El Gobierno formalizó el nombramiento de los diez conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ellos el dirigente radical Ricardo Gil Lavedra. La medida se oficializó ayer con la publicación de varios decretos en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.
Los conjueces son suplentes de los miembros de la Corte cuando alguno de los titulares renuncia, toma licencia, se excusa o no puede desempeñar la jurisdicción en determinados casos como, por ejemplo, los que involucran intereses de los magistrados. Para desempeñar la función, los sustitutos deben contar con matrícula de abogado.
Civilistas, constitucionalistas y en ciertos casos con identidades partidarias definidas, algunos de los suplentes designados tendrán que impartir Justicia en causas resonantes. Una de ellas es el litigio de Farmacity por su desembarco en la Provincia de Buenos Aires, donde ya se excusaron de intervenir los ministros Carlos Rosenkrantz -que fue abogado de la cadena farmaceútica- y Horacio Rosatti.
Hasta junio de 2015 los conjueces se elegían por sorteo. Desde entonces el Consejo de la Magistratura define las propuestas y el Poder Ejecutivo decide, siempre con el aval del Senado. En esta línea, la Comisión de Acuerdos había dado el visto bueno el 19 de septiembre pasado la lista enviada por la Casa Rosada con el apoyo del interbloque Cambiemos y la bancada justicialista.
El nombre más destacado de la nómina es Gil Lavedra, quien fuera integrante del tribunal que juzgó a las Juntas Militares por crímenes de lesa humanidad en la dictadura de 1976. A mediados de junio, el abogado dejó de representar legalmente a la AFIP dado a un compromiso contractural. Además, representó al organismo recaudador en el caso contra el empresario Cristóbal López en la denuncia por evasión impositiva y defendió al fiscal José Campagnoli cuando la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó pidió su remoción. Asesoró también a la provincia de Jujuy de Gerardo Morales en la acusación contra la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala.
Durante el análisis de los pliegos de los candidatos, el presidente del bloque de senadores del PJ Miguel Ángel Pichetto aseguró: "La trayectoria de los doctores realmente es extraordinaria, larga; todos sabemos la tarea que han realizado en la parte privada, en la docencia. De parte de nuestro bloque vamos a acompañar la firma del dictamen".
Los otros conjueces
Aída Kemelmajer de Carlucci
Integró la Corte Suprema de Mendoza hasta 2010. Fue coautora del anteproyecto para el actual Código Civil y Comercial junto a los ministros cortesanos Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco. Fue una de las expositoras en el Senado cuando se trató este año el proyecto de legalización del aborto. En el estrado, se mostró a favor de la iniciativa y dijo que la despenalización es inconstitucional. En 2006, a través de un fallo obligó a un hospital público a interrumpir un embarazo de una joven discapacitada que había sido abusada.
María Angélica Gelli
Es catedrática de varias universidades, entre ellas la UBA, y especialista en Sociología Jurídica. Dirige el Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Fue abogada del Grupo Clarín en la causa que lo enfrentó con el gobierno de Cristina Kirchner por la Ley de Medios. En 2006, recibió un premio Konex en Humanidades y un diploma al mérito en Derecho Constitucional. A diferencia de Kemelmajer, está en contra de la legalización del aborto.
Julio César Rivera
Es un experto en Derecho Civil y Comercial. En ese rol, integró la comisión a la que el Poder Ejecutivo encomendó para corregir el Código Civil sancionado por el kirchnerismo. Ocupa el cargo de profesor titular de la UBA, de la Universidad San Andrés y de la UADE. Preside la Asociación Argentina de Derecho Comparado. Asesoró al presidente Mauricio Macri en litigios personales y fue nombrado síndico en el concurso de acreedores de Correo Argentino.
Guillermo Lipera
Es titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Cercano a Cambiemos, fue el impulsor de varias denuncias contra el kirchnerismo y enfrentó a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. "Los piquetes son inaceptables en un gobierno democrático. Pretenden imponer sus peticiones por la fuerza a costa de afectar los derechos del resto de la ciudadanía", escribió hoy en su cuenta de Twitter. El letrado radicó una acusación contra los manifestantes que generaron hechos de violencia en el Congreso durante la media sanción del Presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados.
Verónica Torres
Fue decana de la Universidad Nacional del Nordeste. Es escribana y Magíster en Procesos de Integración Regional.
María Rosa Caballero
Se desempeñó como Defensora de Menores e Incapaces, juez de Primera Instancia Civil y Comercial, juez de la Cámara Civil y Comercial de la Jujuy, y presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, entre otros cargos directivos de asociaciones judiciales. Es especialista en derecho económico privado.
Diego Botana
Es socio del estudio Allende & Brea, uno de los más importantes buffets de abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Se define como radical, es profesor en la Universidad de San Andrés, y cuenta con un máster en Derecho en la Universidad de Duke. Junto a Rivera, es otro de los miembros que integró la comisión que revisó el Código Civil y Comercial.
Gerardo Conte Grand
Es familiar de Julio Conte Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires, con quien compartió el buffet de abogados. Sanjuanino, desde una edad muy temprana tuvo militancia política, según reza en su página oficial del estudio. En la función pública, ocupó los cargos de viceministro de Interior y subsecretario de Inteligencia durante el primer gobierno de Carlos Menem, diputado nacional (2001-2005) y legislador porteño (2000-1), entre otros. Formó parte de la Coalición Cívica hasta que renunció en 2011 en rechazo a la alianza de esa agrupación con la UCR. "Dejamos de ser una alternativa frente a ambos partidos para convertirnos en aliados de uno de ellos", expresó.
Alberto García Lema
Catedrático especializado en derecho constitucional de identidad peronista. Fue procurador del Tesoro de Carlos Menem, cargo que también ocupó entre 1974 y hasta el 2 de noviembre de 1976 como secretario letrado. Ya ejerció como conjuez de la Corte y es asesor en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Fue convencional constituyente por el Partido Justicialista en la reforma de 1994. En una entrevista con Infobae, afirmó que la legalización del aborto es inconstitucional.