Una nueva filtración periodística de nombres de empresarios que habrían ingresado al último blanqueo dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri, entre los que figuran directivos de las empresas involucradas en la causa de los cuadernos, abrió interrogantes sobre si un futuro procesamiento de los que ya se arrepintieron podría hacerles perder los beneficios de esa amnistía fiscal.
El sitio El Destape reveló que directivos – y familiares- del Grupo Techint, Esuco, Pescarmona y Cartellone, empresas involucradas en el expediente judicial más explosivo de la última década, habrían blanqueado en total casi $ 10.000 millones.
Entre esos nombres figuran Luis Betnaza, director Institucional Corporativo de Techint, quien ya declaró como imputado en la causa pero no se acogió al régimen del arrepentido. Sí lo hizo otro empresario que se habría blanqueado, Carlos Wagner, titular de Esuco y ex presidente de la Cámara de la Construcción, cuya declaración rompió con el libreto de los aportes de campaña que venían siguiendo los empresarios arrepentidos frente al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadio.
El sitio web también menciona entre los empresarios que pidieron entrar a la amnistía fiscal a Enrique Pescarmona, presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA – cuyo director Francisco Rubén Valenti continúa detenido en la causa de los cuadernos-, y quien podría ser citado a declarar cuando vuelva al país.
Qué dice la ley de Blanqueo
La clave para saber si les cabría o no a los empresarios arrepentidos una pérdida automática de los beneficios fiscales previstos en el blanqueo, está en cómo se interpreta el artículo 84 de la ley 27.260, sancionada en 2016.
"El sinceramiento fiscal estableció en ese artículo que quienes estuvieran procesados por diversos delitos a la fecha de publicación de la ley, no podrían acogerse a los beneficios del régimen. Entre esos delitos se encuentran el de lavado de activos y los distintos delitos de fraude contra la administración pública, como el cohecho y el tráfico de influencias. Además de ese impedimento, la ley establece que quienes tuvieran un proceso penal en trámite (es decir, una denuncia o imputación) por cualquiera de esos delitos al momento de adherir al régimen, y que luego fuesen procesados, automáticamente perderían los beneficios del blanqueo, y de los de la moratoria, para el caso de haber adherido", explicó el abogado tributarista Diego Fraga a Infobae.
La caída de esos beneficios implicarían el pago de todos los impuestos adeudados, las multas correspondientes -que superan el 200% del calor de los tributos impagos-, los intereses del orden del 36% anual, y las sanciones penales, que según el Régimen Penal Tribuatrio pueden incluir la cárcel. En el caso de evasión simple, cuanto la suma evadida supera $ 1,5 millones por cada tributo por cada período anual, de dos a seis años. Si se trata de una evasión agravada, por más de $ 15 millones impagos, de 3 años y seis meses a 9 años de prisión.
Emilio Cornejo Costas, del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, aclara que "para ingresar al régimen de sinceramiento fiscal, la norma distinguía entre el dinero 'negro' y el dinero 'sucio'. Permitía el blanqueo de bienes de origen lícito aunque no haya sido declarado; y no el de dinero proveniente de actividades ilícitas".
Este abogado penal económico señala que estaban habilitados para su ingreso en forma condicional, quienes tenían un proceso penal en trámite por los delitos detallados en el inciso e) del artículo 84, aunque sus beneficios caen automáticamente si esa persona luego es procesada por algunos de ellos. "Este inciso enumera una serie de delitos que generan algún tipo de lucro indebido, o sea producto de un delito, y excluye la evasión tributaria. Este listado no incluiría aportes de dinero ilegales a funcionarios para conseguir contratos de obra pública, por ejemplo", sostiene.
Según esta interpretación, los empresarios arrepentidos que hayan blanqueado no perderían los beneficios impositivos de la amnistía fiscal, ya que la ley de sinceramiento fiscal sólo excluye al que pretendió lavar dinero con origen en esos delitos, y no al que pudo haber cometido alguno de ellos.
Por otro lado, advierte que los empresarios arrepentidos tampoco estarían excluidos de los beneficios del blanqueo "en tanto la calificacion legal acordada entre el fiscal y los empresarios es formar parte de una asociación ilícita junto a ex funcionarios, ya que esta figura penal no es una de las ennumeradas en el inciso e) del artículo 84 en el que se mencionan los delitos, cuya comisión priva de los beneficios penales e impositivos a quienes se acogieron al régimen del sinceramiento fiscal".
Lo cierto es que las dudas se generaron porque hasta ahora no hay antecedentes de este tipo, y nunca se aplicó luego de la sanción de la última ley de blanqueo. De hecho, el primer blanqueo dispuesto por Cristina Kirchner no preveía una exclusión de este tipo. Sí el segundo, que impedía adherirse a los que tuvieran un procesamiento por lavado de dinero.
Los familiares
Según el listado difundido, entre los familiares de directivos de las empresas involucradas en la causa de los cuadernos que habrían ingresado al blanqueo, aparecen los primos de Paolo Rocca – el principal accionista del Grupo Techint- Roberto Bonatti, integrante del directorio del Grupo, y Marcela Rocca, a cargo de la Fundación hasta su fallecimiento en 2017; Marcelo Martínez Mosquera y Alliata Di Montreale Paolo, directivos de TecPetrol, otra empresa del holding; los directivos de Techint Carlos Bacher y Guillermo Horacio Hang; y Fredy Cameo, ex director general de Siderar, hoy Ternium.
También se habrían acogido al blanqueo Juana Wagner, directora de ESUCO y familiar del titular de la constructora hoy en la mira de la Justicia. Lo mismo habría hecho María Rosa Cartellone, hermana de otro de los constructores mencionados por Carlos Wagner como integrante del "club de la obra pública", José Cartellone, aunque éste no fue citado hasta ahora por la Justicia y, en declaraciones públicas, negó haber pagado coimas a cambio de obras.