Sergio Schoklender y José López quedaron a un paso del juicio oral por la causa "Sueños Compartidos"

La fiscal federal Paloma Ochoa ordenó este martes profundizar la investigación sobre la actuación de Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, en la causa "Sueños Compartidos", mientras que pidió mandar a juicio por esa maniobra a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, al ex secretario de Obras Públicas José López, su segundo, Abal Fatala y otra decena de personas.

El pedido se hizo ayer ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien consideró que una parte de la investigación estaba concluida respecto de una veintena de imputados y corrió vista a las partes para enviar ese tramo del caso a juicio oral. En la causa se investigan los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y lavado de dinero.

En la nómina de Martínez de Giorgi no figuraba el ex ministro Julio De Vido,  con una falta de mérito inicial y procesado directamente por la Cámara Federal. Según indicaron fuentes judiciales, el juez no lo había incluido en la nómina para ser elevadas a juicio porque su procesamiento no está firme y aún debe ser revisado por Casación.

La fiscal Ochoa en tanto entendió que la investigación no estaba para ser "cerrada" sobre Hebe de Bonafini, procesada por administración fraudulenta. Por eso solicitó llevar adelante una serie de medidas de prueba –que por el momento no trascendieron-.

Para quienes sí se pidió que el caso sea enviado a juicio oral fue para los Schoklender, López y Fatala, Daniel y Silvia Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano por entender que "conocían que las contrataciones en las que había sido beneficiada la Fundación habían sido adjudicadas de forma directa por un acuerdo preexistente". La fiscal añadió que los Schoklender "supieron y tuvieron la voluntad de desviar parte de esos fondos percibidos, luego de los cual realizaron distintas maniobras financieras de las que resultaron directa o indirectamente beneficiados".

El pedido de elevación de juicio oral involucró también Alejandro Gotkin, Daniel Laurenti, José Fernando Caparrós Gómez y Gustavo Serventich, entre otros. Según el Ministerio Público, intervinieron en las operaciones financieras, inmobiliarias y comerciales para "dotar de apariencia lícita los fondos ilegalmente detraídos desde la Fundación Madres de Plaza de Mayo".

Mientras tanto, se sigue avanzando con la "pata financiera" de las maniobras que se llevaron adelante para quedarse con dinero público que estaba destinado a la construcción de viviendas sociales

"La Secretaría de Obras Públicas transfirió un importe de 748.719.414,64 pesos –sin perjuicio de que el monto original comprometido ascendió a 1.295.218.967 pesos- para la ejecución de las obras convenidas, suma de la que fueron sustraídos 206.438.454,05 pesos, lo que equivale al 23,54% de la financiación total otorgada", señaló la fiscal.

Ochoa también entendió que con la prueba colectada "se encuentra corroborado que, con el objeto de dar apariencia lícita a los montos ilegítimamente percibidos, por intermedio de un complejo esquema de reciclaje, se canalizaron las sumas de dinero desviadas a terceras personas y empresas que percibieron los valores sin contraprestación alguna relacionada con la actividad propia de la Fundación Madres de Plaza de Mayo". 

La causa conocida como "Sueños Compartidos" se inició en el 2011 y recayó en manos del entonces juez federal Norberto Oyarbide que detuvo a los hermanos Schoklender, famosos protagonistas de un parricidio en los años 80, y a quien Hebe de Bonafini había adoptado como un hijo cuando en los años 90 Sergio obtuvo la libertad.

El escándalo enfrentó a Sergio Schoklender con Bonafini, quien responsabilizó a su ex protegido de haberle robado el dinero de la Fundación y se desligó de todas las irregularidades en el caso, mientras que Sergio Schoklender se defendía acusando públicamente a De Vido y a López.

En el 2013, tras una serie de fallos críticos, la Cámara Federal apartó a Oyarbide de la investigación y desprocesó a los Schoklender, momento a partir del cual la causa quedó en manos de Martínez De Giorgi. Tras un proceso de auditorías, informes y recobro de información, el juez llamó a todos a indagatorias, lo cual le valió un tironeo con la titular de Madres que se resistió a ir a Comodoro Py. En mayo de 2015, De Giorgi procesó a los Schoklender, Bonafini, López y Fatala. 

Hubo falta de mérito, sin embargo, para De Vido y los gobernadores y jefes comunales que firmaron convenios, mientras que se procesó a varios de los personajes que participaron en la "ingeniería financiera" de los cheques que habían ingresado a la Fundación.

El caso llegó a la Cámara Federal por las apelaciones de los imputados. Bonafini, sin embargo, no apeló y su procesamiento quedó firme. En la Cámara Federal no solo se confirmaron los procesamientos de los que apelaron sino que además revocaron la falta de mérito de De Vido y lo procesaron por defraudación. "De Vido comprometió los intereses confiados al poner en marcha e implementar un sistema irregular -que se mantuvo vigente durante un largo período de tiempo- que permitió la salida de una gran cantidad de fondos públicos al amparo de obras que se ejecutaron bajo las condiciones", explicó la Cámara en el fallo.