La fiscal de juicio Gabriela Baigún pidió que el ex presidente y actual senador Carlos Menem sea condenado a cuatro años de prisión y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo a tres años y nueve meses por haberle vendido en 1991 a la Sociedad Rural el predio ferial de Palermo en violación a las normas de cómo debía hacerse la operación y por 100 millones de pesos/dólares menos de su valor real.
Baigún concluyó su alegato en el juicio oral en el que también solicitó que el predio sea restituido al estado nacional. Además, pidió condena para dos ex funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación y para el ex presidente de la Sociedad Rural Ricardo Agustín de Zavalía.
La Oficina Anticorrupción –que actúa como querellante en el caso- pidió que todos los acusados en el caso sean condenados. Para Menem y Cavallo solicitó una condena de tres años de prisión.
"Han pasado 27 años del hecho, a pesar de lo cual no deja de ser un acto de corrupción cometido por las más altas esferas del gobierno de ese momento. Está plenamente acreditado que Menem, Cavallo junto a directivos de la Sociedad Rural sustrajeron de la esfera del estado el predio ferial de Palermo", dijo Baigún en su alegato en el que enumeró las irregularidades que se cometieron.
Menem firmó el 20 de diciembre de 1991 el decreto por el cual el Estado le vendió de manera directa a la Sociedad Rural el predio de Palermo. Cavallo hizo lo propio en mayo de 1992 con el boleto de compra venta. El valor de la operación fue de 30 millones de pesos/dólares porque en ese momento regía la convertibilidad. Pero el valor real era de 130 millones.
La causa judicial se inició en 1999 con una denuncia de la Asociación Amigos del Lago de Palermo. Y en junio de este año comenzó el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y José Michilini.
La fiscal Baigún dio por acreditado que Menem y Cavallo -quiénes no estuvieron en la audiencia- "quebrantaron un deber, una confianza como funcionarios públicos y vendieron en forma irregular y a un precio vil".
Baigún sostuvo que en 10 días el gobierno de Menem hizo lo que formalmente se necesitaba para la venta pero fue un proceso lleno de irregularidades. Y las enumeró: la operación fue en forma directa cuando se debió haber llamado a una licitación pública; se hizo sin la aprobación del Congreso Nacional cuando la Constitución Nacional establece que debe avalar la enajenación de tierras del estado nacional; se trataba de un bien de dominio público pero fue convertido en privado; la tasación del predio estuvo a cargo del Banco Ciudad cuando debió hacerla el Tribunal de Tasación.
Por eso entendió que Menem y Cavallo cometieron el delito de peculado y pidió que sean condenados a cuatro años y tres años y nueve meses de prisión, respectivamente. Además, requirió que se les imponga la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
También pidió que Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta, ex integrantes de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales del Ministerio de Economía, sean condenados a tres años de prisión y de Zavalía a dos años y 10 meses. Para otros sietes acusados, un ex secretario de la Sociedad Rural y quienes hicieron la tasación, la fiscal requirió su absolución.
El último punto del alegato de la Fiscalía fue que el predio de Palermo le sea restituido al estado nacional. Eso había dispuesto en 2012 la entonces presidente Cristina Kirchner a través de un decreto en el que revocó la venta. Pero la decisión fue judicializada y un fallo frenó el decreto.
Los pedidos de condena para Menem y Cavallo son de cumplimiento efectivo, mientras que para el resto es en suspenso.
Luego fue el turno de los abogados de la Oficina Anticorrupción. Pidieron tres años de prisión para Menem, Cavallo y los ex funcionarios del Ministerio de Economía. En tanto, para de Zavalía, el ex secretario de la Rural Juan Alberto Ravagnan y para los tasadores solicitaron una pena de dos años y dos meses.
Tras el alegato y a través de un comunicado, la Sociedad Rural rechazó los argumentos de la Fiscalía y la querella que calificó de "sesgados y parciales" y sostuvo que la venta fue legal.
En las próximas audiencias será el turno de los alegatos de las defensas y después el veredicto.
Este es el segundo juicio que Menem y Cavallo atraviesan juntos. Los dos fueron condenados en 2015 por el pago y cobro de sobresueldos. Menem recibió una condena de cuatro años y seis meses de prisión y Cavallo a tres años y medios. Las condenas fueron confirmadas en octubre pasado por la Cámara Federal de Casación Penal.
La defensa del ex presidente apeló la decisión de Casación para que sea revisada por la Corte Suprema de Justicia. Si ese planteo es rechazado, la condena se podrá ejecutar y se activará el pedido de desafuero al Senado para que el ex mandatario sea detenido. Por su edad – 88 años– y su estado de salud tendrá arresto domiciliario.
En una situación similar está Cavallo. Tiene 72 años –la ley habilita la prisión domiciliaria a partir de los 70– y atraviesa problemas de salud por los que requiere un tratamiento.
Menem ya lleva cinco juicios orales. Además de los casos de la Rural y sobresueldos fue juzgado por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador -primero condenado y luego absuelto-, por una cuenta bancaria en Suiza –también absuelto– y actualmente está siendo juzgado por entorpecer la investigación del atentado terrorista a la AMIA en el que tiene pedidos de condena de la Fiscalía y las querellas.
Por su parte, Cavallo tuvo tres juicios orales. La Rural, sobresueldos y por el "megacanje" de la deuda pública durante el gobierno de Fernando De la Rúa, en el que fue absuelto.