—Culpable y libre, ¿no?
—Sí…pero no deberías preocuparte tanto por mí. Hay peces más gordos por ahí.
—¿Quieres que te agradezca? ¿De eso se trata?
—Delaté a los mayores contratistas del país.
—Eso no te hace mejor. Te hace peor.
(De la miniserie O mecanismo, que relata las peripecias del Lava Jato)
En las últimas horas, en la Argentina, se produjo un hecho histórico que, sin embargo, puede terminar en un gran papelón. El hecho histórico es que tres empresarios de primera línea, muy vinculados al gobierno nacional, confesaron que pagaron dinero en negro para quedarse con rentables obras públicas en los años en que la presidenta era Cristina Kirchner. El papelón se produciría si esa confesión no sirviera para que paguen el castigo que la ley establece sino, al contrario, para garantizar su impunidad. Quien debe decidir esto es el enigmático y arbitrario juez federal Claudio Bonadio: en esa decisión se juega su prestigio y el de la estremecedora causa que lo tiene, hasta ahora, por último responsable.
Un protagonista central de esta historia ocupó ayer el centro de la agenda informativa. Se trata de Angelo Calcaterra, el primo del Presidente, que se presentó en tribunales para confirmar lo que decían los cuadernos. Esa delación es un hecho muy novedoso. El primo hermano del Presidente, y ex titular de la empresa de su familia, aceptó haber transferido dinero ilegal a los funcionarios del anterior Gobierno, parece un titular muy fuerte. Pero una lectura rápida de los hechos puede ser engañosa.
Calcaterra ha tenido una suerte y una desgracia en su vida: ser el primo de Mauricio Macri. En el año 2007, esa condición le permitió quedar, por poco dinero, como dueño de la empresa Iecsa, la poderosa constructora del grupo Macri. Ese traspaso fue una idea de Franco, el jefe de la familia. Desde que Mauricio era un enemigo de los Kirchner, para seguir haciendo negocios, el apellido Macri debía esconderse: apareció, entonces, el apellido Calcaterra.
Pero, justamente, Angelo luego sufrió también la desgracia de ser el primo de Mauricio. Si este no hubiera llegado a la Presidencia, sería un empresario más. Pero después del 2015 muchos focos apuntaron hacia él. Iecsa, de la mano de Calcaterra, había sido elegida para realizar algunas de las obras centrales de la administración Kirchner: el soterramiento del tren Sarmiento, el tren Bala a Rosario, la central termoeléctrica de Ensenada.
Macri llegó a la Casa Rosada en medio de un fuerte reclamo para que se terminara la impunidad en la Argentina. ¿Cuánto tiempo tardaría la sociedad civil en empezar a preguntarse por los negocios de su primo? Si toda la obra pública K estuvo manchada por la corrupción, ¿por qué razón la Justicia avanza rápido sobre Lázaro Báez y no pregunta nada sobre el primo del Presidente? Si eso se llama Justicia, es una extraña versión de la Justicia.
El escándalo de los cuadernos tiene una enorme riqueza justamente porque potencia esas preguntas y, además, desafía a los habitantes de ambos barrios de la grieta. Si Macri era el demonio, no se entiende por qué tantas obras centrales eran concedidas por los ministros de Cristina al primo de Mauricio. Si la esencia del kirchnerismo era la corrupción, no se entiende por qué la empresa de la familia presidencial nadaba con tanta comodidad en ese barro. Si esto ocurría y Mauricio venía a emprolijar todo, menos se entiende por qué, a un primo tan vinculado al kirchnerismo, le derivó, por decreto, 45000 millones de pesos para el soterramiento del Sarmiento. De esos cuadernos surgen demasiadas preguntas que muchas personas poderosas preferirían no tener que responder.
Las decisiones tomadas en las primeras horas del miércoles pasado por Bonadio fueron sorprendentes: mandó a detener a medio mundo. Hasta aquí, era habitual que un juez procesara o encarcelara cada tanto a algún ex funcionario kirchnerista o un empresario ligado a la órbita de poder K, como Cristóbal López o Lázaro Báez. La Justicia, en cambio, no apuntaba contra empresarios externos a ese círculo, o contra personajes vinculados al poder actual.
Bonadio traspasó esos límites. Han sido detenidos empresarios clave de los grupos Macri, Pescarmona, Albanesi, y de las empresas BTU, Isolux. El viernes se entregó el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, tal vez el hombre clave de esta causa. Fue allanado el poderosísimo grupo Techint. Los nombres de los empresarios presos manchan a todos los sectores políticos dominantes: en la misma situación está Gerardo Ferreyra, de la kirchnerista Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, la mano derecha de Angelo Calcaterra, el primo del Presidente.
Hasta el fin de semana, algo nuevo había ocurrido.
Sin embargo, en la mañana de ayer la situación volvió a cambiar.
Calcaterra, Sánchez Caballero y Juan Carlos De Goycoechea, de Isolux, confirmaron a grandes rasgos lo que decían los cuadernos. Pero luego de esa declaración…¡quedaron inmediatamente libres! La confesión de un delito no generó un costo para ellos sino, al contrario, un alivio. Así las cosas, la causa podría adquirir una dinámica en la que todos los empresarios confesaran y quedaran luego libres: las graves denuncias asentadas por el chofer Centeno servirían apenas para que todas las culpas caigan sobre funcionarios kirchneristas. Fuertes versiones sugieren que Bonadio aceptaría considerar víctimas de extorsión y no cómplices de cohecho a los poderosos empresarios delatores.
Si Calcaterra coimeó a Baratta, un juez neutral debería investigar en qué condiciones se realizaron las otras obras en las que participó Iecsa. ¿Cuánto sobreprecio se pagó? ¿En cuánto tiempo se realizaron? ¿Cuáles fueron los movimientos de dinero de su empresa? Es difícil saber hacia dónde se dirige la causa en sus primeros movimientos. Pero ayer se extendió un halo de inquietud entre muchas personas que creen que esto podría ser una oportunidad para que las cosas cambien de verdad.
Hace varios años, Bonadio realizó una investigación ejemplar sobre la tragedia de Once. Pero su desempeño no fue completo, porque dejó fuera de los procesamientos a Julio De Vido, el ministro del área. ¿Puede ocurrir que esta vez el juez vuelva a recortar, reparta sanciones simbólicas a los hombres cercanos al Presidente y se ensañe solo con Cristina y los suyos? Si Calcaterra leyera bien la historia, no debería estar tranquilo: basta mirar cómo terminó De Vido, a pesar de aquella maniobra tan ingenua. La bola de nieve empezó a rodar y nadie puede garantizar que la va a controlar. Pero la causa, si se direccionara de la manera que ayer quedó insinuada, solo producirá más decepción.
Hace muchos años, en su novela La conspiración de la fortuna, el escritor mexicano Héctor Aguilar Camín escribió: "Primero fue el rumor de que el nuevo Gobierno quería un personaje del viejo para meterlo en la cárcel y echarlo a las furias del ágora, alimentadas por el Gobierno mismo. Luego vino el linchamiento en forma, con todos los agravantes de la consigna y la compra de los linchadores. Era un viejo rito nacional. Cada cierto tiempo, después de una revuelta fallida, de un motín o de un cambio de Gobierno, el país y sus gobernantes sentían la necesidad de quemar un puñado de infidentes en la hoguera de la indignación pública".
"Los dueños del poder daban así una prueba de rigor contra el abuso, con bajo costo para ellos y alto para sus rivales… Entre más castigos ejemplares había, más insuficientes parecían los castigos, entre más muestras de rigor daban los Gobiernos, más sospechas de culpables impunes había en el aire. Una vez que se suelta, la inquisición pública tiene más sed de culpables que de Justicia, pero su rabia no lleva a la Justicia sino a la manipulación".
Ese tipo de procesos puede dar rédito electoral a corto plazo. A la larga, se impone la ley de la gravedad. Pero eso no se suele ver desde las alturas del poder, donde la gente cree que ese tipo de leyes se aplican solo para el resto del mundo.