan un escaso valor monetario que permitan ser exceptuados del marco de la medida cuestionada". No obstante, le sugirieron a Beraldi que plantee el detalle correspondiente para habilitar una nueva evaluación.
Para los jueces, no se detectó ninguna irregularidad cometida por el depositario judicial o algún hecho que haga "pensar en un peligro concreto en cuanto a la preservación de los bienes, que pueda hacer presumir su posible sustracción de una acción judicial o una disminución en su valor económico".
Sin embargo, agregaron que "la medida adoptada (por Bonadio) no cumple con los recaudos establecidos en el art. 123 del
CPPN y, por lo tanto resulta nula". Así instaron al juez a que "extreme todos los recaudos necesarios para que el depositario judicial cumpla con sus obligaciones pertinentes y para asegurar la debida preservación de dichos objetos".
Además la Cámara le recordó a la defensa que, entre los bienes secuestrados, también aparecieron elementos que derivaron en causas penales, como una carta escrita por el General José de San Martín, el prontuario original de Hipólito Yrigoyen y un bastón presidencial que, se cree, es el que le regalaron los hijos del ex presidente Héctor Cámpora a Néstor Kirchner en un acto oficial en el 2006.