Rechazaron un pedido de Cristina Kirchner para apartar a dos jueces de la causa "La Rosadita"

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de los abogados de la ex presidente Cristina Kirchner para apartar del expediente a los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens, de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

La Sala IV, integrada de manera unipersonal por el juez Gustavo M. Hornos, consideró que el abogado defensor, Carlos Beraldi, no presentó motivos serios en sintonía con las normas que habilitan la remoción de magistrados.

Beraldi había planteado que los jueces Irurzun y Llorens se excedieron en sus funciones al citar a indagatoria a la ex presidente en la causa conocida como "La Rosadita". Para el abogado, esa decisión generaba un temor de que los magistrados no sean imparciales en el futuro, ya que al ordenar la declaración de la ex mandataria ya se habían formado una opinión sobre su responsabilidad en la causa.

El juez sostuvo además que el llamado a indagatoria fue ordenado por los magistrados en el marco del ejercicio de sus funciones y atribuciones específicas sin que existiera causal de prejuzgamiento. Dijo que la citación a indagatoria se basó en que "Lázaro Báez fue el encargado de brindar el entramado societario para captar los fondos públicos (causa 'Vialidad Nacional'), de vehiculizarlos parcialmente a las manos privadas de quienes entonces eran funcionarios públicos (causas 'Los Sauces' y 'Hotesur') y también sacar fondos del país para posteriormente reintroducirlos de manera de ocultar su origen (en esta causa, conocida como 'la ruta del dinero'), por lo que se encuentra configurada la sospecha que señalan los acusadores acerca de la participación de Cristina Kirchner en estos últimos hechos en tanto es dable entender su vinculación con, al menos, parte de esos fondos".

En la causa se investigan las maniobras realizadas supuestamente por el empresa Lázaro Báez a través de la financiera SGI (La Rosadita) para sacar del país dinero ilegal proveniente de la obra pública y su posterior reintroducción en el país.