Los argumentos clave del fallo que procesó a Paolo Rocca en la causa de los cuadernos de las coimas

El juez Claudio Bonadio no creyó que el poderoso empresario Paolo Rocca, jefe del emporio Techint, no supiera de los pagos que se entregaron a los funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner que recaudaban desde los negocios del Ministerio de Planificación y lo procesó como miembro de una asociación ilícita. Además, fue embargado en 4 mil millones de pesos, como casi todos los integrantes de la supuesta banda. Y se le prohibió la salida del país.

Así se desprende de la resolución de 127 páginas a las que accedió Infobae, en donde el juez advirtió: "Paolo Rocca habría participado junto a Luis María Cayetano Betnaza de las maniobras investigadas en la presente causa, ordenado los pagos efectuados a Roberto Baratta".

Aunque Rocca aseguró en su indagatoria que no sabía de los pagos que entregó el directivo de su firma Betnaza, ya procesado en la causa, el juez no dio crédito a esas afirmaciones: "El cargo que ostentaba no podía desconocer la existencia de los pagos efectuados por el Grupo económico al cual pertenecía".

A Rocca lo complicaron sus declaraciones periodísticas, las explicaciones temporales sobre la situación en Venezuela e incluso las declaraciones como acusado de su propio gerente institucional, Luis Betnaza.

Según Bonadio, el 16 de agosto en un congreso de empresarios que se hizo en el hotel Sheratton, Rocca "explica con un gran nivel de detalle la situación acontecida en la República Bolivariana de Venezuela".

Y añadió que el propio Betnaza contó que el pedido de dinero fue en febrero de 2007, en Venezuela, "en el marco de un evento con presencia de Paolo Rocca (y no en 2006, ni 2005)".

"Ocurrió en una gira del ex presidente Néstor Kirchner a Venezuela, para la inauguración de un pozo petrolero en la Faja Petrolífera del Orinoco en febrero de 2007, a la que asistió Paolo Rocca, que incluyó una cena protocolar y un evento al día siguiente, por lo que ROCCA se encontraba presente al momento de efectuarse uno de los requerimientos de dinero que derivaron en los pagos que habría ordenado Betnaza", sostuvo la resolución.

"Nos brinda otro indicio de la responsabilidad del nombrado en los sucesos las notas periodísticas agregadas a la presente, de las cuales se desprende que en la época que fueron efectuados los pagos el nombrado habría encabezado las negociaciones con los gobiernos de la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, por las plantas de SIDOR en este último país", se añadió.

El juez agregó que "debe destacarse que para desligarse de responsabilidad en los sucesos, el nombrado explica cómo están organizadas las distintas sociedades del Grupo, lo cual tampoco lo exime de responsabilidad, no resultando creíble la falta de conocimiento alegada". "De esta manera, si bien sostiene que 'el grupo Techint consiste en las sociedades controladas por la Holding San Faustin', posteriormente indica que cumple funciones como vicepresidente de dicho holding".

"Por ello, más allá del entramado societario que hace referencia en su declaración indagatoria, como así también en la presentación, el imputado participó en negociaciones por las que se habrían efectuado los pagos atribuidos en estas actuaciones", dijo Bonadio.

El escenario de la empresa Techint en la investigación

Según la hipótesis del juez Bonadio, "los funcionarios públicos que integraban la organización" de los cuadernos de la corrupción, "además de utilizar la sola mención de sus cargos para obtener la entrega indebida de dinero, utilizaron diferentes maniobras ilícitas para lograrlo". En ese sentido, el fallo señaló que "entre ellas corresponde destacar los sucesos ocurridos con el 'Grupo Techint' en relación a su empresa 'Siderúrgica de Orinoco' –SIDOR- que se encontraba en la República Bolivariana de Venezuela". "Así, durante el año 2005 el Director Corporativo del grupo, Luis María Cayetano Betnaza, se reunió en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, durante la Cumbre Iberoamericana con el Presidente de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías, Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, para que SIDOR no sea nacionalizada".  De acuerdo a la investigación, en esa reunión, Chávez "indicó que la firma no iba a ser nacionalizada porque estaban contentos con su desempeño".

El juez añadió que "a comienzos del año 2008 Betnaza se reunió con Rafael Ramírez, presidente de 'PDVSA' y del Ministerio de Energía de Venezuela, quien le indicó que no estaban contentos con el desempeño de SIDOR y que pensaban nacionalizarla".

"Fue así que al poco tiempo salió por decreto presidencial su nacionalización y entre abril y julio de 2008 se indicó que debían entregar la sociedad. Ante ello los directivos de la firma acudieron al Gobierno Argentino a pedir que intercediera para lograr el cobro de la empresa, pues valía mucho", se sostuvo. Los pedidos "fueron oídos" por Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, Julio Miguel De Vido, ex ministro de Planificación; José María Olazagasti, secretario de ese funcionario; y Roberto Baratta, entonces jefe de Coordinación de la cartera.

"En ese contexto, los funcionarios del Gobierno Argentino, entre los cuales tuvo una participación preponderante De Vido comenzaron a pedirle a los directivos de la empresa dinero para poder gestionar con el Gobierno de Venezuela, siendo Héctor Zabaleta el encargado de acordar con Roberto Baratta el modo de realizar los pagos y la cantidad de los mismos", dijo el juez. "A Venezuela –añadió- viajaban entre otros funcionarios Olazagati, Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández para tratar el tema de la empresa SIDOR".

"En un acto en la planta de SIDOR y luego de diferentes reuniones con funcionarios del gobierno Argentino y Venezolano, Claudio Uberti le señaló a Betnaza que Kirchner estaba enojadísimo con Techint pues no colaboraban económicamente con él. Ante ello Betnaza le señaló a Uberti que ellos no iban a colaborar lo que desembocó que Uberti le dijera algo a Kirchner al oído y se fueran del lugar en helicóptero sin saludar a nadie", relata el juez.

Según se precisó, esa situación fue interpretada por Chávez "como una falta de apoyo por parte del Gobierno Argentino a la empresa por lo que comenzaron a realizar diferentes planteos legales contra la firma, y todos con consecuencias penales". Además, "el Gobierno de Venezuela amenazaba con no dejar salir del país a todos los directivos de Sidor".

Todo ese escenario fue expuesto por Zabaleta, Betnaza y Paolo Rocca cuando tuvieron que desfilar como acusados ante Bonadio. Zabaleta, que estuvo preso, declaró como arrepentido y recibió una falta de mérito por cumplir ordenes. Betnaza admitió los pagos de su subordinado y fue procesado. Rocca afirmó que no estaba al tanto del tema. Sin embargo, el juez hoy también lo responsabilizó de asociación ilícita y cohecho activo.

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