El Presupuesto, la marca de la violencia y el final de los acuerdos políticos

Apenas aprobado el Presupuesto en Diputados, lo primero que hicieron legisladores oficialistas y funcionarios del Gobierno fue un rápido recuento de los votos aportados por gobernadores del PJ y de fuerzas provinciales. La cifra le daba dimensión al resultado de varias y larguísimas negociaciones. Eso, mientras las miradas seguían puestas en las imágenes de la violencia callejera y en el intento, básicamente kirchnerista, de frustrar la sesión. No se trataba de lecturas contradictorias: habían estado en juego las chances de un acuerdo político difícil, quizás el último en la antesala de la campaña 2019.

La votación de los diputados, pero sobre todo el contexto, le dieron al hecho un relieve que trascendió al proyecto en cuestión y claramente superó los límites acotados del interés social por la política. Por eso mismo, este capítulo del Presupuesto –el próximo, en el Senado, se perfila menos intenso y más previsible- terminó por poner en primer plano no el debate en sí mismo sobre lo que expresa el Presupuesto en términos económicos, sino hasta dónde pueden forzarse los límites del sistema.

Parece claro que lo que estuvo en tela de juicio fueron al menos dos niveles políticos y, en un sentido básico, ideológicos.

En el primer nivel, la confrontación es entre una visión que contempla la disputa y el acuerdo como parte de un ejercicio no contradictorio, y otra mirada según la cual la competencia sólo puede ser entendida en términos de enemigos sin espacios de convergencia. En el segundo plano, lo que entra en discusión es si el propio escenario de la pulseada política puede colocar en un escalón secundario las reglas de funcionamiento inherentes al sistema, hasta el punto de violentarlas.

Dicho a riesgo de perder matices, el punto de la disputa en el recinto fue mucho más que la letra y los números del Presupuesto. Para el Gobierno, su sanción en Diputados constituía un objetivo central, pieza realmente clave para sellar el segundo entendimiento con el FMI y evitar una nueva escalara de la crisis abierta por el dólar. Evaluado tal vez en esa misma categoría crucial, para el kirchnerismo resultaba estratégico ya no el rechazo –era sabido que el oficialismo contaba con votos suficientes del peronismo federal y de algunas fuerzas provinciales-, sino voltear directamente la sesión.

Eso último lo colocó en zona de desprecio del juego legislativo. Y lo condujo a una posición formalmente contradictoria y esencialmente riesgosa, frente a la violencia que un par de centenares de manifestantes desplegaban fuera del Congreso de manera persistente.

El kirchnerismo sostuvo, en resumidas cuentas, que lo que ocurría en la calle era pura obra de infiltrados –servicios de inteligencia, policías- para justificar la represión a la protesta y convertir la violencia en un cortinado que ocultara el debate sobre el ajuste. Pero su reacción fue montarse sobre esa violencia para intentar que la sesión abortara: la caída o suspensión del debate habría representado un golpe político –con muy probable impacto financiero-, capaz de agudizar el delicado cuadro que enfrenta el Gobierno camino a las elecciones.

En el medio, quedaron dando vueltas interpretaciones y sospechas sobre el origen y las características de los episodios callejeros. Lo menos recomendable suele ser el razonamiento mecánico que supone encontrar un beneficiario para "descubrir" al autor. ¿Sólo fue obra de provocadores, infiltrados? ¿No hay grupos dispuestos a tales prácticas en su hervor supuestamente ideológico? ¿La repetida jugada kirchnerista no sugiere de mínima coautoría? Tal vez, hasta pueda suponerse una convergencia de factores y promotores, fuera de la expuesta intencionalidad de su uso político en el recinto.

El rechazo frontal al proyecto y la dureza del discurso, en particular del kirchnerismo, también apuntó a dividir aguas con el peronismo de los gobernadores. Un cuadro especialmente incómodo para sectores como el massismo, que viene afirmando vínculos con los jefes provinciales del PJ y al mismo tiempo ha endurecido sus posiciones frente a la gestión de Mauricio Macri, algo expreso en Diputados.

Eso también explicaba la distensión en el oficialismo a la hora de contar los votos, porque anticiparía un número significativo de respaldos para la próxima prueba, en el Senado. La proyección no es lineal, pero se supone que la prueba decisiva fue dada en Diputados. En un par de semanas, se verá.

Por lo pronto, en el Gobierno destacan que la actitud de buena parte de los gobernadores fue vital para la "media" sanción y esperan que se repita en la votación de los senadores, por lo general de sintonía más nítida con los gobernadores de sus distritos.

En el listado de apoyos destacan el aporte de los legisladores que responden al cordobés Juan Schiraretti, el sanjuanino Sergio Uñac, el entrerriano Gustavo Bordet, el chaqueño Domingo Peppo y el riojano Sergio Casas. También anotan a gobernadores que demandaron mayores gestiones, en el marco del agregado al pacto fiscal, como la catamarqueña Lucía Corpacci y el chubutense Mariano Arcioni.

En lugar destacado también registran el aporte de los jefes de fuerzas provinciales: en primera línea, el misionero Hugo Passalacqua y el santiagueño Gerardo Zamora, que suele anotarse en los encuentros de sus pares del PJ. Otro dato significativo, aunque en zona de menor compromiso, refiere a los legisladores del PJ que eligieron abstenerse, como ocurrió con quienes responden políticamente al tucumano Juan Manzur. No acompañaron directamente, aunque le restaron volumen al rechazo, que finalmente sumó 103 votos frente a los 138 que aprobaron.

En quince días, se ha dicho, será el turno de los senadores. Después, quizá quede resto para consensuar algún otro proyecto, de menor intensidad que el Presupuesto. Difícil encarar un tejido como el que expresó este acuerdo político. Ahora sí asoma la campaña.