Pidieron el juicio político del juez y el primer fiscal de la causa del intendente acusado de abuso sexual

Los abogados Ramiro Rua y José Luis Ghioldi pidieron hoy la apertura del juicio político al juez Raúl Sahade, a cargo la causa judicial por las denuncias por abuso sexual contra el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, y al fiscal Pablo Candela, que intervino en un primer momento como subrogante y las desestimó sin ordenar ninguna medida de prueba.

Lo hicieron en una presentación ante el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, dirigida a su presidenta, María del Carmen Battaini, en la que piden su remoción por "mala conducta" y "negligencia en sus funciones".

Juez de Instrucción Nº2  Raúl Sahade, a cargo de la causa contra Gustavo Melella.

Los letrados -quienes son de Buenos Aires y no son parte en el expediente- hacen hincapié en "la falta de diligencia en la obligación de reunir los elementos esenciales de prueba" y en su "debido resguardo y producción", y argumentan que existe "un temor razonable por la posible parcialidad de un juez".

En su escrito de 60 páginas -al que tuvo acceso Infobae– Rúa y Ghioldi mencionan que existe "un alo (sic) de corruptela judicial en el Distrito Norte, más precisamente en la Ciudad de Río Grande, donde se encuentra acusado ni mas ni menos, que el intendente de dicha localidad, no solo por acoso sexual, sino también por manejos indiscriminados del erario que se encuentra bajo su cuidado y protección, que han hecho dilapidar fondos de la comuna, con la aparente connivencia de los funcionarios judiciales".

Tras aclarar que "no se está cuestionando absolutamente nada de la actividad sexual que desarrolle el Sr.Intendente Melella, lo que aquí se cuestiona es precisamente otro hecho de significación, que es la ausencia frente a las denuncias de un poder judicial que 'hace que hace' pero no hace nada al respecto y mientras tanto, continua la corruptela judicial en Río Grande".

Y en este sentido, advierten que "por cuestiones de dependencia del poder judicial al poder político de turno,  en comunidades pequeñas como lo es la de Río Grande, nadie se atreve a denunciar".

Tras ser intimado por el juez Sahade el lunes pasado para notificarse de sus derechos y garantías, Melella debió volverse de Buenos Aires  para  presentarse el viernes último ante los Tribunales de Río Grande. Con ese acto quedó formalmente imputado por abuso sexual.

Infobae consultó al abogado de Melella, Francisco Ibarra, sobre la denuncia contra Sahade y Candela, pero dijo desconocer el texto de la presentación, por lo que declinó opinar sobre la misma.

Hechos inescindibles

En la presentación,  Rúa y Ghioldi analizan la actuación de Sahade y Candela en el expediente judicial, que se inició el 28 de agosto pasado a partir de  una denuncia del abogado de Río Grande Francisco Giménez, por "las posibles maniobras efectuadas por funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad de Río Grande, quienes con la finalidad de defraudar los fondos del erario público, habrían otorgado obras públicas a dos empresas (Patagonia Constructora y Marino Luis Vaquera), las que habrían efectuado facturaciones por obras que ellas finalmente no efectuaron".

En su denuncia, recuerdan que Giménez advertía que "esas obras fueron materializadas por otras personas que no pudieron cobrar el dinero correspondiente por el trabajo que efectivamente realizaron, y a cambio de recibir el pago por la labor prestada, se les requirió que presentaran facturas que indicaban en su detalle servicios que nunca prestaron. Es decir concretamente facturación apócrifa con daño a la administración."

Según Rúa y Ghioldi, "los delitos contra la administración no parecerían ser más que la ocasión para el presunto abuso coactivo (por parte de Melella) o ambas cosas a la vez, como en los hechos ocurrió", sostienen al destacar "lo inescindible de los hechos imputados".

Se refirieron así a la denuncia en sede judicial como testigos de los trabajadores de la construcción Damián Rivas, Alfredo Suasnabar y Mario Lovera, a cuyas declaraciones accedió Infobae en exclusiva, y a dos de los cuales entrevistó a cámara en Río Grande.

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Para los abogados denunciantes, "el testimonio de Lovera da cuenta que el hecho no era aislado, sino que constituía un mecanismo o sistema por el cual la satisfacción de los deseos sexuales del intendente se combinaba con el sistema de contrataciones del municipio. Así, refiere que poco tiempo después 'me preguntó si conocía gente del norte para traer a trabajar a esta ciudad', en las condiciones ya expuestas. Y en este contexto menciona a otra de las víctimas, 'el canoso'", en referencia a otro obrero también oriundo de Formosa, de nombre Alejandro, que aún no declaró en la causa.

La demora en preservar pruebas

Los letrados resaltaron entre los causales de mal desempeño por parte del juez Sahade, la demora en preservar y peritar los celulares de las presuntas víctimas y del denunciado, pese que los propios denunciantes los habían ofrecido, ya que tenían los mensajes de Whatsapp de Melella. "Fueron las supuestas grabaciones o audios, provenientes del celular del imputado y dirigidas a las víctimas, en donde se manifestaban o quedaban al descubierto algunas de las maniobras denunciadas", destacan los letrados.

Tras la imputación del fiscal mayor Guillermo Quadrini hace una semana contra Melella por "abuso sexual coactivo", el juez dispuso recién el lunes 29 de octubre que sean entregados en el Juzgado, este miércoles 7 de noviembre, cuando Rivas y Suasnabar se presenten a ratificar su petición de ser querellante por los abusos.

El teléfono de Lovera será presentado por su patrocinante, ya que Lovera se volvió a Formosa luego de hacer la denuncia, "muy avergonzado" porque su nombre trascendió y lo sucedido se hizo público en el barrio, según le dijo Giménez a Infobae.

Los abogados que pidieron el jura contra Sahade y Candela también cuestionan que el magistrado no haya dispuesto "pericias a las víctimas", así como tampoco "asistencia legal, psicológica y social", ni protección, tal como dispone el protocolo de asistencia en casos de delitos contra la integridad sexual.

En este sentido, mencionan que la querella expuso ante Sahade "cómo se intentaba obstruir la acción de la justicia, a través de empleados municipales, quienes en nombre del Sr. Intendente Melella, ofrecían trabajo o intentaban sobornar a las víctimas".

En una presentación realizada el 2 de octubre, Giménez identificó como el presunto autor de esas "ofertas de trabajo y dinero a cambio de silencio" a Héctor Daldi, empleado del Concejo Deliberante local. Sin embargo, pese a que ofreció "prueba tendiente a comprobarlos y solicita medidas judiciales tendiente a proteger a los testigos", advirtieron en que la única respuesta del magistrado fue "la lacónica mención 'Téngase presente', que en el contexto de la investigación (…) no puede sino interpretarse casi como una convalidación a lo sucedido".

Héctor Daldi, el presunto enviado para "comprar" el silencio de los denunciantes.

En ese punto, Rúa y Ghioldi hacen mención también a la llamada "doctrina Irurzun", por el camarista federal Martín Irurzun a quien se le atribuye haber instalado entre las posibilidades de entorpecimiento de una investigación, "la capacidad de influencia" o "poder residual" en el caso de ex funcionarios.  Y si bien consideran "discutible en términos de garantías constitucionales" esta nueva doctrina, "ello no puede llevar a que entonces, se consolide la 'doctrina Sahade', que frente a las obstrucciones a la justicia, sencillamente no se haga nada. O más preciso, que sabiendo de la obstrucción, se limite a tenerlo presente".

Por otro lado, también advierten que no se ordenaron "auditorías sobre las obras y contrataciones", tras acceder a los expedientes administrativos mediante una orden de presentación dirigida a la Municipalidad.

La actuación del fiscal Candela

En cuanto a la acusación al fiscal Candela, los abogados señalan que "sin haber acudido a las medidas que imponen los protocolos para estas actuaciones, ni merituar la situación social de las víctimas o el grado de vulnerabilidad, solicita la desestimación de la denuncia".

Fiscal Pablo Candela, el primero que tuvo el expediente como subrogante.

Para los abogados, "no se debe olvidar la situación de minusvalía de las víctimas del hecho, frente a una situación de secuestro dentro de la ciudad como Río Grande, sin posibilidad de irse, es casi como decir que existía una gran casa del intendente que hacía que las víctimas quedaran casi secuestradas a merced del mismo y sus antojos, y lo que es más grave aún (…) con fondos del Estado y con la connivencia de la Justicia".

Según Rúa y Ghioldi, "configura una notoria deficiencia funcional la omisión (por parte de Candela) de solicitar cualquier tipo de prueba tendiente a la constatación de los ilícitos denunciados relacionados con el abuso" que "se tradujeron en un obrar arbitrario que, luego, motivó la declaración de nulidad", por parte del propio Sahade. Y destacaron que el Candela "en otras situaciones, al investigar los mismos ilícitos, toma una actitud abiertamente distinta", tal como reveló Infobae sobre un caso en el que intervino contra un policía acusado de acoso sexual por una subalterna.

La presentación ante el Consejo de la Magistratura fueguino menciona la serie de notas publicadas por Infobae, la última de las cuales se refirió a la estrategia de Melella de apostar a su alianza con el influyente camarista provincial, Ernesto "Nené" Loffler, para sortear la causa judicial.  "Lo que se esconde detrás de tanta manifiesta irregularidad, omisiones y desaciertos procesales. "La orden", como lo expone la nota, hasta el momento, parece estar cumpliéndose", concluyen Rúa y Ghioldi.

El camarista Ernesto Loftier, uno de los más influyentes en la Justicia local.

El organismo que designa y remueve jueces en la provincia más austral del país está integrado, además de por Battaini, jueza del Supremo Tribunal de Justicia, por el fiscal de Estado de la Provincia, Virgilio Martínez de Sucre; el Jefe de Gabinete de la gobernadora Rosana Bertone, Leonardo Gorbacz; el legislador del oficialismo provincial, el justicialista Federico Bilota; su colega radical Pablo Blanco; y los representantes de los abogados de Ushuaia y Río Grande, Oscar Juan Suárez y Miguel Ángel Castro.

En principio, según fuentes del entorno de Bertone -quien está enfrentada a Melilla, ya que aspira a disputarle la gobernación el año próximo- además de Gorbacz y Bilota, votarían a favor de la apertura de un proceso de juicio político el fiscal de Estado, el representante de los abogados de Ushuaia, y el legislador Blanco. Este calculo superaría, en principio, los 4 votos necesario para iniciar el proceso del jury de enjuiciamiento.

Luego de este paso, la decisión de avanzar queda en manos del fiscal al que le toca este año, el representante de los abogados de Río Grande, Castro, que es quien debe acusar.

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