Tras las denuncias de presuntos sobreprecios y coimas en la provisión de prótesis en IOMA, reveladas en el marco de la investigación The Implant Files, el directorio de la obra social del Estado bonaerense firmó este jueves la creación de un nuevo registro de proveedores que comenzaría a implementarse en febrero, que eliminará los intermediarios, a fin de bajar costos, y será de consulta pública. Comenzará con la provisión de prótesis e internación domiciliaria, para luego continuar con el resto de las prestaciones.
Así lo adelantó el presidente de IOMA, Pablo Di Liscia, quien buscó despegar esa decisión del impacto de la investigación llevada adelante por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que integran Infobae, La Nación y Perfil. Aseguró que "se viene trabajando desde marzo en este tema y que pasó por varias instancias administrativas y de control".
El funcionario, que asumió en diciembre pasado como tercer titular de IOMA durante la gestión de Cambiemos, negó la existencia de sobreprecios en el nomenclador de prótesis de IOMA. Los precios por encima de los valores de mercado fueron denunciados por varios de los consultados por el equipo argentino de ICIJ, en el marco de las coimas cobradas por médicos prestadores de IOMA para colocar prótesis de una determinada ortopedia o empresa proveedora.
Esos pagos ilegales quedaron en evidencia, además, en los audios de conversaciones de médicos con proveedores y fueron confirmados por proveedores entrevistados que pidieron no revelar su nombre. Estas prácticas están siendo investigadas actualmente por la Justicia, y se suman a las decenas de denuncias que vienen desde la época de Daniel Scioli sobre irregularidades en la obra social bonaerense, y que se extienden a la actual gestión.
Tras aclarar que "no son médicos de IOMA" porque la obra social no los contrata en forma directa sino que firma convenios con los círculos y asociaciones que agrupan a los profesionales de la salud, Di Liscia no negó los retornos a médicos, aunque sostuvo que IOMA "no solo no avalaba esa práctica", y se defendió asegurando que fueron "proactivos en las denuncias penales".
Según un detalle que entregaron desde el organismo, desde marzo de 2016, hicieron 27 presentaciones ante la Justicia, en su mayoría contra prestadores de IOMA . Estas denuncias se refieren a casos puntuales, no a lo que muchos señalan como una práctica enquistada en la obra social. El funcionario enumeró que, además, iniciaron 250 procesos administrativos contra empleados, contratados, médicos y proveedores; suspendieron a 44 prestadores de IOMA; y desafectaron a otros 14.
La práctica de pagos ilegales exigidas por médicos a los pacientes también fue reportada por el canal de denuncias online que se habilitó enero de este año. Desde IOMA informan que recibieron unas 300 denuncias por esta vía.
Según fuentes del gobierno provincial, la gobernadora María Eugenia Vidal "pidió transparentar todo lo que se pueda la gestión, teniendo en cuenta que veníamos de años de Scioli donde IOMA estaba sospechado por todos lados". Aseguraron que "está al tanto de los cambios que está llevando adelante Di Liscia en ese aspecto" y agregaron que la gobernadora "mantiene reuniones de seguimiento permanente de gestión con IOMA, así como con el resto de los organismos y ministerios".
Di Liscia aseguró ante Infobae, asimismo, que siguen abiertas las negociaciones con las asociaciones de médicos para la implementación de un nuevo nomenclador de prácticas profesionales, y la actualización de los honorarios que cobran los médicos que prestan servicios a IOMA. Los profesionales reclaman que quedó obsoleto – data de 1958- y piden aumentar lo que cobran por cada práctica médica.
Sobreprecios en discusión
La diputada nacional de Cambiemos Graciela Ocaña había denunciado en agosto pasado ante la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) de la Provincia de Buenos Aires, que médicos prestadores de IOMA cobraban coimas pagadas por proveedores de la obra social para que elijan sus productos.
"Esta maniobra de pago de retornos no se podría llevar adelante sin la connivencia de los médicos, pero tampoco sin la participación de las autoridades del IOMA, que son las encargadas de fijar los precios establecidos en el nomenclador, que siempre están muy por encima de los precios de mercado. Sin esta condición, la defraudación no sería viable", señaló la diputada.
Testimonios de proveedores recabados por Infobae eran coincidentes respecto de que el precio establecido en el nomenclador "incluía" la coima que el prestador debía pagarle al médico. También se desprendía de los nuevos audios publicados por Infobae esta semana y que hoy están bajo investigación de la Justicia de La Plata.
En su denuncia -que fue llevada por la OFI a la Justicia -, Ocaña dio ejemplos comparativos de los valores de determinadas prótesis en el nomenclador de IOMA y su costo en el mercado. Según esos precios, IOMA estuvo pagando durante 2016, 2017 y hasta agosto de 2018, más del 500% el valor de las prótesis.
En el mismo sentido, Idelmar Seillant, presidente de la Asociación de Profesionales de IOMA (APIOMA) que integran unos 400 empleados de la obra social, afirmó que el convenio del nomenclador de prótesis que se firmó con los prestadores en 2016 tenía "valores entre un 100% y hasta un 700% superiores al del mercado, con la intención de favorecer a los empresarios con montos millonarios, que luego pagaban retornos a funcionarios de IOMA".
Sin embargo, desde IOMA negaron sobreprecios. "Los valores de la denuncia no son contrastables con la realidad", sostuvo Di Liscia. "Lo primero que hicimos al asumir en la nueva gestión fue cerrar la canilla. Un día antes de dejar la dirección de IOMA, el 9 de diciembre de 2o15, la administración anterior fijó un incremento de precios de entre el 35 % y el 50 % para las prótesis, retroactivo a octubre de 2014. Lo dejamos sin efecto, pesificamos los precios y reordenamos el nomenclador con una quita del 20%", aseguró el funcionario. Explicó que la posterior disparada del dólar "y ante la falta de oferta de ciertas prótesis porque los prestadores no querían vender a los precios de 2016, se actualizaron un 25 % para las prótesis importadas (a excepción de las de Mercosur) y las nacionales".
"Mucho por mejorar"
Di Liscia también relativizó los rechazos de los médicos de la prótesis de un proveedor, sin estar debidamente fundamentados, y el pedido de otra prótesis de una empresa determinada, que sí aceptaría pagar la coima para venderle su producto a IOMA.
Esta práctica fue denunciada ante la OFI por un proveedor perjudicado y quedó expuesta también en la documentación y audios a los que accedió Infobae. "Muchas veces el médico elige una ortopedia porque ésta asiste a la cirugía y aporta el juego de instrumental, y cada ortopedia tiene el suyo específico para sus prótesis. Por eso se hace el acuerdo logístico entre médico y proveedor antes de la cirugía", argumentó.
Sin embargo, admitió que "son los auditores médicos de IOMA lo que tienen que analizar esos rechazos" y que "todavía hay que mejorar muchos mecanismos". "Cuanto más crezcamos en auditoría, más vamos a mejorar esto. Necesitamos cambios metodológicos y la informatización de la información", agregó. IOMA tienen entre 300 y 350 médicos auditores y atiende a dos millones de afiliados bonaerenses.
Fin a los intermediarios
Sobre el nuevo registro de proveedores, Di Liscia explicó que habrá un reempradonamiento de proveedores de prótesis, órtesis y accesorios, con el objetivo de eliminar a los intermediarios -distribuidores y revendedores- y comprarle directamente a los fabricantes. "Se apuntará a que IOMA pague un 20% menos en el precio y a mejorar la calidad de los proveedores, y eliminando los que venden insumos de mala calidad", sostuvo el titular de IOMA, primer comprador a nivel provincial y el segundo a nivel nacional, después del PAMI.
Frente a la consulta del posible riesgo de que el mercado quede demasiado concentrado, aseveró que "se buscará que no haya proveedores únicos, no formar un monopolio y garantizar la pluralidad de ofertas". Desde IOMA señalaron que "actualmente hay proveedores que cotizan sin tener la prótesis en stock y provocan que las cirugías se posterguen. Eso no sucedería con los fabricantes".
El presupuesto de IOMA para este año es de 44.000 millones de pesos. De ese total, en prótesis se gasta el 5,6%, unos 2.500 millones que se destinaron a comprar unas 50.000 prótesis. Alrededor del 6 % se hizo por fuera del nomenclador, es decir por compulsa de precios.
Hoy la mayor obra social bonaerense tiene unos 500 proveedores de prótesis, órtesis y accesorios, y según las conversaciones que mantuvieron la Cámara Argentina de insumos, implantables y equipamiento médico (CADIEM) "el 80% de las prótesis que compra IOMA se podría cubrir con 20 grandes fabricantes o cadenas de distribución. El 20 % restante, por ser específicas, se cubriría con otros 20 ó 30 proveedores más".
De acuerdo a estos cálculos, en IOMA estiman que los proveedores en el nuevo registro terminarán siendo entre 50 y 100, nacionales y también fabricantes extranjeros que comercializan sus productos en el país. Estaría implementándose en febrero. "También va a implicar ganar transparencia en el proceso de compra y nuevas condiciones generales para los proveedores, como la exigencia de un seguro de caución (para garantizarle a IOMA poder ejecutar mutas ante incumplimientos) y un scoring (puntuación en base al cumplimiento de los contratos) que determinará la suspensión o remoción del registro", agregó Di Liscia.
El registro -adelantó- será de consulta pública en la web. "Es parte del proceso de que estamos encarando de digitalizar las información. Cuando llegamos, casi todo se manejaba en papel", aseguró el titular de la obra social. Como parte de la situación con que encontraron, enumera que "IOMA tenía 160 sistemas de aplicaciones no vinculadas para registrar información y 23 padrones de afiliados distintos".
Fabricantes sin controles exhautivos
Sin embargo, contratar directamente con los fabricantes no garantiza eliminar prácticas cuestionadas, ya que varios de empresas internacionales que comercializan sus productos en Argentina, reconocieron en Estados Unidos haber sobornado a médicos y funcionarios para vender sus productos en el sistema de salud público local.
"Vamos a firmar acuerdos de complace (normas de cumplimiento ético), que impliquen que los contratos puedan ser auditados, y estamos buscando que los fabricantes se comprometan a cumplir con las normas", respondió Di Liscia cuando el equipo argentino de ICIJ le planteó el tema.
La investigación global The Implant Files reveló, por ejemplo, que dos de los fabricantes extranjeros que participaron de las reuniones con IOMA por el nuevo registro, figuran entre los diez con más efectos adversos en sus dispositivos médicos, reportados en 2017 por la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos. Estos datos revelan la falta de controles exhaustivos por parte de las autoridades sanitarias oficiales. Johnson & Johnson tuvo, por ejemplo, 99.179 efectos adversos el año pasado, y se ubica en tercer lugar en el ranking. Le sigue Abbott en el cuarto puesto, con 69.007 efectos dañinos.
Nomenclador de 1958
Otra deuda pendiente admitida por el titular del IOMA es la actualización del nomenclador de prácticas profesionales en los sanatorios privados que atienden pacientes de IOMA o en consultorios particulares. Aunque parezca increíble, pese al avance de la medicina, el actual es de 1958.
"Desde hace 10 años le venimos ofreciendo a IOMA un nomenclador de prácticas y honorarios consensuado con las sociedades científicas de cada especialidad. Todos los presidentes de IOMA con lo que nos reunimos, incluido el actual, nos dijeron que es imperioso modificar el nomenclador, pero luego dicen que es necesario hacer un estudio de costos y no se avanza. No existe voluntad política de resolverlo", advierte Eduardo Martiarena, dirigente de la Concertación de Entidades Médicas Independientes Bonaerenses (CEMIBO), que agrupa a siete asociaciones médicas de las principales ciudadades de la Provincia.
Esta desactualización en el tipo de prácticas afecta a los honorarios, ya de por sí retrasados. "Así como está el nomenclador tiene prácticas que ya no se realizan más y hasta están contraindicadas, y muchas otras más modernas, no están contempladas. Nos tenemos que transformar en mentirosos para facturar, nos obligan a tergiversar la realidad para acomodar los códigos para prácticas no contempladas", agrega este traumatólogo.
Reclamo por los honorarios
El reclamo de las asociaciones de médicos incluye la recomposición del valor de los honorarios. "Hay que actualizar el nomenclador para poder cobrar lo que corresponde. Si hay sobreprecios en las prótesis, queremos ayudar a transparentar el sistema y optimizar los gastos para que podamos cobrar lo que tenemos que cobrar. Así como está, el sistema no puede seguir funcionando y nosotros no podemos seguir trabajando de esta manera", sostiene Martiarena.
IOMA negocia honorarios con dos federaciones que nuclean a distintos círculos de médicos, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) y la Federación Médica del Conurbano FEMECON). Además tiene convenios con otras siete asociaciones médicas de las ciudades más importantes de la Provincia.
Una de ellas es la Agremiación Médica Platense. "Queremos transparentar el sistema de prácticas y de provisión de prótesis para que IOMA gaste en lo que tiene que gastar: los médicos, que son los recursos humanos. Nosotros estamos pidiéndole a IOMA una actualización de honorarios del 30%", apunta su secretario, el cardiólogo Patricio Flaherty.
Según los valores actuales del nomenclador, por una operación traumatológica de costillas, clavícula, rótula o esternón, el traumatólogo cobra de IOMA entre 1.700 pesos y 2.900, dependiendo de la antigüedad y nivel de especialización. Y por una que involucra a la pelvis, el fémur, la tibia o el peroné, cobra entre 4.800 y 8.300 pesos.
Según Flaherty, IOMA interrumpió la negociación. "No hay una convocatoria con fecha precisa del organismo para hablar del tema del nomenclador. Venimos con este tema desde hace tres meses. Nosotros le presentamos la propuesta que elaboramos desde las distintas sociedades científicas en octubre. Lo aceptaron pero aún no se puso en práctica".
Desde la obra social del Estado bonaerense, desmienten que "las negociaciones estén suspendidas. "Creemos que es necesario ajustar lo que se paga hoy, pero piden un aumento del 30 % y eso implica aumentar un 30 % todas las prestaciones de IOMA", advierten.
Frente a este panorama, la Agremiación Médica Platense convocó a asociaciones de médicos y sociedades científicas de las distintas especialidades a una reunión el martes próximo, en la que "se va a analizar qué medidas tomar". No descartan la suspensión de las prestaciones como profesionales.
Causas en la Justicia
La denuncia de Ocaña por las coimas cobradas por médicos prestadores de IOMA fue derivada por la OFI a la Justicia de la Plata y recayó en la Fiscalía Nº 6 de Marcelo Romero. Entre otras medidas de prueba, este fiscal le envió un oficio a IOMA el 5 de noviembre último requiriéndole el listado de prótesis adquiridas durante los últimos cinco años, los médicos que las solicitaron, las rechazadas, los motivos y la resolución de los auditores, así como un listado de las prestadoras.
Ante la falta de respuesta del organismo, la Fiscalía lo reiteró el jueves último, y según puso saber Infobae, fue recepcionado por el Area Letrada de IOMA en el día de ayer. En la obra social negaron adeudar información o documentación solicitada por la Justicia.
Esta semana, además, fue citado en la Fiscalía un testigo -que concurrió acompañado de un abogado de la OFI- para declarar sobre los pedidos de coimas de los médicos prestadores de IOMA a proveedores de prótesis.
Romero también pidió ver la causa que está en la Fiscalía Nº2 de La Plata, a cargo de Betina De Lacky, donde recayó una denuncia anterior de la OFI en junio, que no tuvo mayores avances en estos meses. La denuncia se presentó a partir de información que acercó una persona que pidió reserva de identidad, sobre unos 20 casos similares de médicos que participaron de estas maniobras. En la investigación preliminar de la OFI constan las declaraciones de, al menos, seis pacientes afectados por esta maniobra, por la cual los médicos demoraron o suspendieron sus cirugías o, en uno de los casos, el paciente debió pagar por su prótesis de su bolsillo.
Las denuncias de Ocaña y de la OFI no son las únicas sobre este tema en la Justicia. Seillant hizo, desde el 2011, casi una treintena de denuncias desde el Sindicato Unico de Profesionales de Trabajadores y Técnicos de IOMA (SUPTTIOMA) por corrupción en las anteriores gestiones. Las últimas diez, comienzan en 2016.
Este dirigente es muy crítico también de la gestión actual, a la que acusa de "continuar" con las prácticas que había venido denunciado durante el sciolismo, y de perseguir a APIOMA y a su sindicato. "Quiero pedirle a la gobernadora que renuncien las actuales autoridades por ser cómplices de la corrupción y que haga una auditoría de corte. Le ofrecemos los profesionales de APIOMA y la documental que venimos recolectando sobre irregularidades", le dijo a Infobae.
"APIOMA reúne a unos 400 profesionales, de los cuales 70 son auditores. No defendemos a ningún auditor corrupto", sostuvo. Esta semana realizó una nueva presentación judicial porque asegura que IOMA no le paga el sueldo a los auditores que el Justicia ordenó reincorporar. SUPTTIOMA, el sindicato que preside, está inscripto pero no tiene personería gremial reconocida por el Ministerio de Trabajo.
Según adelantó, el lunes hará otra denuncia en la que, según el último análisis realizado por APIOMA, entre enero 2016 y octubre 2018, hubo 4.800 millones de pesos que se pagaron de más en IOMA por sobreprecios a empresas que estarían vinculadas a funcionarios y gremialistas de UPCN, el gremio que pisa fuerte en la obra social de la Provincia, y al que SUPTTIOMA está enfrentado.
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El equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación que participó de The Implant Files está integrado por Mariel Fitz Patrick (Infobae); Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación); Emilia Delfino (Perfil) y Sandra Crucianelli (para Perfil).