Causa Cuadernos: Rudy Ulloa, el ex chofer de Néstor Kirchner, será defendido por Ciro James

La causa de los cuadernos de las coimas pagadas al kirchnerismo, que comenzó con las anotaciones del chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, sumó un nuevo capítulo. Rudy Ulloa Igor, el hombre que fue chofer de Néstor Kirchner y uno de los protagonistas de su círculo más íntimo, designó como abogado defensor en la causa a Ciro James, uno de los procesados y detenidos en la causa por escuchas ilegales en el seno del Gobierno de la Ciudad. Así lo revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Procesado en la mencionada causa, Ciro James también es abogado, aunque suelen verlo caminando por los pasillos de los tribunales de Retiro; hasta ahora, las crónicas judiciales nunca lo habían localizado al frente de una causa famosa.

Según pudo saber este medio, Bonadio aceptó el escrito presentado por Ulloa, en donde se informa que designa "al doctor Gerardo Ciro James como abogado defensor". Incluso ya se le solicitó al letrado que se presente en el cuarto piso de los tribunales para notificarse de la asunción del cargo y presentar el "bono de derecho fijo", una obligación que deben presentar los abogados cuando se presentan en un expediente.

El papel de Rudy en los cuadernos, según la causa

Rudy Fernando Ulloa Igor, de 58 años, fue un personaje clave en el entorno de Néstor Kirchner. Lo acompañó como cadete en el estudio jurídico que montó en Santa Cruz mucho antes de dedicarse a la política. Cuando a Néstor le tocó la función pública, Ulloa también estuvo allí. Lo señalaron como un líder de los "punteros" del Frente para la Victoria en los 90. Más tarde se dedicó a construir un emporio de medios en Santa Cruz. La diputada Elisa Carrio apuntó a su figura y su incremento patrimonial de la mano de la familia Kirchner.

Ulloa enfrentó su primera indagatoria en Comodoro Py en agosto pasado. Llegó acompañado por su entonces abogado Adrián Tenca. Trascendió que temía quedar preso por la vorágine que había tomado la causa, pero finalmente se fue a su casa.

En septiembre fue procesado por Bonadio junto a Cristina Kirchner. En diciembre, la Cámara Federal ratificó la acusación al señalarlo como miembro de la asociación ilícita que se montó detrás de los negocios del Ministerio de Planificación para recaudar dinero ilegal. La banda, dijo la Cámara Federal, estaba liderada por la ex mandataria, el ex ministro Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta y también por los arrepentidos José López, ex secretario de Obras Públicas; Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara de la Construcción; y Ernesto Clarens, el financista preferido de Néstor.

Ulloa fue convocado a la indagatoria porque su nombre aparecía en los cuadernos que escribió Oscar Centeno, el chofer que dio cuenta de los viajes de Baratta. Aparecía en tres presuntas entregas de dinero en 2008 y 2009, en el edificio sito en la calle Viamonte 367 de esta ciudad.

"Quizá estos pagos puedan no reputarse excesivos, frente a los más de una docena que registran en su haber otros imputados.  Pero Ulloa, a diferencia de éstos, gozaba de una privilegiada posición: su estrecha relación de confianza con el ex presidente Néstor C. Kirchner, circunstancia que surge de las declaraciones de Carlos Wagner y José López", dijeron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a fines de diciembre, cuando revisaron el fallo de Bonadio. La Cámara dispuso que el embargo sobre sus bienes alcanzara los 80.000.000 de pesos

La causa de las escuchas

El macrismo siempre vio en el caso de las escuchas ilegales una intencionalidad política. Estuvo en manos del ex juez Norberto Oyarbide, quien -acusado en la causa de los cuadernos- dijo que lo amenazaban del "cogote" para sacar causas.

El expediente nació en 2009 cuando alguien llamó a la casa de Sergio Burstein, familiar de las víctimas de la AMIA y entonces de viaje oficial con la ex presidenta Cristina Kirchner. A la hija de Burstein le avisaron que a su papá lo estaba escuchando Jorge "Fino" Palacios, jefe de la Policía Metropolitana e imputado por el encubrimiento del caso AMIA. El entonces fiscal Alberto Nisman tomó el caso e impulsó la investigación contra el entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, a quien entonces Néstor Kirchner intuía como su principal oponente político.

Oyarbide avanzó en la investigación. A pedido de Nisman, detuvo a "Fino" Palacios y Ciro James. La causa avanzó hasta el procesamiento de Macri por asociación ilícita en mayo de 2010, una decisión que el entonces jefe de Gobierno ligó a razones políticas del kirchnerismo. "Antes de que empiece la causa, el procesamiento ya estaba escrito", señaló aquel día.

En la causa se descubrió un sistema a través del cual, con órdenes judiciales de magistrados del interior, se "pinchaban" teléfonos. Se sospecha que buscaban extorsionar a empresarios y dirigentes políticos. Entre las víctimas, figuraba la propia hermana de Macri, Sandra, ya fallecida, por entonces casada con un hombre que no convencía a su padre y que murió el año pasado.

En diciembre de 2015, con Macri llegando a la Casa Rosada, su defensa pidió el sobreseimiento diciendo que no había pruebas para mantener la acusación en su contra. El fiscal Jorge Di Lello y el juez Sebastián Casanello analizaron y avalaron el pedido. Con la apelación del cuñado de Macri, el tema llegó en junio de 2016 a la Cámara Federal, que confirmó el sobreseimiento del ya presidente.

El fallo fue firmado por Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, que en un primer momento junto a Eduardo Farah habían analizado la causa de Oyarbide. Un dato curioso: Oyarbide renunció a ser juez y está siendo investigado por enriquecimiento ilícito; Freiler fue destituido también en un proceso que involucraba su incremento patrimonial, mientras que Ballestero y Farah se alejaron de la Cámara Federal tras el escándalo que disparó la liberación momentánea del empresario Cristóbal López. Ballestero se jubiló, mientras que Farah pidió el pase a un tribunal de San Martín.

El juicio por las escuchas en tanto iba a hacerse en setiembre de 2017, pero se postergó. Ahora, la causa está a punto de quedar en la nada. En octubre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un recurso de Jorge "Fino" Palacios y dispuso la nulidad de todo lo actuado desde el día uno de la causa.

"Quedó así desvirtuado al menos en lo que a las intervenciones telefónicas se refiere un expediente que a la hora de actual se puede decir armado en derredor de una acción privada desdibujada durante largos años como de acción pública. Así es que en el Juzgado Federal 7, por entonces el doctor Oyarbide le atribuyó a Jorge Alberto Palacios formar parte de una estructura criminal vinculada la interceptación ilegal de líneas telefónicas que no se pudo probar", señalaron fuentes judiciales.

El fiscal de Casación Javier De Luca fue en queja a la Corte Suprema para intentar revertir esa decisión. Si el recurso no es admitido o el máximo tribunal avala la decisión de Casación, la causa quedará formalmente anulada.

Seguí leyendo