La Comisión de Acuerdos del Senado, encargada de analizar el pliego de Inés Weinberg de Roca, la elegida por Mauricio Macri para la Procuración General de la Nación, no se reunirá este miércoles como estaba previsto.
La explicación oficial es que la sesión se suspendió producto del estancamiento de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición, que están más concentrados en la discusión en torno al Presupuesto 2019 que deberá llegar al Congreso antes del 15 de septiembre. Sin embargo, hay otras circunstancias que complican el arribo del pliego al recinto.
Esta semana circuló un paper entre los legisladores de la Cámara Alta que revela algunos datos que podrían sepultar la suerte de la jurista. Ese informe vincula a un allegado a su familia con los apellidos que están imputados en el escándalo de corrupción que develó Oscar Centeno con sus cuadernos.
El involucrado es Eduardo Roca, hijo del esposo de la magistrada, el diplomático Eduardo Alejandro Roca, quien antes de fundar su estudio de abogados forjó un extenso pergamino con varios pasos por la función pública. Por ejemplo, fue embajador ante las Naciones Unidas durante la última dictadura militar –asumió pocos días antes del inicio de la Guerra de Malvinas–, y pasó por la Embajada en los Estados Unidos y por la Organización de los Estados Americanos durante la Presidencia de facto de Juan Carlos Onganía.
Parte de la información que llegó al Senado ya fue corroborada por los investigadores. Es que del análisis de los documentos que involucran a ex funcionarios del kirchnerismo y a empresarios en una trama de pago de coimas, surge que Eduardo Roca (hijo) compartió varios negocios con el financista Ernesto Clarens, uno de los imputados que busca ser beneficiado como arrepentido pero aún no logró que el juez Claudio Bonadio le homologue el acuerdo. "Roca es socio, amigo y cerebro jurídico de todas las jugadas que hizo Clarens en los últimos años", describen.
Según surge de la maraña de sociedades y movimientos financieros analizados en varios expedientes, Clarens fue el hombre que diseñó parte del esquema de lavado de dinero que se habría utilizado para expatriar las coimas que ex funcionarios admitieron haber recaudado por orden de Néstor y Cristina Kirchner. También aparece vinculado a varios de los negociados de Lázaro Báez que son objeto de análisis por la Justicia federal y a otras irregularidades que parecen increíbles. La última, revelada este miércoles, es que facturó en blanco una coima millonaria a un empresario beneficiado con contratos de obra pública.
Para comprender la relación entre el financista y Roca –que ya había sido revelada por Infobae en 2016– hay que revisar los papeles de Credisol, empresa que monopolizó el negocio de los préstamos entre los empleados públicos de Santa Cruz durante la Gobernación de Néstor Kirchner y –tiempo después– se transformó en uno de los principales clientes de los hoteles de la familia presidencial.
Roca era director de la compañía y Clarens uno de los principales beneficiarios. Le facturó millones de pesos –en talonarios completos con numeración correlativa– en concepto de "asesoría". En Santa Cruz dicen que en realidad utilizaba esa operatoria para aparentar una relación laboral con la firma de la que era dueño. De hecho, en el sur del país se recuerda a Credisol como "la cueva financiera de Clarens y Roca".
La buena sintonía entre ambos se extendió a otros negocios. Abogado, ex funcionario de la Secretaría de Energía durante la dictadura, Roca anotó su apellido junto al de Clarens en Patagonia Financial Services, una empresa registrada en Tierra del Fuego para varias actividades: asesoramiento empresarial, proyectos financieros, construcción y servicios inmobiliarios. Se retiró en 2015, pocas semanas antes del recambio de Gobierno. También fundaron juntos Excel Servicios Aéreos, dedicada al transporte aéreo de pasajeros.
De acuerdo con diversos registros societarios analizados por este medio, Roca participó en múltiples sociedades. Hay una que llama la atención por su nombre: Cabaña San Néstor SA. También figuró en los directorios de las fiduciarias Atria y Edificio North Ville, en ambas junto al arquitecto José Luis Colombo, yerno de Clarens, compañías que entablaron diversos negocios de dudosa legalidad con el holding de Báez.
Como integrante del estudio que fundó su papá con Miguel Ángel Sarrabayrouse, Roca también le facturó honorarios profesionales a todas las empresas del dueño de Austral Construcciones y al banco Finansur, entidad por la que pasaron USD 100 mil dólares que luego fueron encontrados en el botín que José López intentó esconder en el convento de General Rodríguez.
En el paper que llegó al Senado trascendió incluso una versión que indicaba que por las manos del letrado habían pasado los billetes que el ex secretario de Obras Públicas le entregó a las monjas en la madrugada del 14 de junio de 2016. Fuentes judiciales consultadas por este medio aseguraron que ese dato nunca fue corroborado.
El camino del pliego
Para aprobar el pliego en el recinto, Weinberg de Roca deberá contar con el apoyo de los dos tercios de los senadores presentes el día de la sesión, un número al que Cambiemos no puede llegar por sí solo.
Macri postuló a Weinberg de Roca en una entrevista televisiva que brindó en marzo pasado, meses después de que Alejandra Gils Carbó abandonara el cargo que hoy está ocupado en forma provisoria por Eduardo Casal.
A finales de julio la jurista pasó por la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, donde tuvo que dar explicaciones sobre varios temas, entre ellos, su relación con el jefe de Estado. "Mi vinculación con el Presidente es netamente laboral. Lo conocí en 2009, en actos protocolares, y después ha habido reuniones de trabajo pero no solo conmigo sino con otros colegas. A su esposa (Juliana Awada) no la conozco, no la he tratado. La he visto en algunas cenas y la he saludado", aseguró en esa oportunidad la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Weinberg había llegado a la reunión con 10 impugnaciones presentadas ante la Cámara alta, entre ellas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y organismos de Derechos Humanos. Algunas expresiones de la jueza en una entrevista de 2008 vinculada con la política de derechos humanos cuando se desempeñaba en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda motivaron los mayores cuestionamientos de los senadores.
Weinberg de Roca llegó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en 2013 cuando el Presidente conducía el gobierno porteño. Y su hijo, Marcos Roca, es funcionario del Ministerio de Seguridad que conduce Martín Ocampo.