Justicia Legítima, la asociación de jueces y fiscales que ganó protagonismo durante el kirchnerismo, emitió un comunicado de prensa para respaldar a Patricia Guichandut, la magistrada que la semana pasada provocó críticas del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta por liberar a un motochorro colombiano a cambio de 700 pesos.
De acuerdo a la visión del colectivo de funcionarios de la Justicia que integran la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y el polémico fiscal de Córdoba Enrique Senestrari -entre otros-, los cuestionamientos a Guinchadut "implican una flagrante violación a la división de poderes" y "conllevan un mensaje general para el resto de los magistrados como un claro intento de disciplinamiento".
La magistrada se defendió diciendo que no le habían informado sobre el prontuario del peligroso delincuente. Precisó además que los $700 se estimaron con relación a las posibilidades del ladrón. La semana pasada decidió finalmente habilitar la detención del delincuente para deportarlo.
El comunicado completo
Ante la amenaza y denuncias reiteradas a jueces de distintos fueros por miembros de otros poderes del Estado, Justicia Legítima, una vez más, repudia procedimientos de esta naturaleza toda vez que implican una flagrante violación a la división de poderes, pilar fundamental del sistema republicano. Entendemos que las mismas conllevan un mensaje general para el resto de los magistrados como un claro intento de disciplinamiento.
Como dijimos en el anterior comunicado con motivo de la efectuada contra los jueces del fuero laboral, medidas de esta naturaleza impactan de lleno en la moral del sistema.
Atento a ello, expresamos nuestra solidaridad con la jueza Patricia Guichandut.
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