El 20 de julio de 2016, un ingeniero que trabajó para Isolux Corsán en la construcción de la central térmica de Río Turbio presentó una denuncia interna por las numerosas irregularidades que detectó en la obra. El dossier cuenta con lujo de detalle una gran cantidad de maniobras sospechosas, que van desde el uso de empresas fantasma y presiones políticas hasta los problemas que terminaron con la explosión de una caldera poco después después de su forzada inauguración con olor electoral. Infobae tuvo acceso al informe completo, que ahora cobra relevancia luego de que el CEO de la compañía, Juan Carlos De Goycoechea, se convirtiera en el primer arrepentido de la causa conocida como "Cuadernos de la corrupción".
El ingeniero Sánchez (su nombre verdadero será resguardado) llegó a Río Turbio a comienzos de 2013 y estuvo apenas unos meses. Su misión era encauzar una obra que en uno de los mals que incluye su denuncia un ejecutivo había definido como "un puto desastre". Su trabajo sólo le generó disgustos, presiones y amenazas. Su equipo de trabajo llegó a ser detenido y alojado en un frío calabozo del sur debido a su voluntad de hacer las cosas de manera correcta. Finalmente renunció. Un tiempo después presentó el informe en el que denunció las irregularidades, pero en lugar de aplaudir su honestidad, Isolux lo dejó en la calle. Este artículo repasa la primera parte de ese reporte.
Sello de goma
El informe tiene 396 páginas. El primer tramo trata sobre la empresa GVA, una subcontratista de la obra que debía realizar el montaje de las calderas compradas en China y que según el ingeniero Sánchez fue elegida "sin cumplir con los procedimientos del Grupo Isolux Corsán, sin el más mínimo control administrativo y sin tener firmado un contrato". En un mail, el propio De Goycoechea la identifica como "una fachada montada por Isolux Argentina", aunque no aclara para qué. Le facturaba a la UTE a cargo de la obra -encabezada por Isolux- casi 50 millones de pesos al mes al valor actual del dólar.
El problema con GVA giraba en torno a la presión que había por parte de Isolux y funcionarios del Ministerio de Planificación que comandaba Julio De Vido para certificar los avances de sus trabajos, pese a que la empresa estaba muy floja de papeles y los informes de situación la identificaban como "un lastre para la obra".
Hay un mail particularmente revelador sobre qué es GVA. Lo escribió el 12 de abril de 2013 De Goycoechea, en medio de un conflicto con el ingeniero Sánchez, que había frenado los pagos a la empresa por la falta de documentación. "[El ingeniero] Quiere ver las órdenes de compra de GVA y el contrato, cuando sabe que no hay ninguna, ya que (…) GVA es una fachada, es decir que es de Isolux, y eso él lo sabe", indicó. También Christian Manrique Valdor, delegado de Corsán, admitió en un correo que GVA es una "fachada".
GVA fue creada el 9 de enero de 2012, pero nunca fue inscripta. Hasta el día de hoy figura como una sociedad en formación. ¿Su domicilio? Maipú 741, piso 1, departamento B, el mismo lugar en el que había declarado su domicilio Isolux y donde el chofer Oscar Centeno llevó en más de una oportunidad a distintos funcionarios del gobierno kirchnerista a retirar dinero. El monto más alto de esas supuestas coimas se cobró el 9 de enero de 2009, cuando Roberto Baratta, ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, retiró una valija de más o menos 90 centímetros de alto con 6 millones de dólares en su interior. Ese dinero fue entregado una semana después a Daniel Muñoz en el departamento de los Kirchner en Recoleta.
La empresa se constituyó con tres socios: Gustavo Horacio Vargas, Daniel Enrique Cortez y Ariel Víctor Ábalos. El primero quedó como director y presidente, y el segundo, como director suplente. El tercero, según su perfil de Linkedin, trabajó entre agosto de 2007 y septiembre de 2011 en Isolux. A su vez, el edicto en el que se informó su creación fue firmado por el abogado Mario Maxit, la mano derecha de De Goycoechea, a quien algunos empleados de Isolux bautizaron como "Sonny", en honor al hijo del mafioso Vito Corleone, de la saga El Padrino. En el departamento de la calle Maipú funciona su estudio jurídico.
Para corroborar la información de la denuncia interna, Infobae conversó con tres ex empleados de Isolux. Todos pidieron reservar su nombre por temor a represalias. No son pocos los que aseguran haber sido amenazados por De Goycoechea. Uno de ellos fue muy contundente a la hora de hablar de de GVA. "Nunca presentó un papel, una orden de compra, nada; por eso decíamos que GVA entró por la ventana a la obra. Cuando ingresó, echaron a dos empleados de Isolux y al otro día aparecieron como trabajadores de GVA. Todo eso generó cierta tensión interna", recordó. "Muchos sospechábamos que la empresa era un sello de goma porque uno de los vehículos que usaban eran un Mitsubishi que tenía la tarjeta azul a nombre de Goycoechea", agregó.
La voluntad del ingeniero Sánchez de auditar a GVA generó numerosos problemas. Gustavo Delbón, asesor del Ministerio de Planificación y según el informe ligado a La Cámpora, fue uno de los que le escribió a Perea y al delegado Manrique para presionar para que certifique los trabajos de GVA. El 23 de abril les envió un mail en el que les exigió que "cumplan las funciones que les compete". Cinco horas después, De Goycoechea -que había sido puesto en copia- le mandó otro mensaje a Manrique. "Tenés una hora para solucionar esto", le advirtió.
La presión era parte de una lógica. De los mails que incluye el dossier al que accedió Infobae se desprende que el Ministerio de Planificación tenía la última palabra sobre lo que sucedía en cada rincón de la obra. Tal es así, que el ingeniero Sánchez en algún momento le preguntó a De Goycoechea por qué había funcionarios nacionales en las reuniones privadas de la empresa. "No tengo cómo explicarlo, porque simplemente así funcionan", le respondió el CEO.
En una de esas cadenas de mails, De Goycoechea manifestó su enojó porque también se habían frenado los pagos de otra subcontratista llamada Finishment. "Es empresa si es el dueño de GVA (sic) y ha sido intachable y la que menos problemas nos ha ocasionado. Lo peor además de la responsabilidad es que esos pagos ya han sido aprobados por el Ministerio y fiscalizados", redactó.
Aquí hay que hacer dos salvedades. Primera: el ministerio no tiene que aprobar los pagos. Es una confesión de cómo funcionaban las cosas: nada se hacía sin el consentimiento de la cartera de Julio De Vido. Segunda aclaración: Finishment está íntimamente relacionada a GVA.
Según uno de los ex empleados de Isolux consultados por Infobae, Finishment SA es una empresa que realiza trabajos de pintura en Córdoba y que no tenía motivos para terminar a cargo de la pintura de la estructura de chapa de la central en Santa Cruz. La denuncia interna asegura que estaba en "una situación muy similar" a la empresa fantasma GVA. Y el vínculo está a la vista. Sus socios son Daniel Enrique Cortez y Gustavo Horacio Vargas, dos de los tres dueños de GVA. El otro socio de GVA es Ariel Ábalos, que según su perfil de Linkedin fue apoderado de Finishment SA.
Hay otra coincidencia. Las dos firmas arrastran deudas y tienen cheques rechazados por falta de fondos en el mismo período: en el caso de Finishment, son 15 cheques por casi 600 mil pesos emitidos entre diciembre de 2013 y febrero de 2014, mientras que a GVA le rechazaron 19 cheques por 1,7 millones de pesos entre octubre de 2013 y marzo de 2014. Poco después, Finishment se presentó a concurso de acreedores.
Piezas defectuosas
Como se dijo, uno de los funcionarios que según la denuncia presionaba para que se certifiquen los trabajos de GVA es Gustavo Delbón, quien fundó el año pasado una consultora llamada Quarks Soluciones junto a Sebastián Bonetto -ex colaborador de Baratta- y Fernando Passini, quien también fue funcionario del Ministerio de Planificación y estaría ligado a La Cámpora según él mismo confesó. El nombre de Passini aparece en la denuncia interna de Isolux, ya que en un mail enviado el 20 de mayo de 2013 a Eduardo Orso, director financiero de la empresa subcontratista Rafa SA, sugirió que lo convoque a las reuniones "así podemos agilizar las cuestiones relativas a los pagos", algo sobre lo cual no deberían haber interferido los funcionarios del ministerio, ya que la relación con los subcontratistas y los pagos es un tema que le correspondía a Isolux.
El interés del Ministerio por esa empresa, Rafa SA, es como mínimo llamativo, sobre todo si se tiene en cuenta que la compañía tuvo un rol protagónico en una de las irregularidades que aparecen en la denuncia interna. Según el informe, la compañía había firmado tres contratos, entre ellos, uno para montar las piezas de las calderas prefabricadas por otra firma, identificada con su nombre comercial como Misa, pero cuya denominación social es Metalúrgica Industrial SA.
Una aclaración importante. La denuncia identifica como el lobista de Rafa SA a Osvaldo Ramini, un técnico del Ministerio de Planificación cuyo nombre se repite entre las personas que más problemas le generaron al ingeniero Sánchez. A su vez, como contacto con Misa figura el nombre de "Prades", que sería Néstor Prades, el director de supervisión de la central térmica para el Ministerio de Planificación. Esto quiere decir que las dos subcontratistas habían sido acercadas a Isolux por funcionarios públicos, al igual que otras empresas vinculadas -según el documento- al por el entonces viceministro del Interior, Sergio Berni, y a quien luego sería ministro de Economía, Axel Kicillof.
El denunciante aseguró que ni Misa ni Rafa tenían experiencia para realizar los trabajos para los que habían sido contratadas. Incluso en el caso de Rafa, dijo que había "un informe de ingeniería que recomendaba contratar con Empresarios Agrupados".
"Como consecuencia de ello, se produjo una fabricación defectuosa (geometría, soldadura y corrosión interna y externa) de muchas piezas que trabajan a alta presión", indicó la denuncia. Esto generaba un sobrecosto, porque Rafa "preparaba presupuestos adicionales por la reparación de las piezas defectuosas".
"Las piezas estaban mal hechas, tenían problemas de geometría, el tipo de acero no era el correcto, estaban sucias y hasta con plantas adentro, y no cumplían con las especificaciones", resumió una de las fuentes consultadas.
Por otra parte, Rafa también había armado presupuestos adicionales por "improductivo", es decir, por falta de trabajo, ya que Misa no estaba entregando las piezas, en medio de la polémica por la calidad de su trabajo.
Sin control
Esta situación se vio agravada porque, de acuerdo a lo que consta en la denuncia, la obra se quedó sin control de calidad por orden de De Goycoechea. Isolux realizaba al principio esa tarea y luego la tercerizó en la consultora SGS, que se retiró porque no le pagaban. Como no había personal de la empresa española para hacerlo, nadie controlaba. Isolux, entonces, autorizó a que Misa haga sus propios controles de calidad. Pero por la falta de pago de la UTE se desaceleró el trabajo. Y para colmo, como no había espacio en los talleres, las piezas fueron "confinadas a la intemperie, con las consecuencias de deterioro y oxidación visibles hoy en día", según advierte el acta de una reunión celebrada el 9 de abril de 2013 en un salón de la obra.
Ese encuentro fue tenso. El denunciante explicó que la organizó para "corregir los problemas señalados, restablecer el control de calidad en origen (sobre todo, [en las] piezas de alta presión) y dar flujo de entregas" de Misa, pero que "hubo una fuerte reacción a dicha reunión por parte de Juan Carlos De Goycoechea y los funcionarios del Ministerio".
Luego de ese encuentro, el 7 de mayo, el denunciante presentó un duro informe a sus superiores, en el que -entre otras cosas- concluyó que "las consecuencias de esta situación van más allá de los sobrecostes planteados por Rafa, ya que van a encarecer la puesta en servicio de la planta al incrementarse el coste del lavado químico de las tuberías, posibles defectos de las soldaduras, incremento [del] coste de mantenimiento de filtros y problemas de abrasión en valvulería".
Pero además el denunciante advirtió que la situación podría causar serios problemas durante la puesta en marcha de la central, tal como finalmente ocurrió a principios de octubre de 2015, horas después de que Cristina Kirchner encabezara una inauguración ficticia que no tenía otro objetivo que las elecciones presidenciales que se avecinaban.
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