El Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) mantiene el conflicto que inició el viernes pasado. Tal como informó Infobae, el SOMU instruyó a sus afiliados para que se comience a aplicar el "trabajo a reglamento" limitando la jornada laboral a 8 horas diarias, algo que si bien es usual en la actividad terrestre, a bordo de los buques comerciales implica la paralización lisa y llana de la actividad marítima y fluvial.
Desde hace algún tiempo, se conformó en el sector una "mesa de la productividad", una especie de foro en el que empresarios, sindicatos, centros profesionales y Gobierno intentan tornar a la actividad marítima y fluvial de un cierto nivel de competitividad que le permita sobrevivir a la competencia regional e internacional en materia de transporte por agua.
Tanto el Gobierno como los empresarios vienen pugnando por acceder a una fuerte recomposición salarial (en torno al 45%) a cambio de la modificación a la baja de los convenios laborales de los marinos mercantes argentinos. Francos compensatorios por cada día navegado, pagos extras por tareas extraordinarias, bonos por tripular buques que transportan combustible o productos químicos y otras conquistas históricas de los marinos, quieren ser revisados para adecuarlos a los nuevos tiempos.
Sostienen los empresarios, quienes indican que de no procederse de esta manera, "lo poco que queda de la Marina Mercante Argentina desaparecerá en manos de las banderas extranjeras. Incluso el cabotaje nacional".
Hace pocos días, uno de los gremios del sector (Centro de Capitanes de Ultramar) accedió a los reclamos empresariales y obtuvo una recomposición salarial acorde a la inflación a cambio de resignar su convenio laboral. La medida generó el repudio del resto de las entidades sindicales, que recordaron a este medio que hasta 2015 este centro profesional fue precisamente el aliado incondicional del SOMU a la hora de obtener conquistas que ahora parece repudiar.
No obstante el acuerdo alcanzado, si el mismo no es homologado por el resto del arco sindical marítimo se torna imposible de aplicar, ya que existe a bordo un rígido sistema de escalas salariales que impide hacer acuerdos parciales con una parte del colectivo laboral.
El SOMU es por el momento el gremio que ha adoptado una postura activa más allá del declamado rechazo del resto de las entidades gremiales, el sindicato conducido por Raúl Durdos, no se conforma con el 30% ofrecido por la patronal y no considera viable sentarse a negociar un nuevo convenio laboral.
En las últimas horas Pablo Moyano, líder de los camioneros y vicepresidente de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, hizo público el apoyo de la entidad con sede en Londres a la postura gremial, lo que renovó los ánimos en la dirigencia local ante la inacción de las autoridades laborales, que no atinan a encontrar una medida de acción efectiva ya que técnicamente los marítimos no están de paro, sino simplemente trabajando a reglamento.
Moyano sostuvo: "Este es un Gobierno que desprecia a los trabajadores, está encaprichado en llevar adelante medidas en contra de los jubilados, en contra de los laburantes, acompañamos el reclamo de todos los trabajadores, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona y por eso vamos a seguir en la calle defendiendo cada conquista para que nadie pierda la dignidad que se merece".
A casi 4 días del inicio de la acción gremial, las pérdidas por demoras o cancelaciones de servicios son millonarias. Los principales sectores afectados son los que comprenden al transporte de combustibles entre centros de extracción, refinerías y distribución de productos destilados, servicios de remolque (asistencia a buques de mediano y gran porte que ingresan o egresan de los distintos puertos) servicios de apoyo off shore, tráficos fluviales por la hidrovía Paraná Paraguay, operaciones de buques cargueros extranjeros ajenos a la medida de fuerza pero afectados por la falta de remolque y cruceros que ingresan o deban zarpar de la terminal Benito Quinquela Martín del puerto metropolitano.
En las primeras horas de la tarde de hoy la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) dio a conocer un comunicado en el que expresa:
"La huelga parcial ya lleva cinco días. Peligra abastecimiento de
combustible y de materias primas. Hay más de 70 buques parados que dan
pérdidas de 30.000 dólares cada uno, que supone un estimado de 2.000.000
de dólares diarios y en lo que lleva el paro un total de 10.500.000
dólares, esto sin contar las pérdidas ocasionadas a las terminales
portuarias y al comercio exterior e interior argentino".
Asimismo en otro párrafo de la comunicación oficial, los empresarios sostienen que: las posibles consecuencias que puede traer esta medida de fuerza, que se agravan con el paso del tiempo, son:
a) Desabastecimiento de combustible: podría producirse un total
desabastecimiento de combustible y de mercaderías de primera necesidad
en todo el territorio argentino.
b) Afectación en los puertos: se impide el normal ingreso y egreso de
buques de carga, ya que para tal maniobra, en la gran mayoría del
litoral marítimo y fluvial, son asistidos por remolcadores; cuya
operatoria también se ve sensiblemente afectada por la demora que se
produce cuando un buque debe ingresar a puerto fuera del horario de la
jornada legal.
c) Turismo extranjero: podría afectar el arribo a puerto de cruceros de
bandera extranjera, especialmente en el Puerto de Buenos Aires, cuya
estadía la tienen pautada previamente y una demora les causa importantes
variaciones en el itinerario de sus viajes.
d) Peligro: en el caso de los buques que transportan productos
inflamables exponen a peligros a la embarcación, a su tripulación y a
las instalaciones aledañas.
e) Afectación a la economía nacional: perjudicando el normal desarrollo
del comercio exterior, especialmente las commodities de carga a granel.