En 45 minutos y apenas un rato antes de que el Senado autorizara el allanamiento a sus domicilios, Cristina Kirchner articuló anoche su defensa más global, política básicamente, frente a la causa por los cuadernos de las coimas. Casi en cadena, la ex presidente atendió todos los rubros anticipados desde sus filas: el juez, las "operaciones" en su contra, los arrepentidos, la interna peronista y por supuesto, la familia Macri. No fue lo único. Pretendió asimilar la supuesta persecución que estaría padeciendo con la de los desaparecidos. Sonó fuerte, cuando lo que se discute es un sistema de corrupción.
Ese recurso, repetido y frívolo, fue usado por CFK dos veces en su extenso discurso defensivo y apuntó en un par de direcciones. Primero, para comparar implícitamente el actual cuadro político –y el Gobierno, en primer lugar- con una dictadura, la última, la más trágica. Segundo, para darle un barniz heroico a su "resistencia", afirmando que ni esta ni ninguna de la media docena de causas que enfrenta tienen sustancia real.
La ex presidente, como ya lo venían haciendo desde su círculo político, también trató de exponer su situación personal como resultado de una operación de mayor escala, regional, para proscribirla: sería víctima de un plan que naturalmente tiene como figura central a Lula. No es la única seducida por la comparación bastante mecánica entre Argentina y Brasil, difícil de sostener como análisis de fondo pero atractiva como recurso discursivo. La idea de una operación internacional es acariciada desde hace rato para darle sentido algo épico o al menos espectacular a los acontecimientos que involucran aquí al kirchnerismo.
En cambio, otros son los límites que cruza la intención de proyectar sobre la actualidad la sombra de la dictadura. "Ya no hay que suprimir al adversario, ya no hay que ir matando gente porque hay otra forma de desaparición, la desaparición mediática", dijo la ex presidente.
No fue únicamente una referencia desafortunada, en el marco más general de lo que el kirchnerismo define de manera persistente como una enorme maniobra política, judicial y mediática. En la misma línea, ensayó darle una sentido de resistencia personal, ideológica, a su posición frente a las investigaciones sobre corrupción o enriquecimiento ilegal. Dijo, con una evocación forzada de los años 70: "Si creen que con esto van a hacer que cambie mis ideas, están equivocados. Mal o bien pertenezco a una generación que creció con el miedo de que los fueran a buscar para desaparecerlos o tirarlos al mar".
Suena casi a chicana, pero su propia historia expone las contradicciones. Difícil omitir en la crónica de su gestión la consagración del general César Milani como principal referente militar. Eso, al final de su mandato. Tampoco es un dato menor el desapego inicial al recorrido de los derechos humanos. Incluso, quedó expresado en la tercera de las cuatro entrevistas que aceptó antes de las últimas elecciones: dijo que no había presentado ningún habeas corpus durante la dictadura porque en Santa Cruz no hubo desaparecidos.
El resto de las definiciones de la ex presidente en el Senado tuvo menos pretensiones. Como antes lo habían hecho sus colegas de bloque, pero con más juego frente al micrófono, buscó en primer lugar descalificar al juez Claudio Bonadio, un enfrentamiento que recién arrancó en el último tramo de sus mandatos. Después, recorrió algunos de los otros eslabones de la causa. En el reparto de papeles, una de las legisladoras de su bloque ya se había centrado en tratar de descalificar el cuaderno del chofer, aludiendo a las fotocopias más que al contenido de las anotaciones.
La ex presidente rozó el tema, eludió reiterar la descalificación de los ex funcionarios que sumaron datos a la causa y se concentró en disparar contra las declaraciones de varios empresarios. Lo hizo de dos modos: poniendo en tela de juicio la actitud de los directivos o dueños de empresas –como si se tratara de una cuestión ética y no de cálculo defensivo de cada uno de ellos- y diciendo, en otros momentos, que prácticamente eran víctimas de un apriete para orquestar la causa judicial.
Más tiempo volvió a dedicarle a rechazar la denuncia del empresario que dijo haber pagado 600 mil dólares para lograr que le extendieran el negocio de la Hidrovía mediante un decreto. La ex presidente reiteró que ella sólo le puso la firma a una resolución que vino avalada por organismos del Estado y de hecho, por una ley confeccionada a medida por el Congreso.
Miguel Angel Pichetto la siguió en la lista de oradores. Y rechazó varias de las afirmaciones que acababa de dejar la ex mandataria. El jefe del bloque del peronismo federal le señaló sin vueltas que cada uno de los proyectos que aprobó el oficialismo en la era kirchnerista había sido fruto de una indicación precisa de la Presidencia. Es decir, imperaba la disciplina política. La ex presidenta no rubricaba decisiones ajenas, sino las propias.
Por supuesto, el recinto exhibió cruces diferentes, entre ellos algunos pobres y otros que apenas ocultaban el tono de campaña. La interna peronista, los intercambios ásperos con el oficialismo, la señal de que no habría margen para un desafuero, las diferencias en el debate siguiente –sobre extinción de dominio-, todo transitó el camino de la política, a veces por la banquina. Más lejos derraparon las referencias a desapariciones y supuestas resistencias.
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