El Gobierno prepara dos frentes legales para combatir al terrorismo en la Argentina

El reciente congelamiento de bienes y dinero del Clan Barakat, de estrechos vínculos con la organización Hezbollah y con operaciones paralelas en El Líbano y la Triple Frontera, ratificó la decisión del Gobierno de avanzar en lo inmediato en dos frentes legales concretos contra el terrorismo: por un lado, ya se redactó en el nuevo proyecto de Código Penal un innovador esquema de penas contra los grupos vinculados al extremismo en la Argentina y, por otra parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) tiene redactado el anteproyecto de ley contra el lavado de activos vinculados al terrorismo para girarlo al Congreso en las próximas semanas.

Se trata de dos medidas concretas que el gobierno de Mauricio Macri está dispuesto a concretar en lo inmediato en su lucha contra el terrorismo internacional teniendo en cuenta los informes de inteligencia exterior y de la AFI que alertaron sobre una importante presencia de grupos extremistas como Hezbollah en la Triple Frontera y de bandas de narcotraficantes que aportan fondos de financiamiento al fundamentalismo islámico.

Según revelaron a Infobae cinco fuentes del Gobierno, la idea de Macri es avanzar en dos frentes legales para actualizar la normativa argentina en materia de lucha contra el terrorismo y dar señales de transparencia a los países que integran la OCDE, espacio donde la Argentina busca ingresar como miembro pleno.

La UIF a cargo de Mariano Federici empezó a redactar un proyecto de ley en coordinación con el Ministerio de Justicia, la AFI, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad donde extiende la actual penalización de los elementos que componen el fenómeno terrorista: el acto terrorista, la organización terrorista y el financiamiento del terrorismo.

Así, en el anteproyecto de ley que redactó la UIF se contemplarían penas severas a la financiación del terrorismo incorporando la figura de la "asociación ilícita terrorista". Este sería el caso concreto del Clan Barakat en la Triple Frontera y con operaciones en Iguazú.

También en el proyecto de la UIF se establecerá que el plazo para el reporte de una operación sospechosa de financiación del terrorismo será de 48 horas, computados a partir de la fecha de la operación realizada o tentada.

Según pudo saber Infobae, Federici ya habló de esta reforma con asesores legales de la AMIA, la DAIA, la embajada de Estados Unidos y expertos internacionales en lucha contra el terrorismo de la Unión Europea.

En paralelo a esta reforma que impulsa la UIF, el Gobierno avanzará en otro frente que es la reforma al Código Penal.

En el Capítulo XIV del proyecto del nuevo Código se estableció un apartado especial sobre "terrorismo y financiamiento". Allí se establecen los siguientes puntos innovadores en esta materia:

Tipificación. El artículo 314 establece que "se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad sexual, la propiedad, el ambiente, la seguridad, la salud o el orden público, el orden económico y financiero, o informático, previsto en este Código o en Convenciones Internacionales, cuando se lleve a cabo con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Penas. La escala penal prevista para el delito de terrorismo se elevará en el doble del mínimo y del máximo. En los casos de penas no divisibles, el del delito cometido con esa finalidad tendrá la pena de prisión perpetua. A la vez, se impondrá prisión de 5 a 20 años y 60 a 240 días-multa, al que tomare parte en una asociación ilícita destinada a cometer alguno de los delitos previstos en el artículo 314. El mínimo de la pena de prisión se elevará a 10 años para quienes promuevan, organicen o dirijan la asociación.

También se impondrá prisión de 5 a 10 años y 60 a 120 días-multa, al que, "con la finalidad de capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos previstos en este Título, recibiere adoctrinamiento o adiestramiento de combate, o en técnicas de desarrollo de armas de destrucción masiva del tipo nuclear, química o biológica, de elaboración o preparación de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o específicamente destinados a facilitar la comisión de esos delitos".

También se impondrá la misma pena a quien para esos mismos fines o para colaborar con una asociación terrorista, se traslade fuera del territorio nacional para convertirse en combatiente terrorista.

Financiamiento. En este apartado, el proyecto de ley del nuevo Código Penal contempla una prisión de 5 a 15 años al que, "directa o indirectamente, por sí o por persona interpuesta, recolectare o proveyere dinero, cosas, bienes o cualquier clase de activos con la intención, con la consecuencia posible de que se utilicen o con conocimiento de que será utilizado, en todo o en parte, para financiar o para cometer cualquiera de los delitos" de terrorismo. Hasta ahora no hay materia alguna legal en la Argentina que prevea ello.

Así, las penas establecidas en el Código Penal se impondrán independientemente de si ocurre o no el delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiera, aun si los bienes no fueran utilizados para su comisión.

El uso de armas. También se prevén penas de hasta 15 años para aquellos que "recolecten o provean dinero, cosas, bienes o cualquier clase de activos, con la intención, con la consecuencia posible de que se utilicen o con conocimiento de que será utilizado, en todo o en parte, para desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas de destrucción masiva del tipo nuclear, química o biológica y sus sistemas vectores" para el terrorismo.

El apoyo de Estados Unidos

Según pudo saber Infobae, el camarista Mariano Borinsky, que estuvo a cargo de la comisión redactora del nuevo Código Penal, se reunió esta semana con Nathan Sales, embajador en Contraterrorismo del Departamento de Estado en Washington.

Durante ese encuentro, Borinsky hizo una presentación del proyecto de reforma del Código Penal en las Oficinas de Contraterrorismo y Narcotráfico del Departamento de Estado. Y según se supo, el embajador norteamericano señaló la importancia de que la Argentina pueda aggiornar las leyes vigentes a los tiempos actuales. Mañana, Borinsky continuará con esta agenda de encuentros en Washington en el Departamento de Justicia para presentar los avances del Código Penal y el martes 10 participará de un simposio Internacional sobre terrorismo en el Wilson Center.

El viernes pasado, durante un acto que se hizo en la Plaza Seca de la sede de la AMIA para conmemorar un nuevo aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, el titular de la mutual judía Agustín Zbar lanzó un reclamo al Gobierno para actualizar cuanto antes la legislación argentina en materia de lucha contra el terrorismo. Lo escuchaban atentos el embajador norteamericano Edward Prado y diplomáticos de Rusia y la Unión Europea.

"No podemos permitir que el fenómeno del terrorismo internacional encuentre en nuestros países un ámbito propicio para consolidarse y perpetrar sus acciones. La comunidad judía sabe que la negligencia solo ayudará a consolidar a nuevos y viejos actores que amenazan nuestra paz y seguridad interna", dijo Zbar a Infobae.

Así, el titular de la AMIA remarcó que "es necesario en la Argentina contar con un aceitado mecanismo de cooperación e intercambio de información entre Estados para perseguir, combatir, y castigar a los responsables. No podemos permitir que el fenómeno del terrorismo internacional encuentre en nuestros países un ámbito propicio para consolidarse y perpetrar sus acciones violentas. La negligencia solo ayudará a consolidar a nuevos y viejos actores que amenazan nuestra paz y seguridad interna".

Por su parte, Nicolás Dapena, experto en terrorismo y ex integrante del equipo de investigación de la ONU en Siria y Yemen, destacó a Infobae que "la prioridad número uno ahora en la Argentina debe ser el contrafinanciamiento del terrorismo".

Dapena remarcó que "el Código Penal argentino tiene notorias falencias en materia de acto terrorista ya que lo regulan como un agravante de cualquier delito, desde abigeato hasta estafa, organización terrorista y también del Financiamiento del Terrorismo, dado que el tipo penal es tan amplio que nadie sabe cuál es el alcance ni cómo aplicarlo".

Por otro lado, este especialista que trabajó en Siria sobre un informe de uso de armas químicas en la guerra que allí existe añadió que "Argentina sigue sin tener listados de organizaciones terroristas de elaboración propia". Por eso, evaluó que la sanción reciente que puso la UIF al Clan Barakat por financiar a Hezbollah "termina siendo nula dado que Argentina no lo tiene catalogado como organización terrorista y la ONU tampoco".

Emanuele Ottolenghi trabaja en Washington para la Foundation for Defense of Democracies y es uno de los expertos más conocidos en investigaciones sobre la presencia de Hezbollah en América Latina. En diálogo con Infobae expresó: "bien hace Argentina al actualizar sus leyes. Argentina sufrió el más grande atentado terrorista del hemisferio occidental antes del 11 de septiembre, entonces claramente está vulnerable a ataques. Modernizar sus leyes es un paso necesario y sabio, sobre todo porque los desafíos del terrorismo internacional y su financiación en el siglo 21 son muy diferentes del pasado".

Al parecer, el gobierno de Macri marcha hacia ese camino y a diferencia de otras gestiones hoy parecería existir una decisión firme en la lucha contra el terrorismo en todas sus variables.