El fallo que estudian con atención los senadores ante un posible nuevo pedido de desafuero de Cristina Kirchner

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Cristina Kirchner, en el Cámara de Senadores (REUTERS/Marcos Brindicci)
Cristina Kirchner, en el Cámara de Senadores (REUTERS/Marcos Brindicci)

Está circulando por los despachos del Senado un fallo que podría demoler la "doctrina Pichetto" esgrimida por varios legisladores para impedir el desafuero de sus colegas con pedido de detención. Se trata de una resolución del juez federal Sergio Torres mediante la cual dispuso el procesamiento del diputado kirchnerista Leopoldo Moreau.

Este escrito está siendo estudiado en los últimos días por los senadores y podría ser la llave del desafuero de Cristina Kirchner, quien ya tiene un pedido de detención por la causa del Memorándum con Irán y podría sumar otro en el expediente de los cuadernos de Oscar Centeno. En su resolución, el juez Torres dejó en claro que los fueros no protegen a los legisladores por delitos cometidos antes de asumir su cargo ni por conductas que no tengan estricta relación con su función.

En la causa en cuestión, se le atribuye a Moreau haber incurrido en un acto de carácter público en el que se alentó o incitó a la persecución u odio de los miembros de la comunidad judía argentina. En concreto, del diputado Waldo Wolff, a causa de sus creencias religiosas.

El 2 de noviembre de 2017, en el programa Minuto Uno que se emite por C5N, Moreau manifestó: "Ahora están haciendo una sobreactuación, a través de Wolff y otros agentes del Mossad en la Argentina, que son los que están llevando adelante toda esta campaña de difamación".

Así -según Torres- identificó al diputado Waldo Wolff como un agente del Mossad con el objeto de extranjerizarlo por su religión judía. El magistrado procesó a Moreau por considerarlo, en principio, autor del delito de incitación a la discriminación.

El diputado nacional Leopoldo Moreau (Télam)
El diputado nacional Leopoldo Moreau (Télam)
 

Los argumentos del juez Torres en esa causa son ahora un fuerte antecedente jurisprudencial sobre el alcance de la inmunidad que la Constitución Nacional le otorga a los legisladores. Este criterio echaría por tierra lo que vienen sosteniendo hasta el momento en la Cámara Alta para evitar el desafuero de alguno de sus miembros con orden de detención, como es el caso de Cristina Kirchner.

Torres sostuvo que la inmunidad alegada por Moreau no puede ser tenida en cuenta porque no hay conexidad entre los dichos del legislador de Unidad Ciudadana y su tarea como Diputado de la Nación. El magistrado afirmó, además, que los funcionarios no pueden ampararse en las inmunidades establecidas en la Constitución Nacional para cometer delitos. En el caso de Moreau, a través de sus declaraciones, pero argumentó que puede hacerse extensivo a la comisión de cualquier ilícito.

La protección constitucional de los legisladores, dijo Torres, es para toda expresión en las sesiones de las Cámaras, reuniones de comisión o con motivo de redactar un proyecto de ley, la emisión de sus votos en la Cámara y la publicación de su opinión por la prensa.

(REUTERS/Alberto Raggio)
(REUTERS/Alberto Raggio)

"Pero no comprende las expresiones u opiniones vertidas por los legisladores fuera del desempeño de sus funciones", estableció. Los dichos de Moreau -señaló el juez- "no pueden estar conectados con sus tareas de legislador ya que en ese momento aún no había asumido su banca como tal".

En resumen, el magistrado marcó con claridad los alcances de las inmunidades –lo que popularmente llaman fueros– de los legisladores estableciendo que no pueden ser esgrimidos como protección de delitos cometidos antes de asumir el cargo o para lograr impunidad de conductas que no tengan que ver con la función legislativa.

Esta línea argumental está siendo estudiada en profundidad por los senadores frente al pedido de desafuero con fines de detención de la senadora Kirchner en la causa por la firma del Memorándum con Irán y ante la posibilidad cierta de una nueva solicitud de la Justicia en el caso que investiga el pago de sobornos por parte de las empresas al gobierno kirchnerista para ser beneficiadas con la adjudicación de obras públicas.

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