Mientras Pablo Moyano participa en Singapur del Congreso Mundial de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), el juez de Avellaneda Luis Carzoglio estudia en la otra cara del planeta el pedido de detención que el último viernes hizo el fiscal Sebastián Scalera.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el magistrado definiría a "última hora del martes" si el vicepresidente del Club Atlético Independiente conserva la libertad o va a prisión, sospechado por Scalera de integrar una asociación ilícita.
Basado en testimonios de barras bravas detenidos, entre ellos el de Pablo "Bebote" Álvarez, "jefe" de la tribuna, detenido desde noviembre de 2017, y en la interpretación de conversaciones telefónicas hechas sobre los implicados, el fiscal avanzó en la acusación sobre Moyano respecto de su participación en la organización en su calidad de líder.
Scalera considera a Pablo Moyano sospechoso de integrar una asociación ilícita junto a la primera línea de la barra, que se dedicaba a defraudar al club de Avellaneda a través de la venta ilegal de entradas y el uso de socios truchos, operaciones por las que el club no percibía ingresos.
Para el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, a cargo de la investigación después de que fue corrida del cargo Viviana Giorgi, "Bebote" Álvarez, Pablo Moyano -aún peleados entre sí, según las escuchas- y parte de la barra se dedicaron entre 2014 y 2017 a gestionar, obtener, imprimir y revender entradas y "protocolos" para los partidos del equipo sin que la recaudación ingresara al patrimonio de Independiente. En los próximos meses, pericias informáticas y contables determinarán cuánto dinero perdió el club a partir de estas supuestas maniobras.
Esta semana se sabrá si la investigación continúa con Moyano detenido o imputado pero en libertad. "El pedido de detención podría denegarse si el juez considera que los argumentos que aporta Scalera en su resolución no son suficientes para privar de la libertad a Moyano", comentó a este medio una fuente que conoce el expediente, quien no descartó que Carzoglio finalmente rechace la solicitud del fiscal.
A pesar de que, como imputado, podría continuar el proceso hasta el juicio en libertad, Scalera pidió la detención porque considera que existe riesgo procesal si Moyano está fuera de prisión; esto es o entorpecer la investigación o fugarse. Aunque el líder sindical, que está volviendo de Singapur el jueves, ya aclaró que no piensa escaparse de la Justicia.
Además de Pablo Moyano también está siendo investigado el secretario general de Independiente, y mano derecha de los Moyano, Héctor "Yoyo" Maldonado, sobre quien por ahora no pesa el pedido de detención. Fuentes del caso consultadas por este medio aseguraron que Scalera estudia reevaluar los roles dentro de la presunta asociación ilícita. Maldonado, por ahora, es sospechoso de ser un "miembro" de la organización pero no se descarta que se lo reubique en la estructura.
Del mismo modo, si bien al principio también se incluía a Hugo Moyano en la asociación ilícita, fuentes del caso aseguraron que hasta ahora no se encontraron pruebas firmes para acusar al histórico líder de Camioneros y actual presidente de Independiente.
En el entorno del fiscal no esperaban que la noticia del pedido de detención trascendiera el ámbito judicial al menos hasta la decisión de Carzoglio, pero Infobae adelantó la novedad el viernes por la noche.
Enterado de la resolución del fiscal, Pablo Moyano respondió desde Singapur. Aseguró que no cree que lo detengan cuando aterrice en Ezeiza y calificó de "payaso" a Scalera.
"Hace un año o dos hay una persecución política, mediática y judicial de parte del Gobierno. Scalera es un instrumento de (la ministra de Seguridad de la Nación) Patricia Bullrich y de la señora (Elisa) Carrió, que constantemente están presionando al juez Carzoglio y a (Luis) Armella. Creo que no le van a dar bolilla", remarcó Pablo Moyano desde Asia, quien además consideró que el pedido de detención "no tiene sentido".
Según declaró en sus cinco indagatorias "Bebote" Álvarez, la organización levantaba en un pendrive datos de socios falsos y entradas de protocolo en una oficina del edificio Franco Argentino, en el segundo piso de la calle Hipólito Yrigoyen 460, en Capital, y que las retiraba Damián Lagaronne, otro de los detenidos, ya que Álvarez estaba peleado con Pablo Moyano.
De acuerdo con el relato, de ahí iban a la sede del club, ubicada en la avenida Mitre 470, de Avellaneda Centro, donde con ese pendrive imprimían bonos, protocolos y constancias de pago de cuotas sociales, que luego ensobraban. "Damián pasaba a buscar los protocolos de las plateas que les daba Moyano, que eran 100, los bonos para entrar a la Tribuna norte Baja, por una cantidad de 1.200 y los bonos que no estaban tributados", fue la versión de Álvarez y agregó que les entregaban ya los bonos ensobrados por barrios y que Lagaronne los repartía.
Scalera cree que el rol del líder de Camioneros en la organización era el de "jefe". Habrá que esperar a ver qué decide el juez Carzoglio el martes a última hora. O si se trata de un "miembro" que, en este sentido, acataba órdenes de "Bebote" Álvarez, conocido en la jerga interna de la barra también como "Carbón", quien estaría al frente de la asociación ilícita.
Luis Carzoglio recibió la "causa Independiente" luego de que el juez de Lomas de Zamora Gabriel Vitale se declaró incompetente por una cuestión de territorialidad, ya que la denuncia fue radicada en Avellaneda. En su momento, Carzoglio, ex director del Cementerio de Avellaneda, no aceptó la causa y finalmente, en agosto pasado, la Cámara definió que era él quien debía tomar el caso.
"Esto arrancó como una investigación contra las barras y terminó en los Moyano", comentó a este medio una fuente que transita los pasillos de Lomas de Zamora.
Desde el viernes por la noche, casi todo el arco sindicalista repudió el pedido de Scalera. Pese a estar enfrentados en la interna de la CGT, la conducción oficial de la central obrera apoyó a Moyano, exigió el "cese de las maniobras de hostigamiento y persecución", y reclamó al gobierno nacional que "se abstenga de seguir atacando a las organizaciones sindicales por el solo pecado de defender dignamente los derechos de los trabajadores".
Para el padre de Pablo, Hugo Moyano, se trata de "una movida para tapar el retroactivo que piden del pago del gas. Como le ha salido mal, ponen todo este tipo de excusas para distraer la atención de la gente que la está pasando mal".
"Los abogados están trabajado y ven que no hay ningún motivo real para hacer este tipo de acusaciones. Nosotros hemos pedido la apertura de paritarias, el martes tenemos una reunión en el Ministerio de Trabajo. Nosotros estamos pidiendo la actualización de los salarios y casualmente sale esto justo ahora. Cuando sacamos adelante una acción gremial tratan de frenarnos con estas cosas", agregó Moyano padre.
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