Los puntos más resistidos por la oposición del Código Electoral que impulsa Larreta en la Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires no tiene un Código Electoral propio. Siempre se rigió por las leyes electorales nacionales. Desde 1996, cuando se sancionó la Costitución porteña, se presentaron más de 40 proyecto de ley pero ninguno alcanzó el consenso necesario para ser aprobado.

Actualmente, cuatro proyectos diferentes se debaten en comisión. Uno de ellos es impulsado por el Ejecutivo porteño, que se muestra confiado de tener los 40 votos necesarios para sancionarlo, aunque tal vez deba aceptar algunas modificaciones. Estiman que entre fines de septiembre y mediados de octubre podría llegar al recinto, pero la implementación de la mayoría de sus artículos quedaría para después de las elecciones.

"Es importante destacar que hubo siete Dialogandos hace dos años donde se armaron mesas con gente de todos los sectores. Este proyecto tomó las principales conclusiones de esas mesas", explicó a Infobae la legisladora y presidente de la Comisión de Reforma Política Natalia Fidel (Vamos Juntos) que presentó uno de los proyectos en discusión.

Puntos en común

Entre las novedades que plantean el proyecto oficialista se destacan dos que serían apoyadas casi por unanimidad: paridad de género en las listas y obligatoriedad de los debates entre candidatos.

En ese sentido, la regla estipula que hombres y mujeres deben integrar las listas en la misma proporción y se eliminaría el sistema d'Hondt para la adjudicación de lugares la conformación de las boletas tras las internas porque este método puede llevar a que queden dos personas del mismo sexo seguidas. Cada partido determinará internamente cómo elaborarán las listas para garantizar la paridad.

En cuanto a los debates, serán obligatorios, con garantías de igualdad de condiciones y transmitidos por medios públicos. Aún resta definir cuál será la pena para los candidatos que no participen (podría incluso ser una multa económica).

Otro tema que no trajo grandes disputas fue la regulación de la observación electoral por parte de las ONG. Los interesados en participar como veedores del escrutinio y el cómputo de los votos deberán registrarse ante el Instituto de Gestión Electoral (órgano que se creará con esta ley) y cumplir con algunos requisitos básicos.

Puntos de conflicto

– La insistencia del oficialismo, tanto a nivel nacional como local, en utilizar la Boleta Única Electrónica ha generado importantes críticas y es uno de los artículos en los que no hay acuerdo. Tanto el radicalismo como el kirchnerismo rechazan su implementación por las posibles fallas de seguridad.

"Sobre la Boleta Electrónica ya está todo dicho. Es un sistema cuestionado por especialistas y que casi no se usa en el mundo. Insistimos con la Boleta Única de Papel, como lo venimos haciendo desde hace años", dijo a Infobae Juan Francisco Nosiglia, legislador porteño de Evolución y dirigente de la UCR porteña.

Desde el oficialismo reconocen que podría haber cambios en la redacción del texto en favor de la Boleta Única de Papel, pero aclaran que con "posibilidad de implementar tecnología" a criterio del Instituto de Gestión Electoral (órgano creado por el nuevo Código). Hasta el momento, si las elecciones son simultáneas con la Nación se utilizarían boletas múltiples de papel y si son separadas, boleta electrónica como en 2015.

– Los aportes de las empresas a las campañas también causaron polémica, especialmente tras las causas judiciales desencadenadas por los cuadernos del chofer Oscar Centeno y los aportantes falsos en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto oficial plantea un esquema mixto en el cual los fondos privados no pueden superar el 50% del tope de financiamiento (calculado en base a la cantidad de electores). A su vez, de los aportes privados solo el 5% puede ser de personas jurídicas (empresas) que además no podrán donar más del 5% de las ganancias netas que declararon el año anterior. Así, una empresa que dio pérdida no podría aportar. Por su parte, de los fondos públicos, la mitad se repartiría en forma igualitaria entre todos los partidos políticos y el otro 50% en base a la cantidad de votos obtenidos en la última elección general.

Mientras que desde el kirchnerismo se inclinan por el financiamiento 100% público (al igual que la Coalición Cívica y la UCR a nivel nacional), desde Evolución, el espacio que impulsa la candidatura de Martín Lousteau, proponen ampliar los fondos estatales pero dejando lugar para el financiamiento privado.

Para el oficialismo, la prohibición de los aportes de empresas sancionada en 2009 no impidió otro tipo de prácticas menos transparentes, algunas de las cuales salieron a la luz con el escándalo de los cuadernos. Por eso, el proyecto busca aceptar los aportes privados en orden de poder regularlos y darles transparencia.

En el mismo sentido se expresó Delia Ferreira, presidente de Transparencia Internacional, quien aseguró que la prohibición de aportes de empresas "no impidió los aportes, los escondió; fomentó el uso de aportantes-fachada; dificultó acceder a información sobre el origen del dinero; ocultó compromisos, compra de favores, decisiones y decretos; ocultó los conflictos de interés; facilitó los aportes prohibidos y no impidió en nada la influencia de las empresas en la política".

Para garantizar la transparencia se crearía un Registro de Donantes online que permitiría a los ciudadanos saber en tiempo real qué empresa aportó a cada partido -y cuánto-, como ocurre en Estados Unidos y Europa. Además, todos lo aportes deberán estar bancarizados.

Ante la falta de acuerdo incluso existe la posibilidad de que el artículo sea sacado del texto para incluirlo -y debatirlo- el año que viene como parte de la ley de partidos políticos.

– Finalmente, la posibilidad de que el jefe de Gobierno decida si las elecciones se hacen en forma simultánea o por separado de las nacionales también generó cierto rechazo. No tanto por parte del kirchnerismo, que se podría ver beneficiado si se nacionaliza la elección, sino principalmente del radicalismo.

"Unificar las elecciones, desde nuestro punto de vista, vulnera la autonomía de la Ciudad porque los debates sobre el presupuesto, los impuestos, la administración del subte, la política educativa o la gestión de la salud van a quedar, naturalmente, postergados por la agenda nacional", plantea Nosiglia.

En cambio, para el oficialismo esta potestad, que tienen casi todos los gobernadores, "fortalece la autonomía" porque le da al jefe de Gobierno la libertad de elegir. "La articulación con la Nación también es importante, que vayan juntas también hace a un diálogo entre las políticas locales y nacionales", argumentó la legisladora Natalia Fidel.

Otras novedades del código

El proyecto oficial propone la creación de un Instituto de Gestión Electoral encargado de administrar los procesos electorales y de un Tribunal Electoral destinado a dirimir los posibles conflictos que surjan en los comicios.

El Instituto, que para el oficialismo debe ser uninominal y para parte de la oposición colegiado, se encargará de la distribución de los aportes públicos para el financiamiento de las campañas electorales y el espacio en los medios de publicidad y la aprobación para cada proceso de las tecnologías a utilizar en cada llamado en torno a la emisión del sufragio, el escrutinio y la transmisión de los resultados.

Consensos

Si bien las negociaciones continúan, desde el oficialismo se muestran confiados en contar con los 40 votos necesarios para aprobar el Código, más allá de que alguna fuerza pueda votar en contra de algún artículo en particular (pero votar a favor de la norma en general).

No obstante, no todos comparten el pronóstico. "Todavía no tenemos decidido cómo vamos a votar el Código en general porque no hay un texto definitivo. Si siguen estando todas la diferencias veremos qué hacemos", aclara Inés Gorbea (Evolución), quien presentó uno de los proyectos.

Tras más de un año de debate en comisión todavía podrían hacerse modificaciones al texto. Aunque es probable que en las próximas semanas se llegue a un dictamen que permita la votación en el recinto para octubre.