En menos de 48 horas, la Justicia frenó la aplicación del nuevo reglamento que amplía la discrecionalidad de las policías en el uso de las armas de fuego. La resolución alcanza al ámbito de la Capital Federal y prohíbe a los agentes de la Policía de la Ciudad y de las fuerzas de seguridad nacionales regirse por la normativa anunciada este lunes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, consideró "inaplicable" e "inconstitucional" la resolución 956/2018, que otorga a los uniformados una mayor libertad para disparar ante un "peligro inminente" en casos de delitos graves y persecuciones. Además, ordena al gobierno de la Ciudad a que se abstenga de adherir al reglamento federal impulsado por el Poder Ejecutivo nacional.
La cautelar fue concedida luego de la presentación de dos acciones de amparo; una impulsada por la legisladora del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), y otra por la Asociación Civil "Nace un derecho".
"Hoy presentamos amparo para que no se aplique la resolución de Bullrich. El juez Gallardo acaba de conceder la cautelar y decretar inconstitucionalidad e inaplicabilidad en la Ciudad de Buenos Aires de ese reglamento que legaliza el gatillo fácil", escribió anoche la legisladora porteña del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS) en su cuenta de Twitter.
El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, admitió que era "una opción que algún juez pudiera cuestionar la reglamentación" del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, dijo en diálogo con radio La Red que le llamó la atención el tenor de la decisión. "El juez Gallardo tiene una tendencia a avanzar sobre áreas que no son de su competencia", opinó.
Con la cautelar, quedará trunco el plan del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien anunció ayer la adhesión de la Ciudad al nuevo protocolo. "Esto es un trabajo en equipo", argumentó ayer durante la presentación de un plan de mejoras para la línea D del subte y las conexiones en la zona del Obelisco.
Desde un primer momento la medida generó controversia y un fuerte rechazo de la oposición. Sin embargo, la opinión más resonante vino desde las propias filas del oficialismo. La diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tildó de "fascista" la nueva disposición y advirtió que "viola los derechos humanos fundamentales".
"Nosotros no vamos a ir al fascismo. Esto no significa que la Policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro se le va la mano", alertó la legisladora en su cuenta de Twitter, en una mención personalizada a Patricia Bullrich.
La disposición del Ministerio de Seguridad fue decidida en el marco de la cumbre de los líderes mundiales del G20. Sin embargo, la pelea de Patricia Bullrich para que las policías no sean penalizadas por excesos en el uso de la fuerza y tengan cobertura para reprimir el delito es de larga data. En su defensa de la institución policial, la funcionaria respaldó a policías procesados y cuestionados por la Justicia, siendo los casos más destacados el del suboficial Luis Chocobar y la oficial Lucía Cespedes.
Puntualmente, el reglamento para el empleo de armas publicado el lunes en el Boletín Oficial avala que la Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) utilicen sus armas letales para "impedir la comisión de un delito grave que represente peligro inminente para la vida". También faculta su uso para los casos de "peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas, para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad, para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente y hasta lograr su detención".
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