Pese a estar enfrentados en la interna de la CGT, la conducción oficial de la central obrera salió a apoyar al secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, luego de que ayer el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, ordenara su detención preventiva en el marco de la causa por asociación ilícita en el Club Atlético Independiente.
A través de un comunicado, la CGT giró un comunicado de repudio al pedido de detención a Pablo Moyano, en el que exigió el "cese de las maniobras de hostigamiento y persecución", y reclamó al Gobierno nacional que "se abstenga de seguir atacando a las organizaciones sindicales por el solo pecado de defender dignamente los derechos de los trabajadores".
En uno de los peores momentos de la relación entre el Gobierno y la central obrera, la conducción cegetista señaló que las causas contra Pablo y Hugo Moyano forman parte de una "campaña de persecución a dirigentes gremiales" con el doble objetivo de "distraer la atención a la tremenda crisis económica que padece el pueblo argentino y a la vez amedrentar al movimiento obrero organizado para que no continúe con el Plan de lucha".
"No escapa siquiera al más distraído la voluntad explícita del Gobierno de llevar a la familia Moyano a prisión. Impúdicamente lo ha manifestado en repetidas oportunidades la diputada Carrió y muchos funcionarios del Gobierno, adjudicándole hasta al propio Presidente ese objetivo de forma personal", agregó el escrito que lleva las firmas de los secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, y de los secretarios Jorge Sola (Prensa) y Julio Piumato (DDHH).
De esta manera, la representación del movimiento obrero salió a responder la orden de detención del fiscal Scalera, sobre la cual tendrá que definir el juez federal de Avellaneda Luis Carzoglio. El requerimiento apunta a Pablo Moyano en su rol de vicepresidente de Independiente que, de acuerdo a la instrucción judicial, estaría involucrado en una asociación ilícita que se dedica a defraudar al club a través de la venta ilegal de entradas y el uso de socios "truchos".
Para la CGT, estas acusaciones son "denuncias judiciales infundadas de trámite express, lo que inscribe un capítulo más del avance en tándem que la política, la justicia y algunos medios de comunicación vienen fogoneando pretendiendo tapar el sol con la mano, en su incesante carrera de acallar alas voces disidentes a un modelo claramente agotado".
"No vemos otra intención que la de amedrentar a los dirigentes sindicales en el marco de una política económica que agrede salarialmente a los trabajadores y al conjunto del pueblo argentino, donde la devaluación, la brutal suba de las tasas de interés, la recesión, los tarifazos y la pérdida salarial y de puestos de trabajo están afectando" al país, enumera el comunicado.
Si bien Daer y Acuña son cuestionados por Pablo y Hugo Moyano por su su liderazgo moderado frente al Poder Ejecutivo, ambos dirigentes salieron en su apoyo, y señalaron que "la vigencia y legitimidad popular" de las organizaciones gremiales "han sido refrendadas por los trabajadores en los paros nacionales de junio y septiembre cuando exigimos el cambio de esta política económica".
"Continuaremos al frente de los reclamos y no abandonaremos la lucha, con una causa judicial o con mil", concluyó el comunicado.
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