El documento que identifica a Berni, Kicillof y Baratta como lobistas en la central de Río Turbio

Además de haber sido funcionarios kirchneristas, Sergio Berni, Axel Kicillof, Roberto Baratta, Osvaldo Ramini y Néstor Prades tienen otra cosa en común: todos aparecen identificados como lobistas de distintas empresas en una denuncia interna de la empresa Isolux Corviam sobre las irregularidades en la construcción de la central térmica de Río Turbio. El presidente de la firma española en Argentina era Juan Carlos De Goycoechea, el primer empresario arrepentido en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Infobae publicó en los últimos días varias notas a raíz de la denuncia interna que presentó el ingeniero Sánchez (su verdadero nombre se reserva), un ex empleado de Isolux enviado a Río Turbio para sacar adelante la obra, pero que duró apenas unos meses. El anexo 13 de su presentación lleva el título "Tabla de análisis de subcontratistas en Río Turbio con sospechas de vinculaciones políticas".

En la tabla, el ex ministro de Economía Kicillof aparece como contacto de la empresa Cookins, que estaba a cargo del catering. "Cobraba carísimo para un pésimo servicio", explicó a Infobae uno de los tres ex empleados de Isolux consultados para escribir este artículo. "Al guiso de lentejas le decíamos 'guiso de piedra', porque era horrible. Por eso los ejecutivos no comían en el comedor de la obra, porque el servicio era nefasto", agregó otra de las fuentes.

En la empresa aseguran que no tienen nada que ver con la acusación. "No tenemos relación con Kicillof ni hemos tenido mínimo contacto", señalaron a este medio. Dijeron que ganaron la licitación en 2008 en una puja de la que participó la multinacional francesa Sodexo y que "la relación con Isolux fue siempre muy crítica porque venía  acumulando más de 10 meses de deuda", lo que derivó en una demanda judicial. Además, destacaron que la licitación fue anterior al 10 de diciembre de 2011, cuando Kicillof asumió como secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo de la Nación.

No obstante, el documento fue elaborado en base a la experiencia del ingeniero Sánchez en los primeros meses de 2013. Según explicó una fuente consultada, el ejecutivo quería renegociar un contrato de unos 25 millones de pesos y había conseguido una oferta un 20% más económica, pero no pudo avanzar debido a las presiones.

Berni: contratista y prestamista

El caso de Berni es el más burdo, porque aparece como lobista de una empresa que está a su nombre. Se llama Logística Integral, que parecería ser una empresa creada ad hoc, ya que su nombre completo es Logística Integral Río Turbio SA. Según un edicto publicado en julio de 2010, sus socios son el propio Sergio Berni, María Alejandra Berni y María Esther Cesari. Su presidente es Carlos Domingo Román, la mano derecha de Berni, quien además fue empleado de Yacimiento Carbonífero Río Turbio, al menos hasta junio pasado.

El ingeniero Sánchez detalló en su denuncia cómo era la relación con Berni. "En la primera conversación que tuve con Juan Carlos De Goycoechea al llegar a la obra, y preguntándole por el número de compromisos políticos citó únicamente a Logística Integral", indicó.

"Hay que destacar que el viceministro del Ministerio de Seguridad, Sergio Berni, y a instancia suya, mantuvo numerosas reuniones conmigo en Río Turbio, 28 de Noviembre y Buenos Aires para preguntarme sobre la deuda que Isolux mantenía pendiente en los contratos de Logística Integral, diversas máquinas alquiladas por horas, construcción de viviendas para uso del personal del proyecto en la localidad de 28 de Noviembre y la rehabilitación de barracones para trabajadores en la localidad de Río Turbio", agregó el ingeniero Sánchez.

Dos empleados que trabajaron en la obra contaron a Infobae que Berni solía visitar el obrador los sábados a la mañana para reunirse con las autoridades y presionarlas para exigir que avanzaran sus pagos. La relación con De Goycoechea parecía de amistad. El hermano de De Goycoechea, Javier, solía ufanarse en público de controlar la Gendarmería y la policía de la zona. En efecto, la Gendarmería llegó a hacerse cargo de la seguridad en la central Río Turbio, lo que terminó con la rescisión del contrato que Isolux tenía con la firma "Patagonia Seguridad".

Una de esas fuentes aseguró que además de Logística Integral, a Berni le alquilaron las cabañas que tiene en la localidad de 28 de Noviembre, las mismas que también arrendó Lázaro Báez. Incluso afirmó que Juan Carlos De Goycoechea mandó a construirse una sala de estar con mesa de pool, sillones y una televisión gigante debajo de las cabañas.

"Logística Integral también le vendió a Río Turbio el sistema de molinetes, para el que subcontrató a una empresa que representaba una tal Luciana Vázquez", abundó la fuente.

Una curiosidad. No es noticia el aumento patrimonial de Sergio Berni y su pareja, la ex subsecretaria de Participación Ciudadana, Agustina Propato, durante su paso por la función pública. Lo extraño es que en la declaración jurada de 2014, Propato declaró que compró dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires y un terreno en Calafate. Y parte de esas operaciones se habrían pagado con un crédito por 1.282.000 pesos que le dio la empresa de su marido y contratista de obra pública, Logística Integral.

El club de Siemens y Baratta

La tabla del ingeniero Sánchez aclara entre las observaciones a la situación de Logística Integral que "no se pide oferta a nadie". Esto está ligado a lo que se conoce como el "Club de la obra pública", que no es otra cosa que un pacto entre las empresas para repartirse las obras y desvirtuar el objetivo de la licitación, que es lograr una puja entre las oferentes para que el Estado pague más barato. Los clubes destruyen la competencia. Y la denuncia incluye un caso concreto a favor de Siemens, que tenía a cargo la instalación eléctrica en la turbina y el resto de la instalación eléctrica de la obra.

En el primer contrato el ingeniero Sánchez estimó un sobreprecio del 50 por ciento. En el otro es donde el denunciante observó un grosero caso de cartelización. "Detectamos un anormal desinterés en ofertar el contrato de instalación eléctrica", advirtió.

El contrato era por unos 27 millones de euros, es decir, más de 900 millones de pesos al valor actual de la divisa. El ingeniero Sánchez contactó a una docena de empresas, la mayoría de las cuales no cotizó o lo hizo mal. Son Alstom, Alto Sur, Badia, Cemad, Cimisa, CV Group, EDVSA, Electroingeniería, Isotron, Pfistere, Rombussa y Siemens.

Quizás el trasfondo era el interés por una empresa en particular del viceministro Roberto Baratta, hoy preso por corrupción. "En diversas reuniones mantenidas en el Ministerio de Planificación nos manifestó su interés en que Siemens ejecutase la instalación eléctrica de la central", subrayó el ingeniero Sánchez.

Mercado cerrado

Hay otras dos figuras centrales que en la denuncia aparecen como los contactos políticos de más empresas. Uno es Osvaldo Ramini, que trabajó como técnico del Ministerio de Planificación. Según su perfil de Linkedin, llegó a la cartera de Julio De Vido en enero de 2009 y estuvo hasta el final de la era kirchnerista. Luego se mudó al Enarsa, donde trabajó un año. Estuvo activo en Twitter hasta el 2 de agosto, un día después de que comenzaran los operativos judiciales en el marco de la causa "Cuadernos de las coimas K".

Ramini era, según la denuncia, el lobista de Rafa SA, otra empresa que Juan Carlos De Goycoechea confesó que había sido arrimada a la obra por sus vínculos políticos y sobre la cual el ingeniero Sánchez detectó "un mercado cerrado, lo que impedía una concurrencia en condiciones de libre competencia a las licitaciones de Río Turbio". En otras palabras, otro club.

Según la denuncia, para buscar una alternativa a esa subcontratista –que en la obra era vox populi que cobraba sobreprecios, pese a que tenía sus papeles en regla– el ingeniero Sánchez contactó a dos empresas, Sarandí y Hefesto, que fueron rechazadas por los funcionarios del Ministerio por "falta de experiencia", algo que llamativamente el denunciante había dicho de Rafa SA: que no tenía antecedentes en la tarea que le habían asignado.

Por eso Sánchez contactó finalmente a Carlos Viescas de CV Group el 13 de mayo de 2013, quien le aclaró que en su empresa "no estaban en condiciones de pagar un canon por entrar a trabajar en la central". Viescas le reveló al ingeniero cómo era "el sistema establecido para cobrar dicho canon". Esto sugiere que los empresarios estaban al tanto de cómo era el circuito a través del cual circulaban las coimas y que había que pagar un "derecho de piso".

Rafa SA estaba a cargo del ensamblado de piezas de la segunda caldera que hacía Mi SA. Se trata de una firma que el ingeniero Sánchez denunció que tampoco tenía antecedentes. Su denominación social es Metalúrgica Industrial SA y tiene su domicilio en la localidad bonaerense de San Nicolás. Su presidente es Hernán Sisevich, quien también sería accionista.

"A Misa se le contrató la prefabricación en taller de la calderería sin tener experiencia en este tipo de trabajos. En segundo lugar se contrató con Rafasa el montaje en obra de las piezas prefabricadas por Misa sin tener experiencia en el mismo y frente a un informe de ingeniería que recomendaba contratar con Empresarios Agrupados. Como consecuencia de ello, se produjo una fabricación defectuosa (geometría, soldadura y corrosión interna y externa) de muchas piezas que trabajan a alta presión", reveló el ingeniero. Fue el preludio de las explosiones en la central que sucedieron a su inauguración, de la que participó la ex presidente Cristina Kirchner.

El lobista de Mi SA, según el ingeniero Sánchez, es alguien a quien identifica como "Prades", que Infobae pudo establecer a través de varias fuentes que es Néstor Prades, ex inspector de obra en Río Turbio nombrado por el Ministerio de Planificación. Pero además, también figura en el recuadro como contacto de JISA.

"Néstor Prades hizo continuamente una vehemente recomendación para contratar a JISA trabajos de movimiento de tierras, como el adicional de la defensa del río. En el adicional del basural planteó que los equipos que contratamos (los únicos contratados sin injerencias externas) tenían unos rendimientos excesivamente bajos. Lo interpretamos como otra presión para contratar a JISA", denunció Sánchez.

En algún momento hubo un conflicto por la certificación de las obras de JISA y la empresa amenazó con abandonar la obra. En un mail enviado el 16 de febrero de 2013, De Goycoechea es tajante sobre la importancia de la empresa. "Acá me han dicho que alguien ha tenido la imprudencia de decirle a Ivovich que se tiene que ir y que deje el árido, no sé si es así, pero deben enterarse que el socio de Ivovich es el hijo del ministro (Julio) De Vido, con lo cual hay que tratarlo entre algodones para no tener un rollo inmediato", confesó.

La otra persona mencionada sería el empresario Jorge "Pato" Ivovich, hermano del contador Ariel Ivovich, ex ministro de Economía de Santa Cruz, a quien la prensa local identifica como un "operador de Julio De Vido". Los trabajadores de ATE han acusado a "Pato" de desviar fondos hacia el poder político. Ji SA, en los papeles, aparece como una firma de los dos hermanos. La crearon en mayo de 2006 para construir obras de ingeniería civil.

La última empresa que aparece en el recuadro es GVA, aunque en ese caso no hay ningún lobista identificado. Como explicó Infobae, se trata de una firma fantasma, que el propio De Goycoechea reconoció que es "una fachada de Isolux".

En otro mail al que accedió este medio, el hermano de Juan Carlos De Goycoechea, Javier, se refiere a GVA como "nuestra empresa". Sus socios son, a su vez, los mismos dueños de la firma Finishment SA, una compañía de pintura cordobesa que por motivos que nadie hasta ahora explicó muy bien terminó en el sur del país como subcontratista de Isolux.

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