Cómo fue la polémica designación de Luis Rodríguez, el juez acusado de recibir una coima de USD 10 millones

Luis Rodríguez fue elegido juez federal en octubre de 2012 en un cuestionado concurso que duró siete años y estuvo teñido de sospechas de una filtración previa del examen a rendir. Tras 14 años como juez de Instrucción, Rodríguez accedió a uno de los 12 despachos de la estratégica Justicia Federal, donde se investigan los casos de corrupción de funcionarios públicos. Fue nombrado durante el gobierno de Cristina Kirchner para cubrir el Juzgado Nº 9 de Comodoro Py, que había quedado vacante luego de la destitución de Juan José Galeano en 2005, por su actuación en la investigación de la voladura de la AMIA.

Su designación por el Senado – controlado por la entonces mayoría kirchnerista- tuvo la oposición del radicalismo y se tradujo en 39 votos a favor y 18 en contra. Pero no fue una designación más. Estuvo precedida por las impugnaciones de organizaciones civiles y de derechos humanos, entre ellas, varias afines al gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos Capital y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Además de la sospecha de que le habían filtrado previamente el examen, los cuestionamientos contra Rodríguez fueron varios. Uno tuvo que ver con la tenencia de objetos provenientes de los nazis. Según explicó en el Senado, obedecía a que "hace muchos años colecciona órdenes, medallas, que tienen que ver con la historia del imperio británico", pero que "no tiene nada que ver con esa ideología".

También fue objetado por haber favorecido a los acusados de encubrimiento del asesinato del militante Mariano Ferreyra en 2010 a cambio de recibir un soborno, algo que rechazó al argumentar que en su opinión "no dilató la causa judicial" y "accedió a las medidas" pedidas por el fiscal. El CELS fue uno de los que más lo cuestionó por su accionar en esta causa y por haberle negado ser querellante a la madre de Ferreyra.

El gremio de los Judiciales también lo impugnó por la designación de un sobrino como secretario en un Juzgado de Instrucción que subrogaba, sin respetar el escalafón respectivo. Sin embargo, Rodríguez negó ante el Senado haber tenido injerencia en el ascenso para ese cargo.

Pese a los cuestionamientos, el nombramiento de Rodríguez fue férreamente defendido por el kirchnerismo.

En los últimos días Rodríguez – un magistrado de extremo bajo perfil- volvió a estar en medio de la polémica pública, luego de que la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, declarara como arrepentida en la causa de los cuadernos. Frente a los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, Carolina Pochetti sostuvo que, que a través de su ex abogado hoy también detenido, Miguel Ángel Pló, le habrían pagado a Rodríguez U$S 10 millones para favorecer su situación procesal, la de su marido fallecido y la de varios testaferros implicados en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, vinculada a las revelaciones de los Panama Papers.

Consultado por Infobae, Rodríguez desmintió tajantemente la acusación. También rechazó las sospechas de que tuvo acceso al examen del concurso para juez federal, antes de rendirlo. "Conforman parte de la infamia a la que me veo sometido", sostuvo.

Su actuación en esa investigación -en la que se negó a detener a Pochetti y otros implicados pese al pedido de Stornelli, permitiendo así que movieran activos y vendieran propiedades- le valió a Rodríguez que la Cámara Federal lo apartara de ese expediente.

El famoso concurso 140

El concurso 140 que desembocó en la designación de Rodríguez -junto a la de Marcelo Martínez de Giorgi en el Juzgado Federal 8; la de Sebastián Ramos en el 2; y la de Sebastián Casanello en el 7- tuvo dos instancias a lo largo de esos siete años.

La primera convocatoria fue en el 2005, aunque en esa oportunidad Rodríguez no se presentó. Ese proceso fue anulado por el Consejo de la Magistratura en 2008 a instancias del kirchnerismo, con el argumento de que la mayoría de los concursantes obtuvieron un bajo puntaje. La decisión ignoró que una comisión de expertos consideró que "no existía arbitrariedad en la corrección de los exámenes".

En la segunda convocatoria, Rodríguez estuvo entre los 47 postulantes que se presentaron a la prueba de oposición, un examen escrito sobre un caso hipotético que es evaluado por un jurado conformado por jueces en actividad y docentes de la carrera de Derecho, sorteados para cada concurso.

Los jurados titulares fueron el hasta hace poco camarista federal Eduardo Farah, los jueces federales Sergio Torres y Julián Ercolini, y  Juan Carlos Gemignani (hijo), hoy integrante de la Cámara de Casación Penal Federal.

Cuestionado por haber fallado a favor de la libertad del empresario Cristóbal López y haberle cambiado la carátula a evasión fiscal,  Farah pidió en mayo del año pasado su pase al fuero Penal Económico.

Curiosamente, antes de ascender a camarista en 2008, Farah había sido concursante en la primera convocatoria del concurso 140, luego anulado. Sin embargo, no completó el proceso de selección y renunció en 2006. En el examen escrito había obtenido una calificación de solo 25 puntos sobre 100. Sumados los puntos que le asignaron por sus antecedentes, alcanzó los 103,50, lo que lo ubicó en el puesto 20 sobre 32 postulantes.

En 2008 fue convocado por el Consejo para integrar el jurado del nuevo llamado al concurso 140, del que había participado.

Examen bajo sospecha

En la prueba escrita que les tomaron a los candidatos en marzo de 2009, Rodríguez obtuvo el puntaje más alto: 90 puntos sobre 100. Una calificación solo alcanzada también por Guido Otranto, el primer juez del caso Maldonado.

Sin embargo, poco tiempo después surgieron las sospechas. Según reveló el diario La Nación, doce días antes del examen, una empleada del área de jurisprudencia de la Cámara del Crimen le solicitó de parte del Juzgado de Instrucción Nº11 de Rodríguez, al despacho del juez federal Daniel Rafecas, un expediente con una temática similar al caso que tuvo que resolver en la prueba del concurso. El fallo de la Cámara Federal requerido fue enviado por e-mail a la casilla oficial de jurisprudencia de la Cámara del Crimen, con copia al correo oficial del Juzgado de Instrucción 11. Así lo confirmó el propio Rafecas en un informe que envió al Consejo.

Bajo la carátula "Baldo, Jorge Manuel y otros s/procesamiento", se trataba de una resolución de la Sala II de la Cámara Federal en la que había intervenido Farah como camarista. Ambos se referían al robo de monedas antiguas del Banco de la Nación Argentina, algo poco frecuente.

Si bien no eran idénticos, había varias similitudes que fueron constatadas por Infobae que tuvo acceso a parte del expediente del concurso, y que fueron consignadas en la impugnación que presentó la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el Senado.

Entre ellas, por ejemplo, destacó un "idéntico sujeto pasivo", el Museo Histórico y Numismático del Banco de la Nación. "Este dato es de importancia en tanto la competencia estaba definida por el hecho de que el sujeto pasivo fuera el Banco Nación. No es una cuestión menor, en tanto muchos concursantes consideraron que los tribunales federales eran incompetentes. Una particularidad del escrito del Dr. Rodríguez, es que cita la fecha de creación del Banco Nación", detalló ACIJ en su análisis del expediente real y el tema del examen.

Otra similitud era la resolución de planteos sobre la procedencia de la prisión preventiva y la validez de un allanamiento. Pero mientras en el expediente de la Cámara Federal la cuestión a dilucidar era si el robo  encuadraba o no en una asociación ilícita-, en el caso hipotético del examen se trataba de un robo cometido por un policía.

Ante la consulta de la periodista Paz Rodríguez Niell, el hoy magistrado federal negó haber pedido ese expediente y aseguró que "no sabía qué le iban a tomar". Sin embargo, la propia empleada de su Juzgado, Gisela Villalba, reconoció luego ante el Consejo de la Magistratura haberlo requerido y recibido por mail, para ayudar al magistrado en la recolección de jurisprudencia.

En su descargo en la audiencia pública en el Senado, Rodríguez reiteró que no había accedió con anterioridad al examen y que esa solicitud fue "una más" entre muchos otros expedientes que consultó para prepararse para el examen.

Para ACIJ, Rodríguez "el hecho de que hubiera pedido un fallo tan específico, poco conocido y con hechos tan similares, en una fecha tan cercana al examen escrito no es más ni menos que un fuerte indicio de que Rodríguez accedió al temario antes de la fecha de examen".

Asimismo, la ONG destacó en su impugnación que "muchos testigos atestiguaron que el material que consiguió Rodríguez para prepararse para el examen fue procurado desde el Juzgado a su cargo, siendo grave que un juez utilice recursos públicos para obtener beneficios personales". Es por eso, que en antes de que fuera designado, la ONG planteó que "no existen garantías de que Rodríguez cuente con el requisito de idoneidad técnica, ni tampoco moral, exigible en quien pretende acceder a un cargo de juez".

Sobres cerrados

Consultado por Infobae, Farah negó enfáticamente que Rodríguez hubiera tenido previamente copia del examen. Ante la pregunta de si había sido él quien había elegido ese caso como opción para el examen, aseguró que "no lo recordaba porque habían pasado varios años". Destacó que cada jurado elegía un tema y luego se compartían y consensuaban entre todos los integrantes, por lo que todos estaban al tanto de todo.

Los tres temas que finalmente se seleccionaron para el examen se guardaron cada uno en un sobre cerrado, no identificados, y fueron entregados por Farah al Consejo el 2 de marzo de 2009. Al día siguiente, fecha del examen, se eligió uno al azar, que fue el que finalmente debieron resolver los candidatos del concurso.

Los concursantes estaban identificados con una clave alfabética en la prueba, por lo que los jurados no sabían a priori a quien pertenecía cada examen. Según pudo reconstruir este medio de fuente judiciales, si bien todos los jurados opinaron sobre los exámenes que tuvieron que corregir, Farah elaboró los lineamientos principales del informe elevado al Consejo con las calificaciones de cada postulante, al que luego cada uno hizo su aporte. No hubo disidencias significativas entre los otros tres integrantes sobre las calificaciones.

Antecedentes modestos

El resultado en el examen escrito que obtuvo Rodríguez le permitió ascender en el orden de mérito al quinto lugar, desde el puesto 25 en el que había quedado por los 68 puntos (sobre 100) que había obtenido en la calificación por sus antecedentes.

Según los datos de su CV, tras recibirse de abogado en 1988, no había realizado ningún estudio de postgrado, ni tuvo desempeño académico. Tampoco participó de publicaciones jurídicas o expuso en conferencias, más allá de haber hecho algunos cursos y participaciones en Congresos que no alcanzaban el mínimo para ameritar una calificación del Consejo. En su descargo en el Senado, sobre sus pocos antecedentes en postgrados y especializaciones, sostuvo que "para ser mejor juez, se dedicaba a su función más de diez horas por día (…) sin mayor interés en engrosar con papeles" su currículum vitae.

Rodríguez impugnó que el puntaje por sus antecedentes no tuvo en cuenta los cursos que realizó, y la Comisión de Selección le subió 3 puntos a 71, que sumados a los 90 del examen escrito, le permitieron alcanzar los 161 puntos.

El apoyo inesperado

Tras sucesivas postergaciones del concurso y renuncias de postulantes, Rodríguez quedó finalmente en cuarto lugar en la terna votada por el Consejo en 2011 para ocupar las cuatro vacantes en los Juzgados Federales de la Capital. El primer lugar del orden de mérito fue para Martínez de Giorgi, que obtuvo en total 165,25 puntos; el segundo, para Juan Pablo Salas; y el tercero, para Marcelo Goldberg. Debajo de Rodríguez, quedaron Ramos y Casanello.

Pese a la oposición del radicalismo, la terna fue votada por el kirchnerismo que contó con el imprevisto apoyo del consejero Alejandro Fargosi. Electo por la agrupación de abogados independientes Será Justicia en alianza con el radicalismo,  luego se acercó al PRO y con el aval de Mauricio Macri, terminó votando con los consejeros K, pese a su perfil netamente antikirchnerista. Su voto fue clave porque le permitió al oficialismo conseguir la mayoría especial requerida en el plenario del Consejo.

Alejandro Fargosi, abogado y ex consejero de la Magistratura

En ese momento, Fargosi adujo que "optó por lo mejor posible" con el objetivo de cubrir las vacantes en la justicia federal penal, y que la terna incluía "una lista con cinco postulantes que no tenían objeciones de nadie, completada con un juez nacional desde hace 16 años". Se refirió así elípticamente a Rodríguez sin mencionarlo.

Consultado por Infobae, Renzo Lavin, co-director de ACIJ, sostiene que "la designación del juez Rodríguez demostró que los concursos en el Consejo de la Magistratura son susceptibles a la manipulación política y están plagados de vicios que atentan contra la selección de los candidatos más idóneos. A pesar de que ese concurso fue denunciado por multiples actores con sobrada evidencia, Rodríguez fue igualmente elegido entre la terna por el Poder Ejecutivo y fue confirmado por el Senado. Para mejorar el funcionamiento y la imagen de la Justicia, es urgente revisar el modo de selección de jueces".

La investigación penal

La sospecha de que a Rodríguez le habían adelantado el examen – al igual que a otro concursante, Carlos Ferrari- derivó en una causa penal que recayó en el Juzgado federal Nº 1 de María Servini.

La magistrada sobreseyó a los investigados en 2010 al considerar que no se había podido probar que Rodríguez hubiera tenido contacto con el temario antes de rendir la prueba de oposición. También sostuvo que los casos -el real y el hipotético- no eran similares y que haber accedido a ese fallo no le daba ventaja a Rodríguez por sobre otros postulantes.

Servini citó en el fallo al que tuvo acceso Infobae las conclusiones del Cuerpo de Auditores del Consejo de la Magistratura, que estableció que "las cuestiones a resolver en el examen no se correspondían con el fallo dictado por la Cámara Federal".

María Servini sobreseyó a Luis Rodríguez en la causa por el concurso 140.

Si bien la jueza solicitó un informe sobre posibles mails intercambiados y el cruce de llamadas entre Rodríguez y los jurados, no tuvo en cuenta el resultado de lo informado por las compañías telefónicas y de internet, al considerar que por más que se hubieran corroborado esos contactos, serían "meras conjeturas sin valor probatorio porque no se podría saber su contenido".

En su impugnación a Rodríguez, el CELS sostuvo que la decisión del Senado no podía "estar condicionada por el cierre de la causa penal ya que el estándar de evaluación de la idoneidad de los candidatos exige otros criterios sobre la trayectoria, el perfil y la confianza en los futuros jueces".

Decisiones polémicas

Rodríguez volvió a ser blanco de cuestionamientos por una serie de resoluciones polémicas. Entre ellas, la lentitud para investigar a Julio De Vido y su mujer por presunto enriquecimiento ilícito; el rechazo inicial al pedido de desafuero y detención del ex ministro de Planificación en la causa de Río Turbio; el apartamiento del fiscal Stornelli de la causa de la mina santacruceña; el sobreseimiento en tres causas de Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini; y la negativa a detener a Pochetti por las maniobras de lavado de más de U$S 70 millones en Estados Unidos por parte de Daniel Muñoz, y congelar los fondos.

Hasta antes de ser designado juez federal, Rodríguez acumuló más de media docena de denuncias en el Consejo de la Magistratura, que finalmente no prosperaron. Actualmente, tiene abiertas otra media docena por su actuación al frente del Juzgado Federal Nº 9.

Hoy, a las 14, la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo se reunirá para empezar a analizar algunas de ellas.