Causa de los cuadernos: Cristina Kirchner intenta construir una última trinchera de defensa

El tono podría ser interpretado como desafiante, pero en rigor se trata del nuevo y más restringido espacio en el que Cristina Kirchner decidió asentar su defensa verbal. La ex Presidente sostuvo que nada que sea investigado podrá vincularla personalmente con las causas por corrupción e ironizó sobre las excavaciones en el Sur. Lo dijo apenas un día después de que Claudio Bonadio la procesara junto a catorce ex funcionarios y allegados a ese circuito de poder, 22 empresarios de primera línea, un financista, dos ex choferes, un ex juez y un ex operador kirchnerista en el ámbito de la Justicia.

"Nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno", dice uno de los párrafos del escrito que ayer mismo presentó ante el juez Sebastián Casanello en la causa por la denominada Ruta del dinero K, aunque con otros y obvios destinatarios: Bonadio y el caso de los cuadernos de las coimas.

Ese texto, con la conocida referencia a una amplia persecución política, deja unos pasos atrás a la defensa de sus voceros formales e informales, que continúan hablando de la "causa de las fotocopias" para descalificar enteramente la investigación que arrancó con los obsesivos apuntes de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, fuente de todo tipo de especulaciones, atractivas pero superadas por la realidad. En menos de dos meses, una sucesión vertiginosa de hechos puso de relieve que ese recurso lucía pobre, débil como principal pilar defensivo.

En cambio, el escrito ante Casanello refrenda otro planteo que de manera más directa es presentado por sus defensores de mayor exposición mediática: según ese discurso, si no son halladas cuentas ni son descubiertos fajos de dinero en algún escondite, no hay delito comprobado. Al margen del frágil y elemental flanco jurídico que ofrece ese argumento, en la misma línea pública se anotó la ex Presidente al decir que no encontrarán nada que la involucre aunque excaven en toda la Patagonia. La idea no fue impresionar a la Justicia, sino buscar su repercusión pública: el texto fue tuiteado sin demoras desde sus oficinas.

Cristina Kirchner buscó así descalificar la investigación, pero centralmente en lo que hace a ella misma. No abundó sobre los núcleos del procesamiento, que describe un amplio sistema de corrupción y por primera vez coloca a empresarios como la otra terminal de las coimas, además de rozar las operaciones judiciales como elemento del negocio que debería garantizar impunidad.

Eso es lo que expresa la resolución del juez. Fueron procesados dueños o ejecutivos de empresas de primera línea, entre ellos Luis Betnaza, Angelo Calcaterra, Enrique Pescarmona, Carlos Mundin, Alejandro Ivanissevich y Aldo Roggio. También, la primera línea del entonces ministerio de Planificación –varios, con otras causas en paralelo-, empezando por Julio De Vido, José López y Baratta. Eso, con el agregado significativo de los procesamientos a Norberto Oyarbide y, en el mismo e implícito renglón, Javier Fernández, auditor de la Nación y operador de peso en el terreno judicial durante la gestión kirchnerista.

Bonadio sostuvo su medida en que todos integraban -con distinto grado de responsabilidad, naturalmente- una asociación ilícita para el ida y vuelta de coimas, a costa del Estado, que financiaron en parte la política pero que, centralmente, enriquecieron a funcionarios y alimentaron el negocio de muchas compañías. En la misma dirección, rechazó el relato inicial que restringía todo a un juego extorsivo impuesto a los empresarios para financiar ilegalmente las campañas.

Precisamente ese primer atajo argumental fue dinamitado por las declaraciones de los arrepentidos Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción, y su sucesor en la entidad, Juan Chediack. Quedó descripto un sistema de cartelización para obras públicas, con acuerdos de sobreprecios y retornos.

El quiebre de ese pacto de silencio fue seguido por otro, el de ex funcionarios. Claudio Uberti y José López aportaron declaraciones que confirmaron y ampliaron los datos de los cuadernos y las confesiones de los empresarios.

La irritación en el círculo más estrecho del kirchnerismo con algunos empresarios y con los ex funcionarios arrepentidos ha trascendido sin muchos cuidados, especialmente en el Congreso. Pero sus voceros más solventes evitan entrar en la confrontación con los datos de la causa para concentrarse en la defensa de la ex presidente, que se declaró ajena a cualquier mecanismo de recolección de plata ilícita.

No se trata sólo de dinero "físico". Aún dejando de lado las denuncias sobre el crecimiento del patrimonio personal y las que aluden a posibles testaferros de la ex presidente, como Lázaro Báez, resulta evidente que la asociación ilícita referida por Bonadio fue construida desde el poder. Y parece claro que el sistema de corrupción superó por mucho el uso de fondos ilegales exclusivamente para la actividad política.

De todos modos, ese último no es un renglón menor, aunque suele ser reducido de manera ingenua o intencionada al financiamiento de las campañas electorales. Los fondos ilegales en la política representan bastante más que eso: generan pactos que involucran a distintos eslabones de la cadena política, salpican o comprometen a sectores de la Justicia, generan mecanismos subterráneos de "campañas" contra opositores y hasta sostienen circuitos que lindan o se mezclan también con organismos de inteligencia.

La ex Presidente concentra sus esfuerzos en la negación de su involucramiento personal en un sistema cuya descripción es impactante y que aún podría agregar más elementos, según circula en medios políticos. Construye así su más apretada línea de defensa, individual, algo difícil en una causa con otros 41 procesados.