La viuda del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, Carolina Pochetti, el ex ministro de Economía santacruceño Juan Manuel Campillo, el ex secretario privado de Cristina Kirchner Isidro Bounine y el contador del ex matrimonio presidencial Víctor Manzanares quedaron hoy procesados por lavado de dinero. Es por la operatoria de haber comprado 16 propiedades en Estados Unidos por más de 70 millones de dólares y luego haberlas vendido para evitar ser descubiertos, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
El juez federal Claudio Bonadio firmó el procesamiento a otro grupo de personas, entre ellos empresarios, agentes inmobiliarios, inversores y abogados, que formaron parte de un entramado armado para sacar dinero del país en bolsos, comprar propiedades en Estados Unidos y luego venderlas cuando estalló el escándalo de los Panamá Papers y salpicó al luego fallecido Muñoz, señalado como un "valijero" del matrimonio presidencial de Néstor y Cristina Kirchner.
Incluso, el fallo revela inversiones que hasta ahora no habían sido descubiertas: parte de los millones fueron a parar a un hotel del archipiélago de Turks and Caicos, de Gran Bretaña, a los que llegaron por los dichos de los últimos arrepentidos.
También se dispuso extraer testimonios para investigar la denuncia contra el juez Luis Rodriguez sobre un presunto pago de coima a través del abogado Miguel Angel Plo. El caso fue sorteado y recayó en manos del propio Bonadio y el fiscal Gerardo Pollicita
Las maniobras del dinero de Muñoz
El juez ordenó los procesammientos y las prisiones preventivas de los implicados, salvo para los que ya fueron excarcelados después de haber declarado como "arrepentidos". Uno solo saldrá después de este fallo en libertad.
El procesamiento alcanzó a Carolina Pochetti, Elizabeth Ortiz Municoy, Sergio Todisco, Carlos Cortes, Carlos Adolfo Gellert, Víctor Manzanares, Juan Manuel Campillo y su sobrino. La lista incluye a Marcelo Danza, Sergio Dorf y los hermanos Llaneza. A la lista se añade el ex abogado de Pochetti Miguel Plo, su hija y su cuñado, Federico Zupich; además de Isidro Bounine, ex secretario de Cristina Kirchner. Sobre la mayoría se impuso la prisión preventiva. Incluso se rechazó la excarcelación para Pochetti y Gellert, los últimos arrepentidos. El único que saldrá en libertad es Parolari, a quien no le aceptaron ser imputado-colaborador. Los que ya están excarcelados, como Campillo, Municoy o Todisco, permanecerán en libertad, indicaron las fuentes.
Esta parte de la investigación, que pone bajo la lupa la recuperación de gran parte de los activos, se había iniciado a fines de octubre, con las primeras detenciones. Es que la causa por lavado de dinero estaba inicialmente en el juzgado de Luis Rodríguez en donde, pese a los indicios valorados por el fiscal Carlos Stornelli, no hubo avances significativos.
La decisión sobre los procesamientos llegó hoy, demorada por las novedades que tuvo la causa en los últimos días: las confesiones como arrepentidos de Carlos Gellert, primo de Pochetti, y luego de la propia viuda, que hasta hoy permanecen bajo reserva; la detención de su ex abogado defensor y también la decisión lió sus dichos el ex ministro santacruceño Campillo, quien consiguió el viernes ser excarcelado. En su primera exposición había dicho que fue Bounine quien lo convocó a lavar dinero en Estados Unidos y que él interpretó que actuaba por orden de la ex presidenta.
La acusación
Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rivolo habían pedido en diciembre los procesamientos con prisión preventiva de Carolina Pochetti, Carlos Temístocles Cortez, Carlos Adolfo Gellert, Federico Zupicich, Víctor Alejandro Manzanares, María Jesús y Miguel Ángel Pro como coautores de lavado de dinero de activos agravado por habitualidad en concurso real con ser miembros de una asociación ilícita. Incluyó también a Elizabeth Ortiz Municoy y a Sergio Todisco, un ex matrimonio que estuvo preso y que, por carriles separados, se convirtieron en arrepentidos y confesaron gran parte de la maniobra del lavado de dinero. Más tarde se sumaron a la lista de los arrepentidos Campillo, Gellert y Pochetti.
Según el dictamen al que accedió Infobae, se sostiene que "Muñoz, Pochetti, Sergio Todisco, Elizabath Municoy, Perla Aydee Puentes Resendes, Carlos Alberto Gellert y Carlos Temístocles Cortez habrían conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero con el fin canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados (en la causa de los cuadernos) y convertirlos integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud todo ello desde al menos el año 2010 y con vigencia en la actualidad".
La maniobra se habría llevado adelante con la aplicación de fondos destinados a la adquisición de bienes en el extranjero: concretamente 16 inmuebles ubicados en Miami y Nueva York, por 70.146.600 dólares.
Sin embargo, a partir de 2013 y con mayor incidencia entre 2015 y 2017, los imputados se habrían desprendido de la totalidad de esas propiedades, "aplicando complejos procedimientos financieros de venta, por los que obtuvieron una suma cercana a los 73.406.300 dólares, que en parte reintrodujeron en el sistema bancario". Fue mediante transferencias a cuentas del Banco Mercantil de Norte (México), el Citibank NA (Hong Kong, China), la Banca Privada de Andorra, el Bank of America y el Florida Community Bank (ambos en EEUU), entre otras entidades financieras ubicadas fuera del país.
Para eso, repasó la fiscalía, se confeccionaron al menos 15 sociedades jurídicas radicadas en Miami y Delaware, y en las Islas Vírgenes Británicas, "junto a un número aún no determinado de instrumentos financieros abiertos en jurisdicciones como EEUU, Suiza, Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, México, Andorra, Panamá, Uruguay, Santa Lucia, entre otros países".
Para los fiscales, con las revelaciones periodísticas de Panama Papers que salpicaban a Muñoz, se buscó desarticular todas las sociedades y vender los departamentos; el dinero obtenido reconducido hacia cuentas radicadas fuera de los Estados Unidos, detectadas en México, Hong Kong e Islas bajo soberanía británica en el Caribe. En este primer tramo de la maniobra habrían tomado intervención Campillo, su sobrino Gastón Campillo, Miguel Ángel Plo, su hija María Jesús y su yerno Federico Zupicich, entre otros. De las palabras como arrepentido de Campillo se terminó con la detención de Bounine, el ex secretario de Cristina.
La fiscalía hizo hincapié en que el origen del dinero utilizado está relacionado con la causa de los cuadernos: "Daniel Muñoz habría sido uno de los actores preponderantes en el sistema de recaudación ilícita de fondos por parte de la organización criminal investigada" en esa supuesta asociación ilícita, "a punto tal de ser sindicado como el nexo último de receptación de dinero ilícito en el domicilio de la calle Uruguay 1306 y en la residencia presidencial de Olivos, entre otros lugares".