El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, se metió de lleno en el conflicto entre el gobierno nacional y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en torno a unos terrenos del Estado que actualmente ocupa la casa de estudios y que el Ministerio de Transporte busca concederle a una empresa privada.
El Municipio emitió un decreto a través del cual rechazó la decisión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de quitarle a la Unsam una parte del Campus Miguelete para dárselo a la empresa Nuevo Central Argentino (NCA). La sociedad tenía la concesión de un terreno en la Ciudad de Buenos Aires donde ahora los gobiernos nacional y porteño impulsan un emprendimiento inmobiliario privado.
En el decreto que lleva su firma, el intendente Katopodis sostuvo que la AABE no puede afectar los terrenos a otros fines que no sean de carácter educativo o cultural y que la responsabilidad en materia de ordenamiento territorial es del municipio.
El caso
Aunque el conflicto estalló la semana pasada, la raíz es anterior y está relacionada con la reubicación de la Playa de Cargas Estación Colegiales, ubicada en ese barrio de la Capital, donde el gobierno porteño quiere construir edificios de hasta 9 pisos.
El predio era explotado por la empresa Nuevo Central Argentino (NCA), que se le atribuye a su vicepresidente, el ex senador Roberto Urquía, uno de los hermanos dueños de Aceitera General Deheza, que en el ejercicio 2016/17 facturó 2.800 millones de dólares. La idea del gobierno nacional es reubicar a la compañía.
El Ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich se presentó ante la AABE y solicitó que una porción del inmueble que el entonces Ministerio del Interior le había asignado a la Unsam sea reasignado a la empresa NCA para relocalizar las actividades que realizaba en el playón de Colegiales. ¿El argumento? Que el Decreto 2.670/15 habilita la desafectación de bienes del Estado que estén subutilizados.
El 8 de mayo, la Unsam envió un informe a la AABE en el que detalló que en la zona de conflicto funciona el Centro de Desarrollo Tecnológico e Incubación de Empresas de la universidad y que además está proyectada la construcción de la sede Miguelete de la Escuela Secundaria Técnica, el Centro de Prototipado Integral de Viviendas Económicas y Sustentables, y el Laboratorio de Ciencia y Nanosistemas, entre otros.
Sin embargo, para la AABE el alegato no bastó. "De las argumentaciones de la Universidad Nacional de San Martín no se logra desvirtuar el informe que determina la subocupación de dicho sector, destacándose que la superficie a desafectar es un 8,4% del total del inmueble, lo cual no resulta de una entidad tal que torne inutilizable el inmueble", concluyó el organismo.
El descargo
El rector Carlos Grecco emitió un comunicado en el que subrayó que "la Universidad ha decidido llevar adelante todas las acciones legales, en el ámbito administrativo y judicial, en defensa de los intereses de la comunidad universitaria". Al respecto, detalló que se interpuso "un recurso administrativo de reconsideración para que se deje sin efecto la resolución" y que "paralelamente se realizarán gestiones al más alto nivel del Estado Nacional".
En la nota, el rector precisó que la universidad, desde que se hizo cargo del predio hace 15 años, construyó o reacondicionó más de 60 mil m² y que "el esfuerzo que realiza la Institución para poner en valor un terreno largamente postergado se ha visto muchas veces entorpecido por la desidia de los organismos que deberían haber retirado el material ferroviario de rezago existente en un vasto sector del campus, el cual genera condiciones de perjuicio ambiental e inseguridad".
"La operatoria que se pretende desarrollar en el predio legítimamente ocupado por la UNSAM impactará negativamente sobre todas las actividades que desarrollan en el Campus Miguelete, además de afectar el medio ambiente y el entorno arquitectónico y urbanístico de nuestra casa de estudios", finalizó Grecco.
En la misma línea, el intendente Katopodis advirtió: "Le pedimos al Presidente que en vez de quitarle terrenos a un establecimiento que aporta al futuro de los argentinos, en lugar de recortar presupuestos a las universidades y priorizar negocios inmobiliarios en Capital Federal, defienda la educación pública".
Los argumentos del gobierno
Fuentes del Ministerio de Transporte dijeron a Infobae que la cesión de terrenos a la Unsam en su momento "se hizo sin considerar las necesidades operativas del tren de cargas y en forma unilateral" y que la reasignación de una parte del terreno "es necesaria para el tren de cargas en el corto plazo, y para los trenes metropolitanos en el mediano/largo plazo".
"La superficie ferroviaria recuperada no afecta ninguno de los edificios nuevos construidos por la UNSAM, que seguirá contando con una gran superficie disponible para emplazar sus proyectos", agregaron.
El otro predio
La otra pata del conflicto está en la Ciudad de Buenos Aires, donde la empresa NCA se quedó sin el playón que usaba para maniobrar en la Estación Colegiales. El 28 de octubre del año pasado, la Legislatura porteña aprobó un convenio para urbanizar el predio de 9 hectáreas de la estación donde, según el proyecto original, habrá edificios y espacios verdes, además de una zona destinada a la operación ferroviaria, en el marco de la Red de Expresos Regionales.
La venta de los terrenos generará ingresos para las dos partes del convenio aprobado. La Nación se quedará con el valor del suelo antes del cambio de zonificación, mientras que a la Ciudad le corresponderá la diferencia de ese importe con el precio actualizado. No obstante, el Banco Ciudad ya informó que entre las subastas de este año no estarán los terrenos en cuestión.
Mientras, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Movimiento Comunero presentaron una acción judicial para pedir la nulidad de la ley. "La norma no respetó el procedimiento constitucional de sanción de leyes, ya que deberían haber hecho dos audiencias públicas en el barrio de Colegiales antes de que empiece la discusión, y el Gobierno hizo una sola, cuando ya estaba todo cocinado y en la Legislatura", explicó a Infobae el referente del Observatorio, Jonatan Baldiviezo.
Pero las críticas del Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Movimiento Comunero van más allá de la cuestión procedimental. Quieren, entre otras cosas, que en el lugar se haga un gran espacio verde, ya que la comuna 13 es una de las que cuentan con menos plazas y parques, y además se trata de una zona sobredensificada. Colegiales tiene 0,7 m² de espacios verdes por habitante, contra los 15 m² que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y allí viven 153,5 vecinos por hectárea, frente a los 93,3 que se aconsejan.
En la Legislatura hay dos proyectos de ley alternativos. El primero fue presentado por los vecinos y aspira a construir el "Parque Cultural Estación Colegiales", además de un Galpón Cultural, y el segundo lo impulsan los legisladores Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto Lago, de la Coalición Cívica, quienes proponen realizar en el predio el Corredor Verde Norte.