El Gobierno pidió que el Consejo de la Magistratura investigue a la jueza que liberó a un motochorro

La solicitud ante el organismo encargado de designar y evaluar el desempeño de los magistrados lo hizo el subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial, Juan Bautista Mahiques

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El Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura

Luego de que Mauricio Macri y otros integrantes del gobierno de Cambiemos criticaran a la jueza que liberó a un motochorro, el Gobierno hizo una presentación ante el Consejo de la Magistratura para que analice la labor de la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 62, Patricia Guichandut.

La presentación la hizo el subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial Juan Bautista Mahiques. El escrito está dirigido al titular del Consejo, Ricardo Recondo, y pide la intervención de la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo en el caso de la jueza Guichandut.

Entre otras cosas, la denuncia cita las versiones periodísticas en torno al caso y le reclama al Consejo que “se instruyan los informes y medidas pertinentes para dilucidar las circunstancias vinculadas al hecho como así también si el desempeño funcional de la Dra. Guichandut se ajustó a derecho”.

Ayer, el presidente Mauricio Macri cuestionó la decisión “indignante” de una jueza que liberó a “motochorros con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país” y advirtió que “con una Justicia así, no hay policía que alcance”.

Mauricio Macri (Adrián Escandar)
Mauricio Macri (Adrián Escandar)

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario se metió en la polémica generada por la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 62, Patricia Guichandut. La magistrada había ordenado la liberación de un joven motochorro colombiano que había robado un celular en el barrio porteño de Almagro y sólo le había impuesto la pena de pagarle 700 pesos a la víctima, así como horas más tarde también dejó en libertad a otro extranjero, tres veces condenado y con pedido de expulsión de la Argentina.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue más contundente en los cuestionamientos a Guichandut: “Estoy un poco caliente con la jueza, estamos dando una pelea a fondo contra los motochorros pero juezas como ésta no ayudan en nada”.

En declaraciones a radio Mitre, el referente del PRO destacó que durante 2018 la Policía de la Ciudad detuvo a 210 motochorros y lamentó que ninguno de ellos sigue preso."Al fin y al cabo es gratis para los tipos robar, porque por más que la Policía los agarre pasan una noche en cana y salen", agregó el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires.

En el mismo sentido se expresó el vicejefe de Gobierno y ministro de Seguridad local, Diego Santilli, quien afirmó estar "indignado y con bronca" por la "falta de sentido común" de la magistrada Guichandut.

La jueza se defendió

La jueza Patricia Guichandut
La jueza Patricia Guichandut

Tras la ola de críticas, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 62 remarcó que “si se trata de modificar las reglas de política criminal, no es el Poder Judicial el que pueda dar las respuestas”. La magistrada explicó que al motochorro colombiano Jair Stevens Jurado Mora le impuso la multa “en la medida de sus posibilidades, como lo señala la ley, varias reglas de conducta entre las que se cuenta el pago de una suma dineraria en concepto de reparación del daño causado a la víctima a cambio de otorgarle la suspensión del juicio a prueba”.

A través de un comunicado, también afirmó que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) “no informó la existencia de causas penales contra Jurado Mora en el exterior ni que tuviera impedido de ingreso al país”.

En ese sentido, Guichandut advirtió que en el Registro Nacional de Reincidencia (RNR) entregado por la Policía Federal (PFA) “no surge la existencia de antecedentes penales ni procesos en trámite del extranjero”.

A la vez, la jueza aclaró que no intervino en la causa contra el uruguayo Antonio José Franco, que fue detenido mientras conducía una moto con un cómplice: tenía tres condenas cumplidas y un pedido de Migraciones para expulsarlo del país y entregarlo a las autoridades de Uruguay.

La magistrada resaltó que la ley “no establece diferencias entre ciudadanos nacionales y extranjeros”. “Si se trata de modificar las reglas de política criminal, no es el Poder Judicial el que pueda dar las respuestas”, agregó Guichandut.

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