Presupuesto: el difícil acuerdo político enfrenta ahora su prueba decisiva

La reunión de los gobernadores con Mauricio Macri coronó finalmente un difícil acuerdo político sobre el Presupuesto 2019. No es poco. Fue muy trabajado, consumió meses, sufrió con las tensiones de los picos de la crisis. Y lo que viene no pinta más sencillo: en medio del optimismo moderado que dominaba anoche el circuito oficialista, el cálculo del trámite legislativo apuntaba a fines de octubre para aprobar el proyecto en Diputados y a noviembre para coronarlo en el Senado. Será una prueba extensa y a la vez contundente para medir la solidez del trato con la oposición.

"Siempre habrá algún arañazo". Un diputado de la primera línea oficialista resume así la que supone sigue ahora, mezcla de confianza en que el Presupuesto será aprobado y de realismo frente a una negociación que será seguramente compleja, dura. En paralelo, como señal de que nadie imagina cierta distensión, desde el Gobierno confirmaban también que el proyecto será presentado el viernes o a más tardar el lunes a primera hora, para cumplir con los tiempos legislativos. Y agregaban que el ministro Nicolás Dujovne inauguraría la semana próxima presentándose en comisiones de Diputados.

Voceros del Gobierno se habían encargado de difundir en los días previos a la cita con el conjunto de jefes provinciales y el encuentro en la Casa Rosada, sobre todo durante el fin de semana, que lo que podía esperarse como cierre de esta etapa de tratativas era un acuerdo marco, político, con trazos gruesos que pintaran el concepto de "Presupuesto de consenso y con equilibrio fiscal".

La definición apuntaba a desarmar el imaginario de un proyecto ya definido rubro por rubro, tarea áspera que deberá ser encarada en el Congreso. Y sobre todo buscaba, de manera preventiva, bajar expectativas que, incumplidas, podrían generar un efecto negativo en los mercados. Esto, por supuesto, se verá, y se verá además si la política sigue aceptando considerar a los mercados como mesa examinadora.

Pero aun computando el mensaje más amplio al mundo económico, el entendimiento con los gobernadores, en especial los peronistas, terminó cambiando la lógica de ciertas previsiones. Apenas anunciada la decisión de volver a sentarse a negociar con el FMI, en medios políticos se analizaba que habría que esperar que esa reconsideración del Fondo fuese sellada para sentarse a abrochar los puntos del Presupuesto. En otras palabras, el implícito era tener más claridad financiera para entonces, sí, hacer números sobre recortes del déficit.

Ocurre que rápidamente ese esquema se fue desvaneciendo y se impusieron otras metas, fruto de una realidad que requería una lectura más fina y que de hecho trastocaba aquel orden lineal. Tanto, que fue extremado el objetivo de reducción del déficit al punto de pasarlo del 1,3% del PBI a cerca de cero para 2019.

Un primer renglón resultó impuesto por cuestiones formales nada desdeñables: se trata de presentar el proyecto de Presupuesto en fecha, a mitad de este mes, lo cual en sí mismo representa un mensaje de mínima normalidad institucional. No sería un dato menor en medio del panorama crítico de la economía. Resultaba claro que las renovadas tratativas con el FMI –aún allanado el camino por el potente respaldo político y práctico de Estados Unidos- trascenderían inevitablemente la fecha registrada en el calendario legislativo.

Por consiguiente, se resolvió mantener el ritmo intenso de las conversaciones con las provincias dando por sentado que las garantías frente a los compromisos financieros del año próximo finalmente serán otorgadas por el Fondo. No solo se trató de una cuestión de confianza local, sino también de un reclamo no escrito del Fondo y al mismo tiempo de los mercados, más allá de las fronteras locales.

Dicho de otra forma: la conducción del FMI dio señales de que el acuerdo con los gobernadores se había convertido de hecho en un insumo central para certificar el compromiso de reducir drásticamente el déficit, aun en la perspectiva de un año electoral. Habrá que ver ahora cómo se valora el trabajoso gesto de la reunión de los gobernadores con el Presidente.

La primera lectura de lo ocurrido ayer, desde el encuentro de los jefes provinciales con Rogelio Frigerio hasta la cita en Gobierno, registra en lugar destacado el abandono de la idea inicial restringida a la poda presupuestaria y suma en materia impositiva, con algunas todavía imprecisas respuestas a los reclamos de los gobernadores. Deja claro que el traspaso de subsidios afectará especialmente a la provincia de Buenos Aires y a la Capital –objetivo con fuerte dosis electoral del PJ- y también que María Eugenia Vidal está dispuesta a dar batalla. Todo eso alimentará la discusión que viene en el Congreso.

Pero desde el punto de vista estrictamente práctico, las últimas conversaciones entre el Gobierno y los representantes de las provincias exhibieron que tampoco el PJ tiene posición unificada. Las diferencias superan la simple división entre negociadores y duros. Y generan la obligación, podría decirse, de un tejido de acuerdos muy prolijo y seguro para garantizar la votación, especialmente en Diputados.

El oficialismo pondrá especial cuidado en las conversaciones con buena parte de la representación de los gobernadores del PJ. Y también, con los representantes de las provincias en manos de fuerzas locales (Santiago del Estero, Misiones, Río Negro, Neuquén), que aportarían una docena de diputados en caso de ser cerrado el acuerdo. Para completar, existe voluntad de volver a transitar puentes, algunos de ellos reconstruidos en las últimas semanas, con el massismo.

La planilla de presencias de ayer indica que además de los cinco jefes de los distritos manejados por Cambiemos, estuvieron los gobernadores de cuatro de las cinco provincias opositoras no peronistas –faltó el socialista santafesino-, y diez de las catorce que administra el PJ. Las ausencias peronistas no tienen el mismo sentido. El entrerriano Gustavo Bordet, ayer de viaje, integra el equipo de los más negociadores. El pampeano Carlos Verna es un duro que disputa su propio partido en la interna. Alicia Kirchner detesta al macrismo pero negocia, cuando puede con bajo perfil, por la crisis de su provincia. Y Alberto Rodríguez Saá ahora orbita alrededor del kirchnerismo, pero con sueños nacionales propios.

El Congreso mostrará a partir de la semana próxima cómo se acomodan todas esas piezas. Estará a prueba entonces la consistencia del acuerdo político sobre el Presupuesto, alcanzado con el discurso compartido de garantizar gobernabilidad y seguramente por el cálculo que desaconseja desarmar ese juego y ponerle más combustible al motor de la crisis.

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