El histórico financista de Nestor Kirchner, Ernesto Clarens, tuvo que declarar ayer por primera vez en indagatoria en los tribunales federales de Retiro. Estuvo varias horas frente al juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli y pidió convertirse en arrepentido. El acuerdo que firmó con el fiscal para colaborar con la investigación de la causa de los cuadernos de las coimas K deberá ser homologado por el magistrado, algo que podría suceder la semana próxima.
Pero la causa de los cuadernos no es la primera que lo tiene como acusado en los juzgados de Comodoro Py.
Está imputado desde 2013 en la causa conocida como la ruta del dinero K, a cargo del juez federal Sebastián Casanello, en el tramo del expediente que investiga a los financistas que le proporcionaron a Lázaro Báez la estructura necesaria para lavar USD 60 millones de dólares entre 2010 y 2013.
El nombre de Clarens apareció al inicio de la investigación por un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) enviado en 2008 por un banco a la Unidad de Información Financiera (UIF), por movimientos en la cuenta de su financiera Invernes SA. Los alertas bancarios se activaron por depósitos en efectivo por $11.770.000 y giros por $42.821.000 provenientes de Gotti SA, una constructora de Santa Cruz absorbida luego por el grupo Báez.
Invernes tenía un contrato de gerenciamiento de Gotti, y era responsable del cobro de sus contratos. Al quedar esta constructora en manos de Báez, Invernes pasó a ocuparse del cobro de los anticipos de obra de Austral Construcciones, la empresa insignia del empresario patagónico hoy detenido.
La vinculación entre ambas firmas era tal que coincidían en su domicilio fiscal: Pasaje Carabelas 241, en el centro porteño.
Sin embargo, por no tener una conexión directa al inicio de la investigación con las maniobras de lavado de Báez, esa parte del expediente fue delegada en el fiscal de la causa, Guillermo Marijuán. Hasta ahora, Clarens no fue llamado a indagatoria.
Nombrado por Fariña
El nombre de Clarens volvió a aparecer en la causa de "la ruta del dinero K" en la declaración como arrepentido de Leonardo Fariña, en abril de 2016. El valijero de Báez lo mencionó al financista como el encargado de cambiar a dólares, a través de Invernes, los pesos que ingresaban de la obra pública.
Esta afirmación derivó en que Casanello allanara el domicilio particular de Clarens en la calle Lola Mora 457, y su oficina en el piso 7º de Manuela Sáenz 323, ambos en Puerto Madero. En esta dirección coinciden varias empresas, aunque sorprenden las "casualidades": también fue el domicilio fiscal que informó The Old Fund, la enigmática empresa que compró la ex Ciccone Caligráfica. Un piso más arriba funcionaba IECSA, la empresa que era de Angelo Calceterra, primo de Mauricio Macri, y hoy rebautizada SACDE por su nuevo dueño, Marcelo Mindlin.
Manuela Sáenz 323 era una de las direcciones que aparecen en los cuadernos, y a la que iba con frecuencia el chofer de Rodolfo Baratta, Oscar Centeno.
El juez Casanello le solicitó a la UIF colaboración con la realización de un análisis financiero de la documentación y el contenido de las computadoras secuestradas en la oficina de Clarens. Lo hizo en el marco del pedido del organismo conducido por Mariano Federici – querellante en el causa- para que Cristina Kirchner sea llamada a indagatoria. Fuentes judiciales explicaron que el objetivo era poder contar con pruebas que vinculen el lavado de Báez y las maniobras de Clarens con la ex presidenta.
Pero la solicitud del Juzgado derivó en una disputa sobre si le correspondía o no a la UIF hacer esta tarea, que se extendió por más de un año y llegó hasta la Cámara Federal. Finalmente, la documentación y la información en formato digital secuestradas a Clarens llegaron a manos del organismo de inteligencia financiera, un año y medio después, en diciembre de 2017.
Un primer informe con lo analizado fue recibido en el Juzgado de Casanello el mes pasado. Según publicó Clarín, en 2011, hubo transferencias de dinero entre una de las firmas de Clarens con una cuenta en España que tenía como beneficiarios a los hijos de Báez. La sospecha de la justicia fue que parte de eso fondos fueron utilizados para comprar la financiera SGI y que, luego, esa cuenta habría sido utilizada, a su vez, para recibir fondos de la financiera de Federico Elaskar, conocida como La Rosadita.
De acuerdo a información que consta en el expediente, Clarens posee cuentas a título personal, de su familia o de sociedades a las que está vinculado en Uruguay, Estados Unidos, Suiza y España, entre otros países.
Una de las empresas de Clarens, Kerry Consultants, recibió dos transferencias en 2011 por casi 1.200.000 euros, provenientes de Sambers Hantarex Spain SL, una firma registrada en Barcelona y extinguida en julio del 2013. Esta sociedad limitada fue administrada por Néstor Marcelo Ramos, presidente de la firma suiza Helvetic Services Group que se quedó con SGI y que, tras el cambio de manos, pasó a estar manejada por Daniel Pérez Gadín, contador de Báez.
El presidente del Grupo Austral enfrenta hoy un triple procesamiento por lavado de dinero, junto con sus hijos. Casanello ya elevó esta parte del expediente a juicio oral. Clarens, en cambio, continúa bajo investigación.
Otra cooperativa en la mira
Pero la ruta del dinero no es la única causa por la que Clarens venía siendo investigado en los Tribunales de Comodoro Py.
Desde principios de este año, el juez Casanello lleva otro expediente en el que está imputado al financista de Néstor Kircher, y en el que tenía previsto llamarlo a indagatoria en breve por presunto lavado de dinero.
La causa se abrió por otro informe de la UIF y le tocó por sorteo a su juzgado, y a la fiscalía de Carlos Stornelli, quien interviene a su vez en la causa de los cuadernos de las coimas. Stornelli ya tiene en su despacho copia de este otro expediente que involucra a Clarens.
Se trata de una investigación sobre la operatoria de la Cooperativa de Crédito y Consumo COFICRED Limitada, manejada por Clarens, cuya actividad principal era el descuento de cheques por efectivo. El uso -desvirtuado- de las cooperativas para esta maniobra es usual, ya que estas figuras jurídicas no pagan el impuesto al cheque.
Según información que consta en el expediente, entre 2008 y 2013, el 95% de los cheques de COFICRED – con sede en Santa Cruz- fueron cambiados a Austral Construcciones, por un total de $ 250 millones.
Clarens es el dueño del 92% de COFICRED, en tanto que el resto de las acciones están en manos de su mujer, Ana María San Giorgio, y de su histórico socio Carlos Alberto Eduardo Di Gianni, también fundador de Invernes.
Según explicó una fuente judicial, "las cooperativas son utilizadas para 'ennegrecer' dinero en blanco proveniente de cheques de la obra pública que, al ser cambiados por efectivo con un descuento, facilitan que se pierda la trazabilidad de ese dinero. Como los cheque no son depositados en la cuenta de la empresa que los recibió, no ingresan a su contabilidad".
Esta mecánica, junto al uso de facturas truchas para disfrazar el desvío de fondos recibidos para obra pública, son dos de las maniobras utilizadas en el lavado de dinero en la causa de "la ruta del dinero K".
Sociedades e inmuebles de lujo
Parte del entramado de sociedades offshore que aparecen en el expediente de "la ruta del dinero K" fueron utilizadas por Clarens para inversiones inmobiliarias con epicentro en Estados Unidos, según revelaron los Panama Papers, la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Clarens y su entorno más cercano aparecían en los documentos internos del estudio panameño Mossack Fonseca como "beneficiarios finales" de varias sociedades. Uno de ellos era justamente Di Gianni, quien aparecía en Litren Company, una sociedad panameña creada en 2011 para desarrollar inversiones inmobiliarias en Estados Unidos.
Menos de un año después, asumió como director y presidente de Litren, Carlos Adrián Calvo López. Este ex director de Invernes era a quien Báez identificó ante la AFIP como el transportista de bolsos repletos de dinero vía Buquebus, a un ritmo de al menos $ 1,5 millones al año, para capitalizar una de sus constructoras, Badial.
Litren Company fue utilizada para la adquisición de propiedades en Miami. Así surge de los registros de propiedades de ese estado del sur de Estados Unidos, donde esta firma figura en el directorio de Pampa Realty Investment. Di Gianni aparece como su actual administrador, y Natalia Clarens, la hija del financista, como su antecesora. Pampa Realty figura como dueña de una unidad de lujo en el Condominio Plaza de las Américas, en la exclusiva avenida Coral Gables.
En una suerte de esquema de muñecas rusas, Litren Company a su vez aparece en los Panamá Papers como accionista de otra sociedad con sede en Miami, Manfes International LLC, manejada por Clarens, su esposa y su hija Natalia.
A su vez, Manfes International fue administrada por otra firma de Clarens, Kerry Consultants SA. Ambas firmas aparecen como dueñas de distintos inmuebles de lujo. Kerry, de una propiedad en Uruguay, y Manfes, de una unidad en el condominio Ocean en Sunny Isles Beach, por la que pagó USD 1,4 millones en 2012. Según los registros de Mossack Fonseca, los fondos provenían "de aportes personales de sus dueños, una familia vinculada a la actividad financiera en la Argentina".
Kerry Consultants también quedó como accionista de la firma Runner Properties LLC. Pero en septiembre de 2013, Kerry fue disuelta y todos sus bienes -en Estados Unidos y Uruguay- quedaron bajo el control directo de Amurnung SA, otras sociedad panameña creada en 2012 y manejada por Clarens.
Hasta ayer, el financista de Néstor Kirchner y Báez no tuvo que dar explicaciones sobre los millones de dinero que pasaron por sus manos. Ahora, deberá empezar a hacerlo.
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